Según la narrativa oficial, el 97% de la población respalda la gestión del Presidente Nayib Bukele y sólo un mísero 3% está en desacuerdo con las acciones del mandatario. Esta afirmación es repetida como letanía por todos los fanáticos y aduladores del gobernante en las redes sociales.

Lo anterior, sin embargo, responde a una realidad inobjetable: en su primer año de mandato, Bukele ha gozado de una alta aprobación popular que no tiene precedentes, es decir, ninguno de sus antecesores en el cargo la tuvo. Esto a pesar de sus erráticas actuaciones, su actitud antidemocrática y los manejos intransparentes en su administración.

Pero esa alta aprobación popular empieza a deteriorarse y -quiera o no el excéntrico y narcisista gobernante- su cacareado “97%” empieza a derrumbarse. Según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), la población que valora positivamente la gestión presidencial bajó veinte puntos porcentuales, cayendo de 85.2 durante los primeros 100 días a 65.7 al cumplir un año de gobierno.

La calificación general dada por la ciudadanía también se ha reducido significativamente, pasando de 8.37 a 7.69. Dicha puntuación sigue siendo alta, pero es un 0.68 menos.

¿Y cuáles son las razones de esta importante caída de la aprobación presidencial? Además de identificar fallas en la estrategia gubernamental frente a la pandemia del COVID-19, la gente desaprueba la permanente confrontación de Bukele con los demás poderes e instituciones estatales, sobre todo con la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Los encuestados también perciben que el mandatario actúa “fuera de los límites de la ley” y resienten la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos. De hecho, el 72.3% considera que Bukele debe presentar un informe detallado de todas las compras y demás gastos realizados durante la emergencia.

Vale decir que no sólo el Ejecutivo es cuestionado por la ciudadanía. El 60.1% también desaprueba la gestión de la Asamblea, lo cual -probablemente- se debe a la permanente campaña presidencial contra el Parlamento que caracteriza a los diputados como “delincuentes”, “corruptos”, “mismos de siempre”; pero también tiene que ver las enormes deudas legislativas, relacionadas con la no aprobación de normativas importantes como la Ley General de Agua, la reforma de pensiones, entre otras.

Volviendo al relato presidencial del “97%”, si Bukele no corrige sus errores, no transparenta su gestión y no rectifica el rumbo equivocado de su gobierno, la todavía alta aprobación popular será cosa del pasado en muy poco tiempo.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)