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Este martes 18 de agosto el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó formalmente su renuncia al Senado de la República donde venía desempeñándose desde el año 2014 al frente de su partido de extrema derecha, Centro democrático. Los primeros cuatro años en oposición visceral en contra del presidente Juan Manuel Santos y al proceso de Paz que éste adelantaba desde el año 2012. Uribe encabezó una oposición cerrera sin contemplaciones en esta materia pero sumamente complaciente con todos los proyectos que encarnaban la política neoliberal de Santos en materia económica. Esta siempre ha sido la conducta de Uribe militante y representante del régimen económico y político, defensor del modelo extractivista y de políticas sociales regresivas que combina hábilmente con medidas o propuestas populistas como primas extras para los trabajadores que nunca se aprueban pero que le permite posar de defensor de los intereses de los sectores populares, que durante cerca de 20 años, en una proporción no despreciable lo acompañaron en sus causas políticas.

Al mismo tiempo fue el ponente del proyecto del presidente César Gaviria que hizo realidad mediante la ley 100 de 1993 la privatización del régimen de pensiones, la privatización de la salud y del sistema de riesgos laborales, también fue ponente como senador de proyectos que arrebataron logros y conquistas de los trabajadores. Impulsó e hizo ley la flexibilización laboral mediante la ley 50 de 1990 que estableció los contratos temporales y por orden de prestación de servicios, acabo con la estabilidad laboral, para abaratar los costos laborales, eliminando la retroactividad de las cesantías. Su paso por el Congreso fue sinónimo de pauperización de los trabajadores.

Los dos últimos años siguió con el empeño de hacer trizas el proceso de paz con mucho éxito pero con limitaciones para desmontarlo completamente como el fracaso de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Un paso por el Congreso muy rentable para los empresarios y nefasto para los trabajadores. En los dos últimos años fungió como jefe de la bancada gobiernista después de coronar exitosamente la campaña que llevó a la elección como presidente de la República a Iván Duque Márquez un gris senador que él hizo conjuntamente con todo el establecimiento como la encarnación del candidato del régimen y que por el miedo a Gustavo Petro, candidato del centro izquierda, logró unir a todos los partidos tradicionales con el respaldo de la gran prensa y de los principales grupos empresariales del país. Todos ellos ahora presionan a la justicia para que levante la medida de detención domiciliaria dictada por la Sala II de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el martes 4 de agosto. La renuncia le fue aceptada el mismo día de su presentación con lo cual Uribe deja de ser aforado constitucional.

La renuncia fue bien pensada y forma parte de la estrategia que tiene como motivación principal interponer un recurso frente a la Sala que lleva su caso para que su proceso sea enviado a la Fiscalía General de la Nación alegando que los delitos por los cuales está acusado e investigado no tienen relación con las funciones propias de su cargo como Senador, pues, la Constitución señala que la pérdida de la investidura de un parlamentario tiene que tener relación con el ejercicio de su cargo, con las funciones que la constitución le atribuye a los parlamentarios. Ciertamente sobornar testigos y defraudar a la justicia o pretender engañarla, no son funciones propias del oficio parlamentario. Son vulgares delitos comunes en este caso presuntamente cometidos por un parlamentario y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Hasta allí esta interpretación avala la argumentación de los defensores de Uribe y que Uribe mismo ha presentado en las innumerables entrevistas que ha dado a periodistas uribistas en los grandes medios de comunicación.

Pero el problema al que se enfrenta la Sala de Instrucción y sus cinco magistrados es más complejo. La Jurisprudencia no ha sido la misma. En decisión del 17 de septiembre de 2008 que en lo fundamental se mantiene hasta ahora con algunas excepciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cambio la jurisprudencia que regía hasta entonces y decidió que la renuncia al Congreso y a la condición de parlamentario, no eximia a los congresistas de responder ante su juez natural dado que las conductas criminales se habían cometido cuando los investigados eran parlamentarios o se habrían cometido para llegar a ser congresistas. Por ello ordenó que 20 procesos que se seguían en contra de parlamentarios por sus nexos con los grupos paramilitares y que habían renunciado a su condición de congresistas y sus procesos habían pasado a la Fiscalía retornaran, como en efecto sucedió, a la Corte Suprema para que siguiera en las investigaciones y en el juicio contra los imputados. Así fue como retornaron esos procesos a la Corte incluido el de Mario Uribe Escobar primo y socio del entonces presidente, Álvaro Uribe, que en ese proceso fue condenado a nueve años de cárcel y que por cierto vuelve a aparecer ahora en el expediente de Uribe en el proceso que la Corte le sigue al expresidente según se lee en el auto de la Sala de Instrucción de la Corte. Cómo interprete la Sala ahora el fuero de Uribe ese es el problema que los magistrados deberán resolver dentro de los siguientes cinco días a la presentación de la solicitud de la defensa de Uribe.

