La pandemia ha trastocado todas las prioridades de un gobierno que recién arrancaba. Fernández enfrenta ahora dos emergencias simultáneas: el tsunami sanitario y el agravamiento de la recesión.

Como el coronavirus llega más tarde al hemisferio sur, Argentina puede asimilar lo ocurrido en el norte. Pero esa ventaja sólo brinda un poco más de tiempo para emparchar un sistema sanitario destruido. El gobierno aceleró el inicio del aislamiento social, frente al gravísimo peligro que se avecina por la carencia de respiradores y hospitales. Todos temen las consecuencias de un salto exponencial de los contagiados y se intenta aplanar la curva de los afectados, para distribuir su impacto en la estructura sanitaria.

La experiencia internacional pareciera indicar que el brote puede ser contenido con distanciamiento social y testeo. Los resultados de la cuarentena comienzan a verificarse en China y las pruebas masivas han sido efectivas en Corea del Sur. Pero como la intensidad del aislamiento es proporcional al desplome de la economía, en todo el mundo se intentó posponer el encierro. Las desgarradoras consecuencias de esa demora han conducido a la posterior generalización de la cuarentena.

En Argentina se decidió una drástico resguardo en los hogares con un número comparativamente bajo de contagiados. En esa resolución influyó la tragedia de fallecidos en Italia y España. Las adversas condiciones de alta circulación de turistas, significativa población adulta e incumplimiento de la cuarentana habrán desencadenado el drama que afrontan ambos países. Pero también el recorte en los presupuestos de salud y la falta de cobertura de los sistemas privados explicarían los contrastes con Alemania. En cualquier caso, la distancia de Argentina con la estructura sanitaria de Europa es monumental.

El gobierno de Fernández adelantó también la cuarentena, conociendo las dificultades para inducir su rápida aceptación social en Argentina. Actuó en forma opuesta a Trump o Johnson, que burlándose de la pandemia exhibieron una irresponsabilidad mayúscula. Bolsonaro mantiene la misma insensatez. Despliega boberías con el uso del barbijo y presenta la enfermedad como un complot de los medios, mientras crece el número de contagiados en su propio gabinete.

ECLIPSE NEOLIBERAL

En muchos casos, las afinidades o disidencias con el neoliberalismo han moldeado la reacción frente a la pandemia. Los gobiernos que santifican el mercado suelen eludir el giro hacia la regulación estatal. El terrible recuerdo reciente de Macri ha facilitado ese viraje en Argentina.

Frente a un peligro de catástrofe sanitaria se observó en el país la misma reacción inicial que en Europa o Estados Unidos. Primero afloró el miedo y una psicosis de acaparamiento en los supermercados. En Argentina ya existe cierto acostumbramiento a los temblores de la economía y a los cataclismos sociales, pero se desconoce la dinámica de una convulsión tan emparentada con situaciones de guerra.

Ese desconcierto explica el incumplimiento inicial de la cuarentena requerida para frenar la transmisión del virus. Posteriormente se ha verificado la aceptación del aislamiento, junto a una oleada de críticas a los sectores acomodados que priorizan sus distracciones al cuidado de la salud pública.

Más significativo es el giro político. Se ha masificado la reivindicación de Aerolíneas Argentinas, frente a la constatación que Fly bondy no acudiría al rescate de ningún ciudadano varado en el exterior. La población se enorgullece del Malbrán, sepultando los elogios neoliberales a la medicina prepaga. Los aplausos nocturnos de homenaje a los médicos y enfermeras ilustran el nuevo clima.

Los fanáticos del libre-mercado guardan silenciado. En un escenario de insustituible intervención estatal, no hay cabida para exaltar los recortes del gasto público. Frente a la urgente necesidad de garantizar la provisión de alimentos y remedios han decaído todos los mitos de la libertad de precios. Tampoco hay espacio para despotricar contra la protección del empleo y el otorgamiento de subsidios a los sectores más paralizados de la economía. La inutilidad del ideario liberal salta a la vista y para eludir esa constatación, Espert y Milei son sigilosamente marginados de la pantalla.

