Este miércoles 12 de agosto quedo ejecutoriada la orden proferida por la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de justicia que ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez. Como lo anunció él mismo, fue reseñado como corresponde por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que en el futuro deberán ser quienes asuman la verificación para que Uribe cumpla con las restricciones que le impuso la Corte por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

La hecatombe nacional que predijeron los uribistas que se presentaría en el país por la decisión de la Corte Suprema de Justicia y divulgada ampliamente por los grandes medios de comunicación, no se presentó. Lánguidas caravanas de automóviles se presentaron en Bogotá, Medellín y Cali y en menor medida en otras ciudades del país. En una primera encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, para el noticiero CM& el 78% de los encuestados se manifestó a favor de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y una encuesta más reciente de Datexco señaló que el 64% de los encuestados respaldaba la decisión de la Corte mientras que solo el 32% la rechazaba. En esa misma encuesta la imagen favorable de Uribe cayó al 29% de un 32% de favorabilidad que tenía Uribe hace un par de meses en esa misma firma encuestadora. Por otra parte solo el 47% estaría de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia y el 42% rechaza esa propuesta. Así mismo en esta misma encuesta Duque apenas logra una imagen favorable del 32% y en la anterior medición de junio de este año registraba una aprobación del 36%.

Las reacciones del partido Centro Democrático han sido, como corresponde a un proyecto de extrema derecha, llamar a la rebelión para proteger a su líder a quien ven como un perseguido por una extrema izquierda Internacional, sin esgrimir prueba alguna, como es lógico, porque esa extrema izquierda internacional no existe y menos tendría la capacidad de orientar e influir en la decisión de cinco magistrados que por lo demás fueron seleccionados estando ya Duque ejerciendo como presidente de la República. Los magistrados de la Sala II de Instrucción fueron elegidos el 18 de septiembre del año 2018 para poner en funcionamiento el sistema de la doble instancia para investigar y juzgar a los aforados constitucionales, dentro de los cuales están los parlamentarios, como es el caso del actual senador Álvaro Uribe. Esta es la primera falacia divulgada desde el Centro democrático.

Una segunda mentira se relaciona con el señalamiento de que a Uribe no se le estarían garantizando sus derechos a un debido proceso lleno de garantías para su defensa. Para muestra un botón. Quien decide abrir investigación y quien lo llama a indagatoria fue, en el año 2018, el magistrado de la Sala Penal José Luis Barceló. Esta diligencia no se realizó y Barceló no siguió en el conocimiento del caso puesto que en el año 2018 se aprobó una reforma constitucional que estableció la doble instancia para los aforados constitucionales que no existía hasta ese momento. Una vez puesta en marcha dicha reforma todo el material de esta investigación fue remitido por la Sala Penal de la Corte Suprema a la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema que actúa como primera instancia. O sea que magistrados distintos asumieron esa investigación y fueron ellos lo que decidieron primero llamarlo a una versión libre que se cumplió a cabalidad y nueve meses después esos magistrados tomaron la decisión de seguir con la investigación y ordenaron por unanimidad medida de aseguramiento con detención domiciliaria en contra de Uribe en el proceso abierto por supuestamente sobornar a testigos y por el delito de fraude procesal en el proceso que el propio Uribe había instaurado en la Corte Suprema contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, quien lo había señalado en un debate en el Congreso de la República de ser organizador de grupos paramilitares.

La Corte archivó el proceso contra Cepeda en febrero de 2018 y por el contrario abrió investigación contra Uribe porque encontró indicios de que era Uribe quien precisamente estaba sobornando a testigos e incurriendo en el delito de fraude procesal. Estos son los hechos por los cuales la Sala de Instrucción en un exhaustivo auto de 1554 páginas llenas de testimonios, pruebas documentales, grabaciones, y otros materiales probatorios, señala que la investigación sigue adelante y decide que Uribe debe defenderse en detención domiciliaria puesto que por la naturaleza de los delitos por los que se le investiga que son de obstrucción a la justicia puede seguir incurriendo en estas conductas delictivas. Como se observa Uribe ha gozado de todas las garantías procesales para su defensa y deberá ser así en el futuro.

También como era de esperarse y en esto no creo que se pudiera esperar un comportamiento diferente de quienes comenzando por Uribe han denigrado del sistema judicial y públicamente han llamado a sus partidarios a exiliarse para no acatar las órdenes judiciales como en el sonado caso de la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, que huyó del país y estuvo protegida en Panamá por gestiones que realizó el propio Uribe para que no respondiera a la Justicia que la condenó por el delito de interceptaciones ilegales a periodistas, líderes de la oposición y defensores de Derechos Humanos.

