Con inaudito cinismo el gobierno de Trump ha regresado a Cuba a su lista de países que “no colaboran” en la lucha contra el terrorismo. Incluida injustamente durante 33 años en la nómina, la isla fue retirada de ella en 2015 por el presidente Obama como parte de las disposiciones que tomó para iniciar la normalización de relaciones con la isla.  El autor de la lista es nada menos que el gobierno practicante del terrorismo de Estado sistemático en el mundo,  que arrojó las bombas en Hiroshima y Nagasaki, arrasó con Vietnam, Corea, Afganistán, Irak y Siria y comete delito de genocidio con sus unilaterales bloqueos - mantenidos intactos o recrudecidos durante la pandemia- contra Cuba, Venezuela, Irán, Palestina, Corea del Norte y Siria. No es casual que sean casi los mismos los países bloqueados y los incluidos en esa lista. Es el gobierno que con sus incursiones terroristas arrebató la vida a   3 mil 478 personas, dejó 2 mil 99 incapacitados y ocasionó cuantiosos daños económicos en Cuba.

Los argumentos para reinsertar a la isla en la lista no son serios y muestran el absoluto desprecio de Washington por el derecho internacional. La estancia en Cuba y seguridad personal de miembros del ELN participantes en el proceso de paz son responsabilidades del gobierno cubano como garante de las negociaciones, precisamente a solicitud de Bogotá. Otra cosa es que Trump le haya ordenado al subpresidente Duque dinamitar la paz y solicitar a La Habana, la extradición de esas personas, un acto ilegal.

El regreso a la lista es parte de la desaforada campaña de odio, agresión y linchamiento mediático contra Cuba iniciada poco después del arribo de Trump a la presidencia, cuando el control de la política hacia la isla ha sido tomado por la extrema derecha de origen cubano. Muy especialmente, el senador Marco Rubio. En esa campaña toman parte activa el secretario de Estado Mike Pompeo, el subsecretario de esa dependencia Michael Kozak y la propia embajada de Estados Unidos en La Habana.

Solo en el curso de 2019 fueron adoptadas más de 80 medidas contra Cuba; entre ellas, la activación total de la extraterritorial Ley Helms-Burton y las acciones punitivas contra las empresas que intervienen en la transportación de vital combustible a Cuba. El propósito es el de siempre: hacer que el pueblo, asfixiado por las carencias, se alce contra el gobierno. Recientemente el jefe del Comando Sur acusó a Cuba de participar con Venezuela en el narcotráfico, contrario a lo que dicen los propios informes de la DEA.

En este clima de odio exacerbado, no debe extrañar el ataque a la embajada de Cuba en Washington con 32 disparos de fusil AK 47. Un emigrado cubano, Alexander Alazo,  estacionó su camioneta en la calle 16 Northwest, cerca de la Casa Blanca,  bajó de ella con una bandera cubana a la que intentó prender fuego y luego vació el cargador del arma contra la fachada de la sede diplomática.  Después se envolvió en una bandera de Estados Unidos y se entregó pacíficamente a la policía. Curiosamente, todavía ninguna instancia del gobierno estadounidense ha hecho siquiera mención al atentado. Tómese en cuenta que en el momento del ataque había diez funcionarios cubanos en el edificio.  Mucho menos se ha publicado por Washington una expresión oficial de pesar ante una agresión tan grave, calificada de inmediato y con razón como un acto terrorista por el canciller de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Tal declaración era un paso obligado del país anfitrión luego del atentado. Así se desprende de la práctica de la más elemental decencia y cortesía, pero, sobre todo, de la obligación del Estado anfitrión de garantizar la seguridad de las sedes diplomáticas enclavadas en su territorio, según lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas(1964). Pero la decencia y la cortesía no forman parte del corrupto repertorio político del trumpismo.

Nuevos elementos de juicio sobre los antecedentes y ambiente socio-político del tirador Alazo, aportados el martes 12 por el canciller Rodríguez Parilla(http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/13/bruno-rodriguez-este-ataque-contra-la-embajada-de-cuba-de-naturaleza-terrorista) resultan muy sospechosos. Alazo, tratado como un caso siquiátrico a partir de su declaración después del atentado ante las autoridades estadounidenses, nunca manifestó ese trastorno durante su servicio militar ni en su actividad pastoral en la isla, ni una vez emigrado en su trato con funcionarios consulares. Más sospechosa aún es su inserción en una iglesia protestante de Miami, cuyo pastor, Frank López, es íntimo amigo de Marco Rubio y de Carlos Vecchio, “embajador” de Guaidó. Un miembro de la congregación, Leandro Pérez, que después del atentado afirmó ser su “amigo cercano”, ha llamado al asesinato de Raúl Castro y del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Algo está muy podrido en este caso y el gobierno de Trump debe explicaciones, no sólo a Cuba, sino a la comunidad diplomática en Washington y, claro, al pueblo estadounidense.

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