El eclipse neoliberal también se corrobora en la generalizada impresión, que un comando de Macri de la actual emergencia conduciría al país al abismo. No sólo recortó el 23% del presupuesto de salud. Su reacción habitual frente a cualquier crisis era la distracción, el entretenimiento y las vacaciones. No cabe duda que habría privilegiados nuevamente los negocios de sus amigos, al resguardo de la salud pública.

OTRA ESCENARIO FRENTE A LA DEUDA

La pandemia empuja al gobierno a modificar su plan de alcanzar primero un acuerdo con los acreedores, para reactivar luego la economía. La posibilidad de una gran depresión obliga a invertir esa secuencia. La deuda ha pasado a un segundo plano, frente a la urgente necesidad de contener la recesión.

El programa anterior promovía un gran ahorro fiscal para facilitar los pagos a los bonistas. Por eso se suspendió la movilidad previsional y se incrementaron todos los gravámenes. Esta estrategia ha quedado sepultada con un significativo aumento del gasto público (2% del PBI), que sintoniza con el rumbo seguido en todos los países. Pero la fragilidad del sistema sanitario obliga a prender todas las alarmas. En comparación a los montos asignados a la emergencia en los países desarrollados, el auxilio real dispuesto en el país es muy modesto.

 Un problema clave es la financiación de ese gasto. La recaudación sigue en picada y la canilla de préstamos extremos está cerrada. Además, el reperfilamiento de la deuda interna obstruye cualquier captación de crédito local. En un escenario de renovación forzosa de todos los títulos en danza, hay poco espacio para colocar nuevos bonos.

La emergencia sanitaria será solventada en lo inmediato con emisión. Pero la exclusiva utilización de ese recurso podría impactar sobre la tasa de inflación. Por esa razón la suspensión del pago de la deuda externa se ha tornado insoslayable. Es la única forma de sostener el programa contra la pandemia. El gobierno y los acreedores conocen ese dato y ya avizoran un arreglo ajeno al libreto precedente o un default inexorable.

La propuesta inicial de negociar un canje de bonos con quita, reducción de intereses y posposición de pagos ha perdido viabilidad. Todas las medidas adoptadas para transitar por ese rumbo (ley de solidaridad en el Congreso, aval del FMI) son recuerdos del pasado.

Antes de la pandemia, los principales tenedores de los bonos argentinos rechazaban cualquier recorte de sus acreencias. Por eso sabotearon la renegociación de los vencimientos de un bono provincial (Buenos Aires) y otro nacional (Dual). Con esa postura incentivaron el desborde de los indicadores del riesgo país y del costo de los seguros de la deuda (CDS). Pero ahora todos afrontan la novedad de un derrumbe fulminante de las emisiones argentinas. La cotización de esos títulos se ha situado por debajo del 35%.

La sofisticada reestructuración de la deuda que preparaba el ministro Guzmán ha quedado en el limbo. Por ahora mantiene la oferta de canjear todos los pasivos sujetos a la legislación extranjera, pero demandaría una quita más significativa (55%) y una contundente postergación de los pagos por varios años. Se avecina por una vía acordada o compulsiva, la total imposibilidad de transferir fondos a los acreedores. Es el único camino para financiar la emergencia sanitaria y la contención de la recesión.

EL SUICIDO DE CUALQUIER PAGO

Habrá que ver cómo reaccionan los acreedores en mayo y junio frente a los grandes vencimientos de la deuda. Si no hay arreglo se oficializará el default. Los consultores financieros -que reemplazan en las pantallas a los desprestigiados economistas del macrismo- han realzado la conveniencia de una “oferta amigable” a los bonistas. Afirman que es el momento de implementar un canje, con acreedores dispuestos a aceptar cualquier cobro. Pero hasta ahora no existe ningún indicio de esa predisposición. Es tan sólo una posibilidad, que implicaría una infame erogación en plena emergencia sanitaria.

También se resalta la utilidad de un arreglo, antes que los buitres adquieran los bonos e impongan la cobranza total de los títulos. Bajo el macrismo esa cancelación implicó un desembolso de 15 mil millones de dólares, pero no existe ninguna razón para repetir esa estafa. Basta imaginar cuántos hospitales se hubieran podido construir con el dinero girado a los financistas.

Los augurios neoliberales de un gran desastre con el default han perdido sentido. En el vendaval actual el fantasma de un cierre de los mercados crediticios ya no afecta sólo a la Argentina. Impacta sobre muchas economías de la periferia. En medio de semejante crack es ridículo alarmarse por la incierta captación futura de préstamos. Más desubicado es el temor a juicios o embargos de bienes del Estado en el exterior. En el tsunami que afronta Wall Street esas prevenciones son irrelevantes.

Si antes de la pandemia el pago de la deuda imposibilitaba el crecimiento de la economía, en la coyuntura actual conduciría a la catástrofe. Ya no está en juego qué tipo de obstáculos impone el corsé fiscal a la reactivación. El único cálculo importante es cuánto debe aumentar la cobertura de los contagiados. El riesgo-país perdió su impronta financiera y ahora alude a la magnitud de afectados por el coronavirus.

La suspensión de pagos de la deuda es imprescindible para salvar vidas. Todos los cuestionamientos a un giro de divisas que recrea la dependencia, eternizan el sometimiento a los tribunales extranjeros y convalida las estafas han pasado a segundo plano. Ahora resulta inconcebible destinar a los especuladores los fondos requeridos para adquirir reactivos y medicamentos.

REPLANTEOS DEL COMERCIO Y VACA MUERTA

El default parcial que comenzó el año pasado facilita la protección de la economía frente al vendaval internacional. Contiene la transmisión de ese impacto mediante los controles al movimiento de divisas y limita la hemorragia que sufren otros países (Chile, Colombia).

Como el porcentaje total del intercambio comercial sobre el PBI se ubica en la mitad de promedio mundial, resulta posible administrar la inminente contracción del sector externo. Ya es un hecho la reducción de compras de China, la fulminante caída del turismo y la fuerte retracción de la economía brasileña.

Ha comenzado además la revisión de las importaciones para priorizar el uso de las divisas. La vieja obsesión por la “competitividad” del tipo de cambio ha perdido sentido. Si el país “acompaña” la devaluación del real brasileño afectará el intento de reducir la inflación, en un momento crítico para los precios de los bienes esenciales.

También en el terreno de la energía se impone un cambio radical. El derrumbe del precio internacional del petróleo está sepultando el proyecto de Vaca Muerta. Si con el barril a 50-60 dólares esa explotación era inviable, por debajo de los 40 dólares queda archivada.

El mismo replanteo que afecta a la deuda se extiende a los combustibles. Habrá que retomar la inversión en petróleo convencional, cajoneando todas las fantasías de “una segunda pampa húmeda” localizada en Neuquén. La exaltación de Vaca Muerta para pagar la deuda no es sólo inmoral (devastación de los recursos naturales para premiar a los usureros). Ahora se ha tornado ilusoria.

La necesidad de frenar la inflación obliga también a amoldar el precio local del combustible a su nueva cotización internacional. No existe ninguna razón para mantener un nivel de tarifas tan elevado. Es el momento de revertir la influencia del lobby petrolero, que impone remarcaciones cuando se valoriza el petróleo en el mundo e impide reducciones en las secuencias inversas.

REPATRIACIÓN, AUDITORIA, SOBERANÍA

Es indudable que el país necesita divisas para adquirir los insumos de la emergencia. Esos fondos están disponibles en las cuantiosas sumas de capitales argentinos localizados en el exterior. Al cabo de sucesivas hemorragias -con un gran pico de 88.000 millones de dólares durante el macrismo- el total de esos fondos supera el PBI. La crema de la clase capitalista ha depositado su patrimonio en los bancos foráneos y en los paraísos fiscales.

