El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en Bolivia digitalizado por Estados Unidos,  que logró articular a la oligarquía nacional racista con las Fuerzas Armadas., la policía y los grupos paramilitares para obligar a renunciar a Evo Morales a punta de pistola.

El objetivo era volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio, y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que, por primera vez, desde la conquista genocida de América, llegaba al poder. El 12 de noviembre Janine Áñez se autoproclamó presidenta, dio vía libre a la represión, se produjo la masacre de Sacaba y Senkata.

El golpe dejó un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue aún hoy una cacería de dirigentes, exfuncionarios y periodistas. Desde el golpe se aplican políticas neoliberales y el país quedó sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria.

El Covid-19 y la crisis sanitaria reconfigura el panorama anudándose a las demás crisis que adquieren una nueva forma de crisis absoluta con características específicas. El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica.

Mientras,  Áñez utiliza la pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende prescindir de las elecciones –fijadas originalmente para el 3 de mayo- con el fin de consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.

De potencia económica a suicidios por hambre

Durante el gobierno de Evo Morales Bolivia pasó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica a ocupar el primer puesto de crecimiento económico de la región, con un promedio anual de 4,9 %, según la Naciones Unidas y el Banco Mundial. El Producto Interno Bruto se cuadriplicó de 9.500 a 45.500 millones de dólares. Los indicadores macroeconómicos fueron insuperables en América del Sur y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%.

Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril, el de una menor de 12 años que no aguantó el dolor de estómago por hambre, el de un padre de familia ante la desesperación de no poder darle de comer a sus 8 hijos y de una adolescente de 15 años.

En este contexto, el 27 de abril se cortó el suministro de gasolina al trópico de Cochabamba, ocasionando la muerte de más 11 millones de peces por falta de combustible para oxigenar las piscinas artificiales de 3.500 piscicultores, ocasionando un daño económico para escarmentar a la región rebelde.

Por otro lado, el gobierno de facto intentó impedir la campaña #TropicoSolidario que lleva a cabo esta región, con el reparto de frutas a familias de escasos recursos. El 27 de abril Áñez pidió una jornada de “ayuno y oración”  para vencer el Covid-19 en plena hambruna y se realizaron bendiciones masivas desde helicópteros en diversas ciudades en un país laico.

El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir

El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha para los comicios, a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el país.

Los golpistas amenazaron con cerrar la Asamblea Legislativa para evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales, que dio un plazo de 90 días para que el Tribunal Electoral fije una fecha.

Áñez rechazó la ley y anunció recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno transitorio” de Áñez y se autoprorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y se utilizó la pandemia como excusa para volver a autoprorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar su proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.

Persecución, encarcelamientos y censura

Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una  judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los derechos y las garantías constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México en La Paz son rehenes de la dictadura.

 El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Murillo, ministro de facto, funge de juez y fiscal, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcelamientos de hasta 10 años a quienes “desinformen” sobre al Covid-19.

 El fin es ocultar la inoperancia del gobierno. Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe la responsabilidad de todo lo negativo que acontece a Evo Morales, mediante el discurso de la “herencia recibida”

Zona liberada a la corrupción y al narcotráfico

El desmantelamiento de las empresas estratégicas es ejemplo de corrupción. En la línea aérea boliviana (BoA), los directivos fueron reemplazaos por allegados de Fernando Camacho, uno de los líderes del golpe, que provenían de a la línea aérea privada Amazonas.

Se inició el desmantelamiento mediante el sabotaje para afectar la rentabilidad de la empresa nacional. En la estatal telefónica Entel, el gerente Elio Montes fue procesado penalmente por malversación de fondos y escapó a EEUU. En Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos., el presidente Herland Seliz renunció  tras un escándalo por contratos irregulares de seguros y compra de combustible con alto sobreprecio y sin licitación.

 En el gobierno de facto el nepotismo es la norma y las familias, amigos y amantes de los funcionarios ocupan cargos en el gobierno y utilizan indebidamente los bienes del Estado. Los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana son usados como taxis a título de “vuelos humanitarios” para viajar de vacaciones y/o a fiestas privadas en plena cuarentena.

No se utilizan los aviones para traer de regreso a lo miles de bolivianos que se encuentran varados desde hace más de un mes en diferentes países y las pruebas para el Covid-19 se transportan por tierra a los laboratorios de La Paz y de Santa Cruz: tardan una semana en llegar.

 Los laboratorios prometidos para cada departamento nunca llegaron. Por otro lado, se contrataron alquileres de hoteles 5 estrellas por sumas millonarias para aislamientos.

Se desconoce el destino de los créditos del Fondo Monetario Internacional y las donaciones millonarias de diversos países y organismos para enfrentar el Covid-19. Las compras de insumos que anunciara el gobierno nunca llegan y se niegan a publicar las facturas, generando sospechas sobre negociados.

El aterrizaje de nacojets en el aeropuerto oficial de Guayaramerín, Beni, de donde es oriunda Áñez va en aumento. El 28 de enero un narcojet  fue interceptado en México con una tonelada de cocaína cargada en el aeropuerto de Guayaramerín, develando vínculos familiares de Áñez con el narcotráfico.

Carlos Áñez, su sobrino está preso en Brasil por narcotráfico. Gustavo Álvarez Peralta,  narcotraficante del cartel de Jalisco, México y buscado por la la agencia estadounidense antinarcóticos DEA, fue designado como director de producción agropecuaria. Luego se lo desvinculo…  y misteriosamente se escapó.

Políticas necróticas importadas de EEUU para enfrentar el Covid-19

El 22 de marzo se decretó la cuarentena y hasta la fecha los hospitales carecen de respiradores, reactivos, insumos, equipos de bioseguridad y médicos. Los contagios y las muertes en el personal de salud, militar y policial van en aumento y se siguen esperando los equipos de bioseguridad.

El 11 de mayo se inició la “cuarentena dinámica”, la flexibilizándola en algunas regiones. El 5 de mayo el secretario de salud de Santa Cruz, que concentra el 60% de los contagios, denunció el inminente colapso del sistema sanitario y la alcaldesa descartó flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña.

El 6 de abril el exministro de Salud anunció sus proyecciones para dentro de cuatro meses: 3.840 muertes, 48.000 infectados y el colapso sanitario. El 13 de abril asumió el actual ministro de salud Marcelo Navajas y minimizó estas proyecciones, presentando un “plan estratégico”, con la promesa de 500 respiradores, que nunca llegaron.

Se restringieron las pruebas para aquellos con “sintomatología activa”. El anuncio de la adquisición de 400.000 pruebas tampoco se cumplió. Las pruebas son importantes para detectar contagios, casos asintomáticos, aislarlos y cortar la cadena de contagios. Bolivia es el país que menos test realiza de la región, lo que explica las cifras oficiales bajas de Covid-19 para justificar las ínfimas medidas de contención.

Navajas sostuvo que hasta el 31 de mayo se esperan 10.000 contagios y que la curva de infectados bajará cuando el 60 % de la población se haya contagiado, anticipando un colapso sanitario.

El ministro de Salud, ex médico de la embajada de EEUU, sigue la línea política sanitaria de Trump que puso a su país como epicentro mundial de la pandemia, dejando que la gente se “bañe” con el Covid-19 y condenando a la muerte a los adultos mayores y a los que poseen patologías de base.

Navajas, paladín de la privatización de la salud sigue su lógica mercantil que también comparte con Trump: “La salud es para el que la pueda pagar”.

Verónica Zapata

Periodista y psicóloga boliviana. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/05/11/bolivia-sangra-a-seis-meses-del-golpe/