Un hombre de 49 años murió afuera del albergue del Hogar de Cristo de Coyhaique. “Rogó toda la noche”, pero “por la cuarentena”  los funcionarios no aceptaron su ingreso. Juan Carlos Aguilar fue declarado muerto a las 9:31 horas de la mañana del martes 21 de abril. Era “de calle”, o sea, sujeto de políticas de seguridad e inclusión. 

Para cumplir el “aislamiento social”, los albergues deben tener sólo 20 cupos. El problema no es la reducción de usuarios por albergue, si no la eventual reducción de sujetos. Tampoco se trata del COVID 19 porque esto ya estaba pasando y con Piñera sólo se profundiza. Se trata de Eugenesis (como la franquista, la nazi, la pinochetista), de biopolítica (Foucault). Descartar a sujetos indeseables por improductivos: psiquiatrizados, disidentes, viejos, pobres, indocumentados.

El Estado chileno y su gobierno se aprovechan de la “pandemia” para reducir aún más las machistas y homófobas opciones para la gente de los rucos.

30 años de postdictadura han intentado “regular” a esa población con doctrinas de seguridad y moralismos. Han descalificado sistemáticamente a las mujeres de circuitos de calle por evaluarlas “incompetentes parentales”, con “trastornos”,  por “disfuncionalidad familiar”, exigiéndoles inclusión productiva y reproductiva, y luego llevándose a sus guaguas a SENAME, Servicio Nacional de Menores, donde sabemos de violaciones, explotación sexual, muertes por abandono y maltrato, todo por la desidia desde las Ministras Justicia hacia abajo. Así también se elimina pobres.

No es COVID 19, son 30 años

A inicios de la Revuelta popular, octubre 2019, la Fundación “Gente de Calle” denunciaba tratos inhumanos de policía y militares a gente de rucos y declaraba: “es preocupante que, habiendo alrededor de 8.000 personas en situación de calle en la Región Metropolitana, sólo se disponga de 400 cupos, dejando a casi 7.600 a la intemperie”[1].

Las políticas de los tiempos piñeristas, producen ideología para justificar sus dispositivos. El Ministerio de Economía encargó a la empresa “Impacta Consultores SpA”, el informe “Contrato de Impacto Social para la Superación de la Situación de Calle (CIS)”. CIS es una traducción de Social Impact Bonds, y traslada la experiencia de la empresa Sector Capital Partners y Social Finance UK, en EE.UU. e Inglaterra, a Chile. Según dicen, este informe de “impacto social” fue hecho entre 2018 y 2019. Su clave es la búsqueda de “inversionistas”. Por eso agradece –entre otros- a Larraín Vial, Luksic, Minera Escondida, y también a la “Fundación Corona”, propiedad de la familia Echavarría Olózaga, dueña de un conglomerado de empresas de Colombia. Considera que el foco de los programas para gente de calle que estuvo puesto en “las actividades”, debe mutar “al logro”. Juzgan a los programas que “entregan alojamiento y servicios de emergencia para resguardar la vida de las personas en situación de calle”. No les gusta que “existe un perfil de personas con mayor cantidad de años en situación de calle (situación de calle crónica) con consumo problemático de sustancias y/o problemas de salud física o mental y las alternativas en la oferta pública no están siendo efectivas para superar este problema”[2]. Es decir, proponen entregar la intervención con “gente de calle” a más privados (no solo a los que ya tienen experiencia) y con nuevas reglas para –disque- “superar” el problema.

Sin albergues ni procesos

¿”El logro” podría ser terminar con la gente “crónica” en calle?

Es un documento extenso cuyo lenguaje suena “humanitariamente inclusivo”, sin embargo, hay hechos no humanitarios que colocan en duda su aparente bondad con los pobres: El año pasado se dejó de habilitar el Estadio Víctor Jara como albergue alegando que no cumplía con “los estándares” y no hemos sabido de ninguna gran empresa millonaria que invierta para hacer al estadio Víctor Jara un albergue digno. Por otro lado, dejaron de estar operativos “Centros de Referencia” en Lo Espejo y La Florida, que eran más que simples albergues: daban alimentación, agua caliente, derivaciones de salud, a tratamiento en drogas y alcohol, contaban con monitoras a cargo de la convivencia y actividades ocupacionales, terapéuticas y comunitarias. También se hacía asambleas en que la gente usuaria debatía sus problemas cotidianos. Pero SENDA, Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol, dejó de financiarlos justo cuando comenzó el verano, y no han vuelto a estar operativos ni por el COVID 19.