En un momento de exhortaciones a la solidaridad y convocatorias a “cuidarnos entre todos”, la repatriación de esos capitales debería ser una prioridad. Se podrían adoptar varias medidas para inducir el regreso de recursos generados dentro del país. Sus propietarios están identificados y mantienen gran parte de sus activos en Argentina. Existen distintos instrumentos impositivos para implementar esa repatriación.

La auditoría de la deuda haría más factible esa acción. Es sabido que los pasivos contraídos por el estado financiaron la fuga de capital, mediante estafas semejantes a las consumadas por la cerealera Vicentín con los créditos del Banco Nación. Ese tipo de fraude concretaron también los proveedores de Vialidad Nacional y las empresas energéticas, que dolarizaron las tarifas locales para transferir sus ingresos al exterior.

Después de muchos años de cajoneo de la auditoría, el gobierno anunció una investigación del Banco Central y reactivó la comisión bicameral de seguimiento de la deuda. Prometió identificar las operaciones de fuga realizadas con la cobertura del préstamo que el FMI otorgó al macrismo. Habrá que ver si esa iniciativa persiste en la nueva coyuntura. Sería necesario extenderla a todas las transacciones de los últimos años, para contar con un padrón completo de los capitales a repatriar en la actual emergencia.

Este tipo de iniciativas exige la recuperación plena de la soberanía. En todas las latitudes, los estados tienden a suspender los compromisos internacionales que obstruyen el socorro sanitario. En Argentina el ejercicio efectivo de esa soberanía está limitado por la tutela del FMI.

Ese control es archiconocido, pero ha sido relativizado por el gobierno, que presenta al Fondo como un nuevo aliado del país. Se afirma con gran ingenuidad que “nos dio la razón”, que se ha vuelto sensible y contribuirá a lidiar con la codicia de los bonistas.

Pero basta observar cómo el FMI rechazó la solicitud venezolana de un crédito de emergencia ante la pandemia, para corroborar que esa institución no cambió. Simplemente se ubica en la primera fila de los futuros cobradores y exige el reembolso prioritario de su acreencia. Por esa razón se auto-exceptúa de la fuerte quita que propone para los fondos de inversión. El FMI arrastra una gran crisis interna por el crédito que otorgó a la Argentina violando su carta orgánica y teme sufrir en carne propia los efectos del default.

Repitiendo lo ocurrido en el 2008, el FMI propone ahora una fuerte expansión internacional del gasto público. Por esa vía convoca a socorrer a los capitalistas amenazados por el inminente quebranto. Esa política es presentada como otro ejemplo de sintonía con Argentina, cuando el Fondo desestima cualquier quita de sus acreencias con su deudor del Cono Sur. En los hechos, ubica a la Argentina en el pelotón de las economías periféricas, que deberían aumentar sus transferencias a los centros metropolitanos del capitalismo.

PRECIOS, RECESIÓN, INFORMALIDAD

Las medidas del gobierno sintonizan con el nuevo clima internacional de economía de guerra. El propio tono de Fernández es más severo, cuando anticipa penalidades al encarecimiento o al desabastecimiento de productos esenciales.

En los precios de esos bienes se verificará el grado de cumplimiento de las advertencias oficiales. Es totalmente inadmisible lo ocurrido con el alcohol (que desapareció de los comercios) o con el alcohol-gel (que alcanzó cotizaciones delirantes).

Los precios máximos son disposiciones muy distintas a la ley de góndolas o a los índices de referencia, que hasta ahora promovía la Secretaría de Comercio. Ya se mencionan reiteradamente las viejas penalidades que habilita la ley de abastecimiento. Si por esa vía se logra atenuar la carestía, quedarán definitivamente desmentidas todas las tonterías neoliberales sobre la ineficacia de la regulación y el imprescindible reinado del mercado.