Tampoco me sorprende que Duque se empeñe en defender a Uribe y a no respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos me sorprende que funcionarios del Gobierno como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo o el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, firmen pronunciamientos en defensa de Uribe y que otros funcionarios públicos en ejercicio llamen y organicen, utilizando bienes públicos, a movilizarse en contra de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Uribe ha sido quien les ha dado ese ejemplo y él mismo ha practicado esas formas de acción desde la presidencia de la República.

Algunos otros uribistas han llamado eso si ya en los límites del Código Penal, a las reservas de las Fuerzas Armadas a movilizarse en contra de la detención de Uribe, como lo hizo la senadora del centro democrático María del Rosario Guerra del Clan de los Guerra del departamento de Sucre que tiene a varios de sus familiares más cercanos condenados por nexos con el narcotráfico como al exsenador Joselito Guerra condenado a 90 meses de prisión por recibir financiamiento del cartel de Cali en el llamado proceso 8000 y actualmente tiene a su hermano, Antonio Guerra, llamado a Juicio por la Corte Suprema por delitos relacionados con la corrupción de la firma brasilera Odebrecht.

Pero todos estos llamados han caído en el vacío. Como ya señalé todos estos pronunciamientos y llamados a la rebelión son acatados por sectores muy reducidos de la población. Con la desaparición de la guerrilla de las FARC el motivo central de las movilizaciones multitudinarias convocadas por el uribismo, desapareció. El uribismo y el propio Uribe parece que no se dieran cuenta de ello. El país cambió. Hoy hay una juventud que está preocupada de otros temas y la gestión del uribismo va en contra de las mayorías nacionales y de las preocupaciones de las mayorías que en medio de la pandemia, perciben que el uribismo no protege ni se preocupa de sus problemas que son los bajos ingresos, la ausencia de puestos de trabajo, la falta de crédito para sus pequeñas empresas y emprendimientos económicos. El embrujo autoritario se ha desvelado. El Uribismo representa los intereses del latifundismo y de los intereses de ganaderos y terratenientes. La guerra contra las FARC ocasionó entre 2002 y 2008 más de 2.4 millones de desplazados que hoy viven en la miseria en las grandes ciudades del país. Sus tierras despojadas no les han sido restituidas, son cerca de 7 millones de hectáreas y apenas se han restituido menos de 500 mil hectáreas y a esa restitución se oponen los uribistas como María Fernanda Cabal desde el senado y su esposo, José Félix Lafaurie, desde la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan. No esperaría el uribismo que estos millones de compatriotas se movilizaran en su defensa o en medio de su delirio, ¿estarían esperando que se movilizaran?.

También estos llamados caen en el vacío por la desastrosa gestión del gobierno de Duque en estos dos años de desgobierno y más específicamente por la manera desastrosa como ha manejado la pandemia ocasionada por el coronavirus en Colombia. Hoy somos el octavo país con mayor número de contagios en el mundo con 422.519 y con 13.837 muertos con un subregistro del 26% de acuerdo con las cifras suministradas por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. La inversión pública es sumamente baja no llega al 4% del PIB para hacer frente a la crisis social, al desempleo que se ha trepado hasta el 23% de la Población Económicamente Activa, PEA, son cerca de 8 millones de desempleados.

El uribato en el gobierno ha seguido gobernando para los grandes propietarios de la tierra, para el sector financiero a quien ha entregado la mayor parte de los recursos, cerca del 70% de los destinados a la pandemia y los programas sociales son miserabilistas, minimalistas, montos que no superan los 80 dólares mensuales y para cerca de 2.6 millones de hogares apenas de 40 dólares mensuales y con una baja cobertura. Se opone al proyecto de renta básica de emergencia que permitiría acudir en auxilio de 9 millones de familias pobres durante tres meses con una inversión de 2.3% del PIB que las finanzas públicas pueden perfectamente financiar. De verdad esperaría Uribe ¿que las masas populares se lanzaran a las calles a defender semejante gestión de su pupilo, Iván Duque Márquez?

Esas son las reales preocupaciones de la gente que malvive en medio de esta crisis. La propia imagen de Uribe en detención domiciliaria en su hacienda en Montería de cerca de 1500 hectáreas choca con la realidad de millones de excluidos, sin tierra, sin techo y sin ingresos para soportar y remontar esta crisis. El uribismo representa el pasado que hay que enterrar y para ello hay que derrotarlo en las urnas. Esa es la siguiente tarea.

Bogotá agosto 13 de 2020.

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur