Si algo ha puesto de manifiesto la crisis desatada por el coronavirus es la fragilidad y fragmentación social de nuestras formaciones sociales. Mercados de trabajo mayoritariamente informales, en Colombia el 62% de la Población económicamente Activa, PEA, pertenecen al sector informal. Sociedades crecientemente desiguales en donde el 20% de la población es dueña del 80% de la riqueza nacional. Colombia ocupa el deshonroso segundo lugar en América Latina sólo superado por Haití y ocupamos a nivel mundial el cuarto lugar en esa tabla que ubica a las sociedades más desiguales del planeta. Sistemas tributarios llenos de exenciones donde los ricos y super ricos pagan muy pocos impuestos, eluden su pago y tienen ingentes recursos en paraísos fiscales para evadir el pago de los impuestos que les correspondería cancelar. Exenciones a las multinacionales y al capital financiero internacional con el argumento que se requiere atraer el capital internacional para apalancar la inversión y el desarrollo económico. Un sector privilegiado en este aspecto es el de la extracción de nuestros minerales y los hidrocarburos.

El modelo neoliberal dominante en la región desde comienzos de los años noventa del siglo XX profundizó estas características de nuestras economías. La privatización de bienes públicos esenciales como la educación y la salud como también de las comunicaciones, los servicios públicos como el agua potable, la energía eléctrica, el gas domiciliario, por mencionar los más importantes, excluyeron a una parte significativa de la población de estos servicios básicos esenciales. En Colombia por ejemplo se “descubrió” que 1.3 millones de hogares estaban desconectados de los servicios de agua potable porque estas familias no habían podido cancelar los pagos de este servicio vital y que ante la recomendación probada que para prevenir y controlar el contagio del coronavirus se requería el lavado de manos frecuente con lo cual se detenía el crecimiento exponencial del virus, desnudó esta cruenta realidad. Millones de personas no podían hacerlo simplemente porque sus residencias no recibían el preciado líquido en sus hogares. No sobra señalar que la medida que se tomó fue la de ordenar la reconexión del servicio, pero en vez de condonar las deudas se puso en marcha una reestructuración de las mismas para que las familias las cancelen a futuro. Como es improbable que lo hagan al finalizar la pandemia seguramente se les volverá a cortar el suministro de agua potable. Así funciona el capitalismo depredador.

El modelo neoliberal abandonó cualquier política de desarrollo endógeno con base en el crecimiento y desarrollo del mercado interior. Las políticas de fomento al desarrollo industrial fueron proscritas. La economía campesina que provee el 70% de los alimentos que consumimos no recibe ningún estímulo por parte del Estado. Esa economía campesina abandonada, arrinconada y sin crédito ni asistencia técnica ni redes de mercadeo es la que ha evitado que vivamos un desabastecimiento de los alimentos que nos permita sobrellevar los confinamientos decretados para hacer frente a la pandemia. Ha evitado hasta ahora el hambre. En Colombia hay suficiente oferta de alimentos hasta el momento para quienes pueden comprarlos. Nuestros abnegados campesinos siguen cultivando y proveen los mercados locales y de nuestras grandes ciudades. Pero este gobierno en vez de salir en su auxilio concentró el 94% de los recursos destinados al sector agropecuario, unos 230 mil millones de pesos, en los grandes terratenientes. Solo fluyó un 6% de este crédito subsidiado a los pequeños y medianos campesinos. Esa es la política de este gobierno.

Urge construir una propuesta de rescate y apoyo a la economía campesina. Esa propuesta debe incluir por supuesto los acuerdos logrados por el Estado Colombiano en los pactos de paz con las FARC, contenidos en el punto 1 del acuerdo final, que contempla la distribución gratuita de tres millones de hectáreas entre campesinos sin tierra y las víctimas del conflicto armado así como la titulación de 7 millones de hectáreas a campesinos poseedores que no tienen legalizada la tenencia de sus parcelas, así como la construcción de vías terciarias que les permitan sacar sus productos a los mercados locales, regionales y nacionales. Incluye también la electrificación rural, la construcción de bienes públicos y su adecuado financiamiento como escuelas, redes de salud, redes de internet, etc., lo que debería complementarse con asistencia técnica, mercadeo y crédito subsidiado. Hay que levantar esta bandera y quizás desarrollar una amplia campaña ciudadana para urgir al gobierno de Duque a que no sabotee más el acuerdo de paz y al Congreso de la República a complementar el acuerdo de paz con los elementos señalados. Los grandes héroes de esta jornada contra el coronavirus son nuestros pequeños y medianos campesinos.

Una gran preocupación es cómo evitar que el virus se propague en las regiones que por su aislamiento se han mantenido hasta ahora libres del virus. La política nacional de manejo de la pandemia va en contra de esta posibilidad con la insistencia de Duque y del gobierno nacional de reabrir, todas las actividades económicas, incluido el transporte intermunicipal en 370 municipios que hasta ahora no presentan casos positivos. Cabe a las autoridades municipales una gran responsabilidad por mantener estos territorios libres de la contaminación pues la presencia del virus en estas regiones, sería fatal por la debilidad de la red de atención en salud que es prácticamente inexistente en estos territorios. Sería además un golpe muy fuerte a la producción de alimentos, pero también a las economías de este campesinado que vive al día de sus cosechas.

El ascenso de la pandemia y los palos de ciego del gobierno nacional

Como estaba previsto por las equivocadas medidas del gobierno nacional que propicio tempranamente una apertura de la economía y con ello la interacción social que en pocas semanas disparó exponencialmente el contagio sin que se hayan hecho, con la sola excepción de Bogotá y sus municipios vecinos, pruebas de testeo aleatorio masivos para ubicar los portadores asintomáticos del virus y proceder a su aislamiento. Lo que han hecho las autoridades nacionales y regionales es ir tras el virus no adelantarse a él para ubicarlo y aislarlo y con ello detener el contagio. En esta materia el gran problema de Bogotá es la baja capacidad de procesamiento de las pruebas, unas 6 mil diarias que es muy baja para el nivel que ha adquirido el virus que se sigue reproduciendo de manera rápida.

Este 10 de julio había 165.169 enfermos de los cuales se han recuperado 71.736 es decir menos del 50% y han fallecido 5.814. El epicentro de la pandemia se ha trasladado de la costa caribe colombiana donde golpeo principalmente a Barranquilla y a los municipios del departamento del Atlántico a Bogotá y sus municipios vecinos, un conglomerado urbano de cerca de 10 millones de habitantes. También a la región del valle del Cauca en el triángulo que comprende a Cali, Buenaventura y Palmira. Estas son las regiones que soportan hoy día con mayor rigor el embate del coronavirus. Sin descartar a Antioquia y su capital Medellín que también han visto crecer de manera exponencial la presencia del virus. Estas regiones tendrán unas semanas difíciles.

En general la crisis se manifiesta en estas regiones como bien lo señalaron en carta pública a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López y al presidente Iván Duque, 14 gremios médicos que urgieron poner en marcha mecanismos urgentes para proteger la vida de los ciudadanosⁱ. El primer problema tiene que ver con la saturación de las Unidades de Cuidados Incentivos, UCIs, que ha llegado en Bogotá y en el Valle del Cauca a tasas de ocupación que superan el 90%. En Bogotá el martes 14 de julio llegó al 92.3%, es decir, prácticamente se han copado. Un segundo componente de la problemática tiene que ver con la insuficiencia de los recursos humanos para operar esas UCIs de manera competente ante lo cual se requieren poner en marcha mecanismos de capacitación de médicos internistas y anestesiólogos que puedan contribuir al manejo de estas máquinas que son complejas para su operación adecuada. Estos meses no se utilizaron para esa capacitación o las capacitaciones fueron insuficientes.

Los gremios médicos han planteado que en estas regiones se debe proceder a una cuarentena estricta y general manteniendo solo las excepciones que cubren el suministro de elementos esenciales como provisión de alimentos, medicamentos, atención médica y operación de servicios públicos esenciales y proceder al cierre del resto de actividades económicas y sociales que permitan disminuir la velocidad del contagio y adecuar tanto la provisión de las UCIs como la ampliación del personal para su adecuado funcionamiento. Han propuesto que esas cuarentenas tengan una duración de 14 días.

A esta propuesta se ha abierto la alcaldesa de Bogotá que para hacer frente al ascenso de la pandemia ha decretado cuarentenas locales que solo cubren a una parte de la ciudad. Los gremios médicos la consideran insuficiente para detener la velocidad del contagio, así como consideran que la otra medida de garantizar una renta básica a las 550 mil familias que no cuentan con medios de subsistencia siendo acertada es también insuficiente por el bajo monto de los recursos destinados por familia que suman $230 mil pesos, unos 60 dólares. Los gremios médicos respaldan la propuesta presentada por 54 senadores de la República que contempla una renta básica de emergencia de unos 270 dólares mensuales por tres meses y adicionalmente han agregado ahora dos meses más con medio salario mínimo mensual. Esta propuesta será presentada nuevamente al Congreso de la República este 20 de julio que se inicia un nuevo período legislativo. Resta decir que el gobierno de Duque que ha otorgado todas las gabelas y beneficios al sector financiero y a los grandes empresarios se opone a esta propuesta. Es el miserabilismo y la tacañería de las oligarquías en contra de la ciudadanía y de los trabajadores.

Así pues, se está librando de nuevo un pulso entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Duque que cuenta con el respaldo de los gremios empresariales mientras que la alcaldesa cuenta con el respaldo de los gremios médicos y una buena parte de las organizaciones sociales. Duque ya se pronunció en contra de la cuarentena general para la ciudad de Bogotá. Cómo se ve al gobierno nacional y a los gremios empresariales poco les importa la vida de la gente. Abiertamente se han decantado por la defensa de las actividades económicas y por su irresponsabilidad con una apertura temprana, el virus se viene reproduciendo exponencialmente desbordando ya al debilitado y precario sistema de privatizado de salud. Lo que finalmente se decida sobre Bogotá marcará el rumbo de las decisiones en otras regiones del país. Vivimos momentos turbulentos y oscuros, tiempos nublados.

Bogotá julio 16 de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)