En el marco de la conmemoración del 45 aniversario de la masacre estudiantil del 30 de julio, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al Ministerio de Defensa abrir los archivos relacionados con las intervenciones militares en la Universidad de El Salvador (UES).

Ésta es la segunda vez que el IAIP pide a las autoridades castrenses abrir los archivos. Ahora también solicita información sobre la desaparición forzada de dirigentes universitarios y el asesinato del célebre ex rector Félix Ulloa, muerto en un atentado cerca del campus de la UES en San Salvador, en octubre de 1980, a inicios de la guerra civil.

La nueva solicitud del IAIP representa un desafío para Nayib Bukele, quien como Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas tiene en sus manos de la decisión de abrir o no los archivos militares y reconstruir la información si fuera necesario.

En noviembre del año pasado, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera que tiene en el banquillo de los acusados a los responsables intelectuales de la “Masacre de El Mozote”, también ordenó a Bukele abrir los archivos. El mandatario respondió que se abrirían todos, “de la A a la Z”; sin embargo, no lo hizo.

Al inicio de su gobierno, Bukele se mostró cercano a las víctimas y reivindicador de sus demandas: quitó el nombre de Domingo Monterrosa del cuartel de San Miguel e invitó a los familiares de las víctimas de El Mozote a un banquete en Casa Presidencial. Pero después no hizo más.

En sentido contrario, el Presidente puso como viceministro de Defensa a un ex defensor de los acusados por la masacre de El Mozote y permitió que el ministro Francis Merino Monroy homenajeara a Juan Orlando Zepeda, ex jefe militar señalado entre los autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

La lucha por la verdad, la justicia y la reparación moral de la víctimas siempre ha sido cuesta arriba, incluso en los gobiernos del FMLN que fueron más cercanos a las organizaciones de derechos humanos y realizaron importantes acciones en el plano simbólico.

El gobierno de Mauricio Funes declaró al Arzobispo Mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, como “Guía Espiritual de la Nación”; pero no abrió los archivos militares y su ministro de Defensa, David Munguía Payés, protegió a los “ex miembros de la Tandona” cuando huían de la posible extradición a España por la masacre en la UCA.

El de Salvador Sánchez Cerén también reparó moralmente a las víctimas de El Mozote por orden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; pero tampoco abrió los archivos. Su secretario técnico Roberto Lorenzana declaró a un medio digital que no bajaron a Monterrosa del pedestal de héroe militar “por temor a un golpe de Estado” como represalia de la Fuerza Armada.

Veamos, pues, si -con el segundo llamado del IAIP- Bukele hace la diferencia o actúa como “los mismos de siempre”, es decir, si abre los archivos militares y colabora con la justicia o niega el acceso y continúa favoreciendo la impunidad. Ojalá cumpliera su promesa de abrirlos “de la A a la Z”, como dijo.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)