En los últimos años América Latina y el Caribe encontraron en la República Popular China -en adelante China- un socio estratégico que restructuró el patrón de vinculación internacional tradicionalmente dominado por Estados Unidos. El país asiático ha transitado por diversas etapas. La puesta en marcha del Going Global a partir de 1990 se caracterizó, entre otros aspectos, por mecanismos internos de competencia, incremento de la competitividad, el papel del Banco Central en el manejo del mercado cambiario, desarrollo de política industrial, impulso a las políticas de ciencia y tecnología y establecimiento de una relación particular entre la clase empresarial y el Estado, siendo el gobierno central quien establece el control directo sobre la estructura socioeconómica.

El resultado ha conducido en los últimos 30 años al Producto Interno Bruto (PIB) total casi a decuplicarse y el PIB per cápita casi septuplicarse; éste fue en 2012 el equivalente a 5,712 dólares por habitante. Fue de tal dimensión la transformación que las exportaciones crecieron entre 1990 y 2012 a una tasa anual compuesta de 19 % y el comercio exterior total en 18%, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) en 1990 fue de 386 millones de dólares y en 2012 correspondió a 176,251 millones.

El acelerado proceso de industrialización y alto crecimiento económico que ha registrado China volvió intensiva la demanda de bienes y servicios ambientales al igual que la generación de residuos. Chávez y Lee (2019) señalan que durante 2016 la matriz energética estuvo constituida principalmente por combustibles fósiles (90%), del cual el carbón representó el 70%. El país asiático, con tan solo un 7% de las tierras cultivables y un 6% de los recursos hídricos del mundo, debe alimentar al 19% de la población mundial (CEPAL, 2017).

La transformación de los patrones de consumo de la población, el incremento de la demanda energética de la industria, la escasez de petróleo y la importancia de los recursos naturales en el plan de desarrollo chino llevó a la consolidación de relaciones estratégicas con América Latina bajo la forma de acuerdos colaborativos en favor de economías atrasadas. La región posee un tercio del agua del mundo, una quinta parte de los bosques, así como grandes reservas petroleras y minerales. Al respecto, García Tello (2017) menciona que bajo este enfoque China logró acceder a recursos naturales, alimentos, minerales y materias primas con bajas o nulas restricciones. Tan sólo la agricultura en el valor de las exportaciones hacia China pasó del 20% en 2010 al 32% en 2015, las exportaciones crecieron al 27% durante los últimos 15 años, mientras que la demanda de petróleo superó la producción interna.

Un elemento de relevancia en la dinámica china fue la adhesión a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001 que permitió incrementar su presencia internacional, integrar a la economía mundial sus empresas públicas y privadas tanto en los negocios, comercio, prestamos e inversiones- Este últimos factores han sido decisivos para el modelo de expansión energético de China en Latinoamérica. En efecto, los datos de China Global Investment Tracker (2020) señala que el monto de inversión china durante 2005-2019 en la región ha sido de 178 mil millones de dólares, siendo 101 mil millones utilizados en el sector de energía. En el caso de México, se estima una inversión de 3 mil millones durante el mismo periodo, correspondiendo 2,260 millones al rubro energético.

El principal campo de las inversiones energéticas ha sido en el sector petrolero. Tres países son los prioritarios de la nación: Venezuela, Brasil y Ecuador, quienes representan cerca del 80% de la inversión total. En cuanto a las inversiones petroleras, son las empresas nacionales quienes dominan el sector: China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Como menciona Hongbo (2014) los políticos chinos consideran a América Latina como una alternativa estratégica para diversificar sus importaciones petroleras y maximizar la seguridad energética basado en los siguiente principios: 1) comercio de petróleo crudo, 2) servicio técnico, 3) desarrollo conjunto, 4) participación en la construcción de infraestructura, 5) préstamos para petróleo y 6) investigación conjunta en tecnología para biocombustibles.

Otro elemento de principal atención para el proyecto chino es la soberanía alimentaria. Las hambrunas de la década de 1960 consolidaron como elemento crucial la garantía de granos básicos en la alimentación: maíz, trigo, arroz y soya, así como el consumo de carne. Esta situación fue aprovechada por Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, quienes reconfiguraron el sector agrícola hacia el exterior. En particular, Argentina y Brasil representaron el 8.5% y 0.5% de la producción mundial de soya en 1973 y ascendieron al 30% y 18% en 2015 respectivamente. Sin embargo, el boom en los precios de las materias primas por incremento de la demanda mundial encabezada por China constituyó una reprimarización de la zona. García Tello (2017) estima que las actividades primarias en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) representaban el 57.5% y para 2014 el 70.4%.

Además de los grandes montos de inversión y préstamos de las actividades primarias y extractivas de China, el daño ambiental, cuestión que más nos interesa, ha sido profundo. Los crecientes vínculos comerciales de China con la región aceleran el deterioro ambiental por el aumento de la contaminación, el agotamiento de recursos no renovables, y la promoción del uso insosteni­ble de recursos renovables.

Existen muchos casos documentados sobre las afectaciones de las actividades extractivas y del sector energético. Por ejemplo, Honty (2007) reporta los daños de la estaciones generadores de energía eléctrica en Perú y Colombia durante 2007 debido a un “periodo de aprendizaje” que tuvo impactos en el ambiente y no generó empleos. Otro mecanismo de operación ha sido las fusiones y adquisiciones de empresas locales, como en Brasil las empresas Honbridge Holdings y ECE Minerals desarrollaron importantes exploraciones de productos minerales, en especial, la búsqueda de litio y nitrato de potasio. En Perú, la empresa Shoungang se ha visto en problemas por disputas territoriales con las comunidades indígenas, quienes perciben el peligro de las minas al contaminar el agua, impactar la pesca y terminar con el turismo de la región. En el caso de Bolivia, durante 2014 la empresa Jungie pagó cuantiosas multas por muertes atribuidas al inadecuado manejo de los desechos mineros, así como Jamaica y Guyana son lugares estratégicos de las empresas chinas para la fabricación de aluminio y refinerías de azúcar, prácticas que han incrementado la intensidad en el uso de recursos naturales.

Respecto la producción de granos, el auge a causa de los altos precios de venta llevó al gobierno de Macri en Argentina a retirar los impuestos de exportación al girasol, soja y cebada. La búsqueda por ampliar la frontera agrícola extendió la ocupación de tierras. Por ejemplo, en Brasil el cultivo de soya ha deforestado la selva provocando erosión de la tierra, uso intensivo de plaguicidas y captura del agua que utilizan las comunidades principalmente indígenas.

El costo social y ambiental de estas actividades no se justifica debido al débil impulso en plazas de trabajo y eslabones productivos que han generado (Martínez, 2017). Además, en la misma región amazónica, la producción de granos ha sido capturada por grandes emporios, como el perteneciente a Blairo Maggi, político brasileño y gobernador de la comunidad durante 2003 a 2006 quien, aprovechando su posición política, concentra el 10% de la producción de soya. Si bien existen creación de empleo, difícilmente se justifica el gran daño ecológico. En el caso de la producción de carne porcina la historia no es diferente. En 1980, un ciudadano chino consumía 8 kilos de carne de cerdo al año, sin embargo, en 2013 el consumo incrementó a 39 kilos. Mazcorro (2017) menciona que, en el caso de México, la mayor rentabilidad de las exportaciones a China hizo que el abasto nacional se viera de manera secundaria y obligó a mejoras genéticas, acelerando la degradación del suelo debido a las cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo en el medio ambiente y las altas dosis de cobre y zinc suministradas a los cerdos para acelerar el crecimiento, acumulándose todo esos componentes en el suelo.

Si bien China en su Plan Quinquenal del 2011-2015 reconoció la necesidad de cambiar su esquema para el desarrollo debido a los altos índices de contaminación y degradación del ambiente, además de tener acuerdos de colaboración con la región como la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (reuniones celebradas en 2010 y 2015) que buscan beneficiar mutuamente (cooperación Sur-Sur) en aras de lograr un crecimiento inclusivo hacia el desarrollo sustentable, en la práctica parece que la relación entre ambas partes está definida.

