Se robaron la data para intentar ocultar evidencias, la última acción maquiavélica del gobierno de ocho años de Danilo Medina.

En la Procuraduría General de la República, el Plan Social de la Presidencia y en el Senado entre otras instituciones el cuerpo del delito fue “borrado” en el sistema computacional del Estado.

Desde luego, cuando la magistrada Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General, profundice las investigaciones de los diversos y escandalosos expedientes de corrupción depositados en su despacho, que involucran a ex funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la verdad saldrá a relucir.

La magistrada advirtió este domingo que en su gestión no tolerará la corrupción ni el crimen organizado y que las investigaciones sobre posibles dolos se harán a profundidad.

“No toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con paños tibios. Las investigaciones se harán a profundidad, teniendo como norte aportar pruebas a los tribunales que, por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los procesados a través de los recursos legales a su disposición”, acotó la funcionaria judicial en un encuentro de trabajo con miembros de su equipo.  

No importa que hayan secuestrado o eliminado la data de las computadoras, la sed de justicia de la sociedad dominicana prevalecerá. Es la única manera de transparentar nuestro modelo democrático.

O higienizamos la casa o nos jodemos todos. Ya no es posible seguir con la impunidad, ofensa contra la gente honesta y que trabaja de sol a sol para llevar el sustento al hogar.  

La aspiración inmediata entre los dominicanos es ver tras las rejas a los desfalcadores de los bienes públicos, a aquellos ladrones de cuellos blancos, entre los cuales hay ex funcionarios y empresarios vinculados a los gobiernos peledeistas.

Es el otro virus que destruye la vida de la población dominicana, tan mortal como la Covid-19, y que en cinco décadas de democracia ha sepultado las legítimas aspiraciones de un pueblo humilde y trabajador.   

La corrupción pública y privada en el país condena a generaciones en la miseria, constreñimiento, y tener que  desafiar diariamente el peligro que representa vivir frente a las aguas de los ríos Ozama, Higuamo, Yaque del Norte así como de las cañadas esparcidas por sectores de la capital y otras localidades del territorio nacional.

Corrupción del PLD

Si el Coronavirus ha matado a mil 675 dominicanos a lo largo de la pandemia, ¿cuántos muertos ha provocado la corrupción auspiciada desde el Estado en 50 años?

¿Cuántos padres han visto morir a sus hijos por carecer de recursos para una intervención quirúrgica de emergencia, o por no poder comprar los medicamentos?     

La indignación ciudadana prevaleciente solo tiene un objetivo: Que la justicia asuma su rol condenando con las pruebas en las manos a los malvados corruptos que nos empobrecen con sus satánicas acciones.    

La historia de corrupción es larga en estos últimos veinte años de los mandatos del PLD. Y van desde el PEME; los Super Tucanos, los escándalos en la OISOE, CEA, ODEBRECHT, el descalabro del Plan Social de la Presidencia hasta los 21 mil millones de pesos pagados por el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones en el periodo de transición (31 de julio y 14 de agosto) sin estar presupuestados ni tener soportes de Contraloría y Tesorería.

Sobre el caso del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), fueron acusados varios funcionarios por supuestamente estafar al Estado por más de mil millones de pesos en el primer mandato presidencial de Leonel Fernández (1996-2000).

Entre ellos, Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Luis Inchausti y Simón Lizardo, éste último quien fuera administrador del Banco de Reservas en el gobierno de Danilo Medina.

Lizardo fue “premiado” antes de dejar el cargo con bono de 100 millones de pesos por su “buen desempeño” en esas funciones además de una pensión de Estado millonaria.

Carga Pesada

El pasado gobierno dejó una carga pesada a los actuales funcionarios con una nómina abultada y reparto de los recursos públicos.    

En la dirección del Plan Social de la Presidencia y en el Senado las computadoras fueron “desarmadas” y algunas cambiadas para borrar los discos duros.  

Una perversidad que pretende cubrirse del abrigo de la impunidad en una sociedad que demanda justicia contra los desfalcadores de los bienes estatales.  

Los dominicanos asistimos a un proceso de recuperación de las instituciones y de reorganización del aparato estatal, que se traduce en el fortalecimiento democrático. Ahora la población espera sanciones ejemplares en el ámbito judicial contra aquellos depredadores de anteriores administraciones.

El presidente de la República, Luis Abinader, ha dispuesto la realización de auditorías en las dependencias gubernamentales para verificar con exactitud el grado de corrupción en que incurrieron las pasadas autoridades.

La eliminación de 47 cónsules en la delegación dominicana en el Estado de Nueva York; 23 subdirectores de la Autoridad Portuaria, 36 sub administradores y sub directores de los Comedores Económicos y de miles de botellas y duplicidades de funciones son parte de las medidas destinadas a ahorrar recursos y a adecentar la administración pública.

Es necesario que la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) brinde total respaldo a las disposiciones adoptadas por el presidente Abinader.

No deben desesperarse por ocupar una posición en el gobierno, tal como se lo advirtió el ex presidente Hipólito Mejía.

En apenas quince días del mandato de Luis Abinader (2020-2024) se vienen adoptando medidas que auguran un futuro más promisorio para la sociedad dominicana.

Ejemplo concreto es el impulso que el gobierno dará a Pedernales, provincia de extraordinaria belleza y formidables atractivos para el turismo.

Allí, conforme lo anticipó el presidente Luis Abinader, quien pernoctó en la zona junto a su familia el pasado fin de semana, se impulsará el desarrollo turístico e integral de la comarca.  

Se contempla construir un aeropuerto internacional, centros hoteleros y áreas de atracciones con el apoyo de inversionistas privados y el gobierno.

El mandatario sostuvo un encuentro con representativos de la sociedad civil de Pedernales, líderes cristianos, empresariales, comerciantes y productores.