San Juan, 24 de julio de 2020 (NCM) – La investigación criminal contra la gobernadora Wanda Vázquez, a menos de un año de que la Casa Blanca la marcara como blanco por presunta corrupción, es apenas la punta del témpano de una crisis profunda que ha llevado a Puerto Rico a ser muy vulnerable para que los desastres naturales golpeen con gran fuerza.

De hecho, Puerto Rico ocupa ahora el tercer lugar en el mundo en la proporción de casos que siguen activos de los contagiados de COVID-19, con 88 por ciento, superado sólo por Namibia, que tiene 95 por ciento, y Botsuana, que ha llegado al 91 por ciento.

El problema con la patente incapacidad para lidiar con la pandemia tiene elementos en común con los huracanes de 2017 y los terremotos de principios de este mismo año por la falta de resultados positivos en la economía del régimen de la junta de control impuesta por Washington y la alta incidencia de corrupción. Ese último aspecto conlleva además peligros para la estrategia de seguridad de Estados Unidos en el Caribe, según la percepción de la propia Casa Blanca.

De esta forma, EEUU se enfrenta a una aceleración en camino a una triple crisis en esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe y colonia estadounidense, tenida por un punto estratégico.

El paso de la gobernadora Vázquez por el Palacio de Santa Catalina, sede de la Gobernación, es casi una repetición.

Hace exactamente un año que el gobernador Ricardo Rosselló fue derrocado por un alzamiento popular mayormente pacífico, ante el que tuvo que renunciar o enfrentarse a la perspectiva de ser residenciado por la Legislatura. Meses antes, en abril, la Casa Blanca había abierto fuego contra Rosselló, al que tildaba de corrupto.

Tras la salida de Rosselló, quien abandonó el país, su designado Secretario de Estado, Pedro Pierluisi -que todavía no ocupaba el cargo en propiedad- intentó dar un golpe de Estado y prestó juramento en privado. Pero, fue desalojado del puesto por decisión unánime del Tribunal Supremo, ante lo cual, en agosto, la entonces Secretaria de Justicia Vázquez pasó a ser Gobernadora en virtud del orden de sucesión constitucional.

Poco tiempo después, el periódico Caribbean Business informó que la posición de la Casa Blanca era que “Wanda Vázquez es parte de la corrupción” y que mientras fuera gobernadora, Washington continuaría asfixiando económicamente a Puerto Rico mediante retrasar lo más posible las asignaciones de fondos. Varios meses después, Vázquez destituyó a una secretaria de su gabinete que había suspendido de empleo a una funcionaria investigada por permitir el uso de fondos de EEUU para realzar a una candidata del oficialista Partido Nuevo Progresista y simpatizante de ella.

Ahora la Gobernadora, junto con su Secretario de Gobernación Antonio Pabón, y otros funcionarios enfrentan la designación de dos fiscales especiales que deberán recomendar si se someten denuncias a los Tribunales por corrupción, que les expondrían a penas de varios años de prisión.

La Secretaria de Justicia que envió el informe al Panel del Fiscal Especial Independiente, Dennise Longo, fue forzada a renunciar por la gobernadora Vázquez. Su sucesora intentó detener la entrega, por lo que a su vez tuvo que abandonar el cargo.

Hay todavía más referidos pendientes de determinación preliminar sobre diversos funcionarios de su gobierno.

El caso por el que se investiga ahora a la gobernadora tiene que ver con el presunto uso para la campaña electoral de comida enviada por EEUU para las víctimas de los terremotos que han estado sacudiendo al país desde enero pasado. Pero la gobernadora Vázquez alega ser la víctima de sus adversarios dentro del propio PNP.

Otras investigaciones en etapa preliminar de referido son las relativas a un supuesto intento de apoderarse de 38 millones de dólares en la compra fraudulenta de pruebas para detectar el COVID-19 y el caso de un almacén en la ciudad sureña de Ponce con suministros que nunca fueron repartidos para las víctimas del huracán María de 2017.

Esta situación se desata un mes después de que el informe de la Casa Blanca sobre estrategia contra el tráfico de narcóticos en la “frontera caribeña” -Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses- puntualizara que “la insuficiente seguridad portuaria en el Caribe, donde la falta de recursos, la colusión de personal portuario con las organizaciones transnacionales del crimen, la corrupción y los métodos sofisticados de ocultación, presentan retos significativos para hacer cumplir la ley”.

La vulnerabilidad de Puerto Rico afecta, en consecuencia, las posibilidades de éxito de los despliegues aeronavales con los que EEUU intenta detener a los contrabandistas, sin que Washington haya determinado si, al presente, tiene necesidad real de esta frontera artificial a mil kilómetros al suroeste de su frontera real en la Florida, aunque varias veces la Casa Blanca ha planteado deshacerse de Puerto Rico.

De los azotes de los huracanes Irma y María, de 2017, Puerto Rico quedó con miles de víctimas fatales, sin que todavía haya un cálculo universalmente aceptado de cuántas fueron. Los temblores de tierra han dejado pueblos devastados y decenas de miles sin hogar.

La actual pandemia, según los propios cálculos oficiales tenía más de 13.000 contagiados desde que comenzó en marzo pasado, de los cuales el 88 por ciento seguía identificado como “casos activos”, al cierre de esta crónica. El alto por ciento de casos activos contrasta con los casos reportados a nivel mundial, en los que los “activos” se calculan en 35 por ciento y hasta con los de EEUU, donde el cálculo correspondiente es del 49 por ciento.

En medio de estas circunstancias, la Gobernadora Vázquez firmó una ley para que, junto con las elecciones generales de noviembre se lleve a cabo un plebiscito “estadidad SÍ o NO” para decidir si reclamar a EEUU la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. El voto SÍ será liderado por el propio PNP, mientras que la campaña del NO será representada por el Partido Independentista Puertorriqueño.