En 2008 se publicó el primer Policy Paper sobre América Latina y posteriormente en 2011 el White Paper quedan claros los términos de colaboración. China reconoce el papel estratégico de la región para el desarrollo y expansión de intereses internacionales, recurriendo a la fortaleza de cada país para el progreso conjunto. Sin embargo, basta ver los componentes de la balanza comercial bilateral país por país para verificar que la ventaja latinoamericana y caribeña está constituida por bienes minerales, ganaderos, agrícolas, alimentos, textiles y petroquímica; mientras que los bienes importados son componentes electrónicos, equipo industrial, mecánico y farmacéutico, es decir, mercancías con mayor nivel tecnológico.

Más allá de lo propuesto en los planes de desarrollo conjunto que busca los intereses comunes, debemos reconsiderar la posición de cada parte. El funcionamiento de las inversiones en energía y uso de recursos ambientales parecen responden a una lógica de beneficios tradicional en favor de los intereses de China. Si bien existe el Fondo Climático Sur-Sur, las inversiones no garantizan un tránsito a energías renovables ni será suficiente para justificar y mucho menos recuperar el daño ecológico a la región. En los proyectos de colaboración predomina una visión monetaria sobre los recursos ambientales, bajo la postura costo-beneficio donde el daño ecológico es compensable a través del dinero. Incluso, las ventajas que podrían aprovecharse de las inversiones chinas son frágiles al contrastar la disparidad en estructuras laborales e institucionales.

La relación China-América Latina y el Caribe debe colocar en el centro de su agenda las medidas de protección medioambiental bajo otros términos que no sean de compensación (es decir, insistimos, la restitución ecológica a través del dinero). Las afectaciones de la agricultura, minería y petróleo son IRREVERSIBLES, mientras la destrucción del territorio tiene un costo invaluable para las comunidades y especies que son parte de la compleja estructura ambiental. Parece que el discurso “Colaboración Sur-Sur” encubre una relación de ventaja para China que compromete los ecosistemas para satisfacer la demanda de energía, minerales, cereales y granos, madera, recursos marinos y materias primas en general y perpetúa la proveeduría de recursos ambientales y continuidad de sus procesos productivos.

Es necesario pensar e insistir que los balances energéticos y ambientales son finitos, de tal forma que la pérdida de ecosistemas es una pérdida para el mundo. China parece justificar la utilización y explotación de recursos ambientales extraídos en América Latina y África bajo la idea de procesos eficientes al interior de China. Sin embargo, la literatura muestra que la reconversión de la estructura productiva y matriz energética china basada en insumos ambientales hacia energías renovables es lenta, mientras que las leyes de la física nos demuestran que la degradación energética es inevitable y no se puede recuperar.

Referencias bibliográficas

Chávez, N. y Lee, P. (2019). Lo que el poder se llevó: la geoeconomía de los recursos energéticos entre China y América Latina. Estado y comunes, revista de políticas y problemas públicos, 2(9).

Dussel, E. (2013) América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversión. Centro de Estudios China-México.

García, S. (2017). Abasto alimentario chino en América Latina: el caso de Argentina y la provisión de soya. Recursos naturales y medio ambiente.

Hongbo, S. (2014). Modelo de cooperación energética entre China y América Latina. Problemas del desarrollo, 45(176), 9-30.

Honty, G. (2007). América Latina ante el cambio climático. América Latina.

Mazcorro, E. (2017). La porcicultura mexicana. Un modelo de éxito productivo orientado a la exportación. El vínculo comercial con Japón, Estados Unidos y China.

Rivera, S. (2017). China: ¿oportunidad o utopía para el crecimiento económico de México y de América Latina? Economía Informa, 403, 21-34.

Trápaga, Y. (2019). América Latina y el Caribe-China. Recursos naturales y medio ambiente 2019. Centro de Estudios China-México

- Gabriel Alberto Rosas Sánchez cursa el Doctorado en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma Metropolitana (México) y miembro de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo electrónico: rosassanchezgabriel@gmail.com