Hay en el auto elementos que además deberá resolver la Corte y valorar para tomar la decisión. Uno muy importante es la participación de miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe que son pagados por el Congreso de la República para intervenir en el proceso que se le sigue a Uribe por esos dos delitos comunes o sea que hay material abundante en el auto de la Corte que muestra que algunas diligencias se hicieron por funcionarios del Congreso del cual Uribe era su jefe y otro asunto no menos importante y es que este proceso se inicia en la Corte al cerrar el caso iniciado por denuncia de Uribe a otro parlamentario, Iván Cepeda Castro, por soborno a testigos y falsa denuncia cuando Cepeda señaló a Uribe de ser instigador y organizador de grupos paramilitares en un debate en el Congreso de la República. Justamente es la Corte la que ordena iniciar la investigación contra Uribe por supuestamente haber comprado testigos e intentar engañar al juez natural de Cepeda que es justamente la propia Corte Suprema de Justicia. Estos son asuntos que necesariamente tendrán que examinar los magistrados para tomar una decisión.

Ahora bien lo que busca Uribe es que el proceso pase a la fiscalía donde Francisco Barbosa ficha de Duque favorezca sus intereses y estos delitos sean desestimados y termine el proceso cerrado o por falta de pruebas o por preclusión o simplemente porque no se pueda comprobar que Uribe estuvo seriamente comprometido y fue quien urdió toda la trama como sostiene de manera inequívoca el auto de la Corte Suprema. En Colombia la Fiscalía es un fracaso y sobre todo cuando se trata de investigar y juzgar a los criminales de cuello blanco. Y este fracaso con el que carga a cuestas en donde más del 60% de los presos no han sido condenados y donde hay cerca de tres millones de procesos represados sin solución a la vista no es simplemente por desidia o mala voluntad.

Como hemos sostenido de tiempo atrás el diseño institucional de la Fiscalía es erróneo. Favorece la impunidad y sobre todo aquella relacionada con los intereses de los gobiernos y del poder de turno, por eso la impunidad en delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos es del 97%. Las investigaciones que comprometen a agentes del Estado como miembros de la Fuerza Pública no avanzan, precluyen, se cierran sin ofrecer resultados y ello deriva de la norma constitucional que establece que el Fiscal General es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente de la República. Así cada presidente pone a una ficha suya para que le tape todos sus desmanes. Hemos llegado a tener fiscales francamente incompetentes o con nexos con grupos paramilitares como el fiscal de Pastrana, Luis Camilo Osorio o francamente al servicio de la defensa de la corrupción como Néstor Humberto Martínez nominado por Juan Manuel Santos y ahora Francisco Barbosa candidatizado por Iván Márquez y a no dudarlo por Uribe.

Así pues la movida de Uribe en su proceso es insultar a la Corte, denunciar a los cuatro vientos que son agentes de la izquierda internacional sin prueba ninguna y ahora pretende que esa Sala envíe su proceso a la Fiscalía en donde en el mismo proceso el fiscal Daniel Hernández, que lleva el caso de los Abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, por ser quienes supuestamente compraron los testigos para favorecer a Uribe sostiene contra la evidencia que muestra la Corte Suprema, que el beneficiario es indeterminado, es decir, que estos abogados compraron estos testigos no para favorecer a Uribe sino por mutuo interés propio. Tesis descabellada que podría terminar imponiéndose si la Corte resuelve enviar el proceso a la Fiscalía. El desgaste institucional y el descrédito de la justicia en general, y de la fiscalía en particular, seguirá su curso.

Bogotá 20 de agosto de 2020

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur