Ante el cuarto intento de prorrogarse en el control de los aparatos del Estado y de suspender las elecciones establecidas por ley para el 6 de septiembre y ante el fracaso del régimen golpista en Bolivia para enfrentar las tareas mínimas de la crisis sanitaria, económica, institucional y política; los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB) y los movimientos sociales y populares de indígenas, campesinos, mujeres, juntas vecinales e interculturales del Pacto de Unidad han determinado iniciar un proceso de resistencia y movilización en todo el país.

En las primeras jornadas de protesta de la semana del 6 de agosto, día de la Patria, las carreteras y caminos del 70% del territorio nacional y las vías de acceso a las ciudades principales han sido tomados por miles de manifestantes como medidas de presión para el cumplimiento de los plazos electorales establecidos en la ley sugerida por el Tribunal Electoral, aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por la propia autoproclamada presidente Jeanine Añez. El Tribunal Electoral ha establecido una nueva fecha de elecciones para el 18 de octubre.

A nueve meses del Golpe de Estado de noviembre de 2019 y de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), el desgobierno cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas --dentro de las cuales también se presentan críticas al régimen--, la Policía Nacional, los grandes medios de comunicación, la oligarquía terrateniente agroexportadora, los grupos violentos en las ciudades y los sectores sociales con fuertes ideologías y manifestaciones señoriales y racistas.

El respaldo y reconocimiento rápido de los gobiernos de Donald Trump de EEUU y de Jair Bolsonaro de Brasil al golpe de estado se tradujo en la presencia como asesor principal de la presidencia de Erick Foronda, funcionario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz durante 25 años e identificado como agente de la CIA. Asimismo, las transnacionales petroleras y mineras han apostado a controlar los recursos naturales estratégicos como el litio, el gas y otros minerales. El propio Elon Musk, dueño de la corporación Tesla de autos eléctricos reivindicó su respaldo al Golpe de Estado para controlar la producción de baterías de litio.

Foto: Telesur

Solamente la violencia verbal, física y sicológica y la represión policial y judicial a los movimientos políticos y sociales que luchan por la recuperación de la democracia; acompañada del retorno a un neoliberalismo superado y de hechos flagrantes de corrupción en la compra de insumos para enfrentar el coronavirus y en las empresas ENTEL e YPFB; logra sostener al desgobierno de facto de Jeanine Añez, el que no cuenta con ningún matiz de legalidad y legitimidad frente a una sostenida resistencia nacional y popular que enfrenta la crisis política, económica y sanitaria

Además de mostrar ineficiencia en la atención de la salud en la emergencia del coronavirus, el desgobierno ha dispuesto hace pocos días la clausura del año escolar afectando a casi tres millones de estudiantes y recibiendo el rechazo de maestros, estudiantes, padres de familia e, inclusive, de organismos internacionales como UNESCO y Naciones Unidas.

Los intentos del gobierno y sus aliados de pretender anular la participación de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca e inclusive de borrar la sigla del MAS como organización política han sido rebatidos legal, jurídica y políticamente, al igual que el proyecto de prolongación del desgobierno más allá de octubre de 2020. Las encuestas conocidas y publicadas establecen la tendencia de triunfo del MAS en primera vuelta con un porcentaje superior a 40% y una diferencia de más del 10% sobre la siguiente candidatura y esta situación pone muy nerviosos a los sectores neoliberales y conservadores.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.