Como la retracción de la economía no debuta en Argentina con la pandemia, la contención de la recesión es otra prioridad. El tercer año consecutivo de caída del PBI generará serios efectos acumulativos. Durante el primer trimestre, la reactivación estuvo tan ausente como la promesa de “poner plata en los bolsillos de la gente”. Por un lado, las mejoras otorgadas a los sectores más humildes tuvieron poco impacto sobre la demanda y quedaron parcialmente licuadas por la inflación. Por otra parte, el recorte de las jubilaciones, la ausencia de mejoras salariales y la continuidad de altos impuestos a los trabajadores impidió la reanimación del consumo.

El nuevo escenario disipa todas las expectativas en el esperado repunte. Ya no se discute cuándo arrancará la economía, sino cómo evitar un mayor declive. Las primeras estimaciones auguran un retroceso adicional del 1% del PBI y un incremento de dos o tres puntos de la pobreza.

El gobierno ha buscado transitar un camino intermedio entre el ajuste y la redistribución. Por eso osciló entre las mejoras y el torniquete. Otorgó alivios sociales (aumentos de la asignación universal y las jubilaciones mínimas, reducción de tasas de interés, congelamiento de tarifas, limitaciones al despido, tarjeta alimentaria). Pero también avasalló derechos, como la suspensión de la movilidad de las jubilaciones y el intento de eliminar la cláusula gatillo de incremento de los salarios por la inflación.

Habrá que ver si esa línea -igualmente distanciada del ajuste y la redistribución- se mantiene en el nuevo escenario. Por ahora se anunció otro incremento de la AUH y de los fondos para el programa contra el hambre. Se dispusieron sumas de emergencia para los jubilados que perciben ingresos bajos y se otorgaron licencias a los trabajadores con hijos escolarizados.

 También se prohibió el corte de todos los servicios y se impuso la postergación forzada del pago de las facturas. Pero al mismo tiempo, las exenciones a las contribuciones patronales y a los gravámenes de las empresas, no fueron extendidas al impuesto a las ganancias que tributan los trabajadores.

Los problemas más urgentes se localizan en la masa de trabajadores precarizados y cuentapropistas, que necesitan comer durante la cuarentena. Dependen de un sustento diario obtenido en las calles y en las actividades informales. Los anuncios de un auxilio adicional apuntan a ese tercio de la población, diferenciado tanto de los trabajadores formales como de los asistidos por el estado. Allí se concentran las mayores necesidades del momento.

RECONVERSIONES CON HISTORIA

Las medidas en curso mantienen cierto hilo conductor con el programa económico inicial, pero alterando su contenido. Ahora predomina un propósito keynesiano de utilizar gasto público, para impedir que la recesión se transforme en depresión. Con ese propósito se reintroducen los mecanismos de subsidio a las empresas implementados durante la crisis del 2008-09 (Repro). En ese momento se sostuvo la demanda interna con los recursos del Fondo de Garantía del sistema previsional. Ahora esos resguardos son mínimos y las necesidades de inversión en salud pública son gigantescas.

Aún se desconoce cómo distribuirá el gobierno las erogaciones entre compensaciones a los empresarios y auxilios a los trabajadores. Seguramente intentará mantener cierto equilibrio entre las subvenciones a los capitalistas, el sostén de los ingresos populares y el mantenimiento de la obra pública.

Pero su diseño social previo perdió vigencia. En el debut del primer trimestre Fernández intentó acordar con los acreedores, incrementar la presión impositiva sobre clase dominante y conceder mejoras al sector popular más postergado. Pretendió afianzar una alianza con el FMI, en desmedro de los fondos de inversión y aumentar el cobro de impuestos a la cúpula agro-sojera, favoreciendo a la industria y los bancos. También intentó apuntalar a los más empobrecidos, sin mejorar el salario y sin aliviar la situación de la clase media. Ese complejo armazón ahora trastabilla.