La Concertación en 1990 creo el CONACE, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, asociando no solo a la Industria de la Droga al Ministerio del Interior y sus políticas de “seguridad”, sino también a las víctimas de esa Industria. Burreras, soldados, consumidores marginalizados y visibles en las calles, pasaban a ser una amenaza del Interior. Cuando Piñera logró por primera vez turnarse en el poder gubernamental, le cambió el nombre a CONACE por SENDA, mediante la ley N° 20.502 (21-02-2011), pero con las mismas vinculaciones institucionales.

La ingeniería comercial de la Concertación y de la Derecha pinochetista de los últimos 30 años, modifica y re-inventa lenguajes, enfoques, “instrumentos”, pero básicamente afirma lo mismo: “la gente de calle” y el consumo de sustancias para pobres son problemas de “seguridad ciudadana” que deben combatirse, y las políticas que los aborden deben costar el mínimo. No hay que gastar en los pobres.

Los procesos no tienen relevancia, sí los “resultados”. Se calcula que, si “una intervención con gente de calle no es efectiva, el gasto para el gobierno será menor”. Es decir, si los procesos de “gente de calle” no cumplen con los “resultados” de integración, funcionalidad, seguridad, no se le paga a la entidad que trabaja con ese “usuario”. Si los cupos para personas que viven en calle son un negocio, la empresa, ONG, Fundación, etcétera, no podrá (o no querrá) contener en sus programas a “casos difíciles” (los más numerosos), con salud y estado físico deteriorados, con diagnósticos severos de salud mental, hombres, mujeres, travestis “conflictivas”… Si la persona sigue consumiendo no cumpliría con resultados de “seguridad ciudadana”; si no sale a trabajar, es vieja, sin familia, debe seguir en albergues hasta su muerte: no es “funcional” ni “integrada”. Esto, en un país con un 80 por ciento de personas en la pobreza[3], donde no encuentras trabajo después de los 40; tampoco si eres gorda, estás indocumentada, das la dirección de una periferia, y menos si eres mujer pobre con hijos, o en edad fértil.

Ahorro en identificación de “NN”

¿Una forma de ahorro para el gobierno sería que la “gente de calle” muera? De hecho, los cuerpos “NN” gastan menos que otros muertos. Hasta hace un par de años se los identificaba, pero ya no se gasta en eso. Así lo denuncia José Morales de la asociación nacional de funcionarios del Servicio Médico Legal, SML, al que llegan los cuerpos “NN”: “Quitaron VERIDEN, identificación por huella, que establecía comunicación con todo el país y nos daba contacto directo con el registro civil, pero ya no, ahora es para los vivos”[4]. Este dirigente fue sumariado por el Ministerio del Interior en 2018 luego de movilizaciones, y a pesar de su fuero sindical, fue recientemente desvinculado del SML, ya que desde 2016 denuncia esta y otras irregularidades. Con respecto a la verificación de huellas, ese tipo de aplicaciones y servicios, ahora, los necesitan los bancos y otras entidades comerciales y financieras. Se gasta en gente viva, activa comercialmente, pero no en los cuerpos “NN”.

Si una persona sin familia muere sola en la calle, no se le va a identificar en mucho tiempo -si es que se le identifica-. Pero tal vez si se trata de una muerta “NN” de algún caso femicida que pueda transformase en mediático, sí se van a sentir presionados a identificarle. Como por ejemplo el crimen machista contra Estefanía, mujer de circuito de calle, que en mayo de 2019 fue asesinada y dejado su cadáver en una maleta en la vía pública.

¿Pero si la “NN” es una muerta por la policía o militares, qué pasaría con su cuerpo e identificación? No olvidamos que en Chile hay restos de gente detenida desaparecida en Dictadura que luego de 50 años o más, sigue sin ser identificada. ¿Cuántos cuerpos “NN” de la Revuelta están sin identificar porque eran gente de calle, sin familia, migrantes…?    

En tanto, las personas que viven en la calle y rondan sus circuitos, seguirán poblando bandejones, plazas, puentes, sitios baldíos, esquinas de territorios urbanos, porque el capitalismo patriarcal utiliza, depreda, esclaviza y deshecha y necesita “ahorrar”.

Victoria Aldunate Morales, Tierra y Territorio, lesbianas feministas antirracistas.