En tiempo de crisis se necesitan autoridades e instituciones dialogantes, que prioricen el bien común y los intereses de toda la sociedad, no solamente de los sectores tradicionalmente dominantes. En Guatemala, el presidente Giammattei se comporta con formas intolerantes y se muestra poco receptivo a opiniones y demandas diversas: excluyente y proclive a seguir la línea definida por las grandes cámaras empresariales.  

El presidente define medidas trascendentales con criterios caprichosos y arbitrarios (si se portan bien, afirmó, vamos a relajar algunas medidas) a la vez que economicistas y gananciales: las medidas que estudia relajar tienen que ver con la reapertura de grandes superficies comerciales y actividades económicas lucrativas, pero no esenciales para la salud, los derechos y la vida de la población.

Giammattei argumenta sin datos ni coherencia, con improvisación y contradicciones: como cuando dice, en un mismo “párrafo” (es un decir, porque el presidente habla más que escribe), que vienen las semanas más duras de progresión del coronavirus, al mismo tiempo que sugiere la reapertura de la economía (léase grandes empresas).

En recurrentes intervenciones Giammattei evidencia clasismo (protestó porque las personas -que necesitan salir a la calle para sobrevivir- se "apeñuscan"). También exhibe su aversión a la crítica al atacar cualquier opinión contraria (por ejemplo, en los insultos a un activo diputado opositor, al que llamó "esperpento").

La política de comunicación del gobierno centraliza información y oculta datos esenciales (situación de municipios, dónde se realizan pruebas, cuál es la capacidad real del sistema de salud para atender la emergencia) a la población en general e incluso a autoridades locales, lo que impide conocer el avance de la pandemia y desarrollar respuestas sociales, consensuadas entre todos los actores.   

Todas y todos somos acarreadas  

La tapa al pomo de la intolerancia excluyente la pone Giammattei cuando descalifica a miles de personas que empiezan a salir a los caminos con banderas blancas porque no tienen trabajo y/o no pueden pagar el alquiler de su cuarto o la factura del teléfono, el agua y la luz. Acarreados, les dijo, es decir manipulados o movidos por intereses ajenos y espurios, cuando usted presidente debería saber que tienen limitaciones para su sustento, o que -por ejemplo- si trabajan en mercados no ganan suficiente porque usted ordenó cerrar esos mercados al medio día, al tiempo que ampliaba actividades de gasolineras y supermercados transnacionales hasta las cinco de la tarde.

Giammattei parece no informarse adecuadamente. No me consta, pero no descarto que -al igual que el presidente Trump- tenga una sola fuente de datos-opiniones y que esta sea las noticias que el mismo sugiere y después publica el canal de Gobierno.

Sin embargo, estoy seguro de que en círculos cercanos o con acceso al presidente hay personas con mayor capacidad de análisis que se dan cuenta de que aquellas y aquellos a quienes Giammattei llama acarreados son población con necesidad extrema e indignada por el doble rasero de las políticas sociales: todo para las empresas, nada para las demandas ciudadanas y de la población empobrecida. Entre ellos (revisen fotografías, notas y declaraciones que circulan abiertamente en redes sociales) hay votantes de Giammattei y del partido oficial; algunos participaron en la campaña electoral del gobierno actual y de la Municipalidad, movilizando gente y votos.

Coronavirus: nuevos tiempos o se acabó el tiempo

El 12 de marzo, un día antes de que se registrara oficialmente el primer caso de COVID, Guatemala era una bomba de tiempo: pobreza extrema, desnutrición crónica, falta de agua, estados de excepción, militarización, corrupción, dictadura (concentración de poder) en proceso. Hoy, los males se agudizan. Las disonancias políticas (la distancia entre las necesidades y las políticas públicas) se incrementan. La corrupción y el latrocinio se mantienen. Las leyes con dedicatoria, a favor de unos pocos, continúan formando parte de la agenda estratégica del Congreso y del Ejecutivo. Buena parte de las disposiciones presupuestarias adoptadas desde el inicio de la pandemia en Guatemala tienen que ver con el pago de compromisos de campaña y otros asumidos el 14 de enero para formalizar el nuevo pacto Giammattei-diputados.

La pandemia avanza aceleradamente con impactos sociales y de salud (a pesar del discurso oficial de que vamos bien y todo está bajo control) en un país agotado: socialmente debilitado, tras años de gobiernos corruptos y depredadores; institucionalmente yermo, porque el Estado carece de gestiones orientadas racionalmente al bien común.

Afortunadamente, la cohesión social y comunitaria (todavía desigual e insuficiente ante la magnitud de los retos) funciona como primer nivel de protección (ver artículo Juntas saldremos adelante).

Las banderas blancas son una respuesta social, desarticulada en términos de proyectos y sujetos emancipadores tradicionales, con rasgos de desesperación que no la invalidan sino la legitiman, imprevisible pero real. Alerta en la bomba de relojería que es Guatemala, a rebufo del escenario sin tregua que impone la expansión de la enfermedad. Última llamada en el país y el Estado que agotó todos los tiempos.