El torbellino en curso impactará también sobre una estructura industrial, que ha quedado segmentada entre un sector paralizado y otro que debe operar a pleno. Los shoppings, el turismo y los restaurantes han quedado inmovilizados, pero el abastecimiento de alimentos, remedios y energía deben multiplicarse. Esa remodelación trastoca el proyecto precedente. El esquema neodesarrollista que ambicionaba Kulfas, para resucitar el actual modelo industrial con mayores exportaciones de soja y petróleo, ha quedado muy afectado.

Las drásticas reestructuraciones que se estudian en otros países podrían resultar aleccionadoras. En Inglaterra se evalúa la reconversión de la industria automotriz para fabricar respiradores. Es la típica mutación de las situaciones de emergencia que debería considerar el país. Todo indica que será muy difícil volver a producir y vender un millón de vehículos.

Algunos cataclismos internacionales brindaron en el pasado cierto respiro a los países que bordean la economía mundial. Esas adversidades indujeron en nuestro país procesos de industrialización y ampliación del mercado interno. Facilitaron la sustitución de importaciones que definió el modelo industrial vigente durante varias décadas. La percepción que “Argentina se agranda en las malas” proviene de esas experiencias. Habrá que ver si el temblor en curso precipita transformaciones del mismo alcance.

GOBIERNO, CONDUCTAS Y VALORES

La presidencia efectiva de Fernández comienza con la crisis actual. Es muy probable que su manejo de esta conmoción, defina la tónica conservadora o progresista del quinto peronismo. Alberto proviene del primer sector, pero se amoldó al segundo por el preeminente liderazgo de Cristina durante la sucesión de Macri. La redefinición en curso hace tambalear el proyecto inicial de repetir el equilibrio de Néstor, incorporando ingredientes de institucionalidad alfonsinista a la coalición gobernante.

Fernández ha logrado afianzar la hegemonía que introdujo al inicio de su gestión. Ya consiguió el acompañamiento de la oposición, la tregua de los medios de comunicación y el continuado sostén del electorado que apostó a superar la pesadilla del macrismo. Cuenta además con la aprobación de los científicos y sanitaristas, que ejercen una influencia mayúscula en la coyuntura actual.

La derecha ha perdido gravitación. Sus exponentes están callados o subordinados a las decisiones del gobierno. Nadie se acuerda de Carrió o Michetti y los medios conservadores prefieren esconder las delirantes declaraciones de Macri (“el populismo es peor que el coronavirus”). El fracaso del lock out de la patronal agraria confirma ese declive.

Pero este escenario puede cambiar abruptamente si las respuestas a la crisis son inadecuadas. La población evalúa con enorme atención la gestión oficial del vendaval económico y sanitario. El cumplimiento de la cuarentena será el primer test. No funciona por simple obligatoriedad y supone una gran disposición solidaria para proteger a los grupos de mayor riesgo.

El uso de la fuerza pública para garantizar el aislamiento social es muy problemático. Entraña peligros de militarización y utilización reaccionaria de la emergencia. Basta observar cómo Piñera utiliza el pretexto del coronavirus para aplastar la rebelión popular en Chile. También en Bolivia la dictadura aprovecha la pandemia para eternizar su usurpación.

Para los movimientos populares el nuevo escenario es muy contradictorio. Por una vía impensada ha sido desactivada la movilización callejera, en plena preparación manifestaciones feministas y marchas del 24 de marzo. Nadie imaginó semejante desarme de la protesta por el impacto de un virus. Es un efecto muy chocante para un país que procesa su vida política en la calle.

Pero también emergen elementos positivos en un escenario que despierta la conciencia colectiva. Ya se percibe cómo la población premia la solidaridad, la hermandad o el auxilio de los semejantes y de qué forma condena el egoísmo y el individualismo. El ejemplo de solidaridad internacionalista de los médicos cubanos recobra significado y se ensancha el auditorio para las críticas al capitalismo. Hay nuevas coordenadas para actuar en un contexto inédito.

24-3-2020.

Claudio Katz

Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz