En medio del desgobierno que ha caracterizado la administración del presidente Iván Duque Márquez en sus 19 meses de mandato además de la férrea protesta ciudadana, el bajo nivel de aprobación de la ciudadanía colombiana medida en las encuestas en que el 71% de los encuestados desaprueba su gestión con apenas un 23% de apoyo, el rechazo a dos informes de agencias de Naciones Unidas que raja al gobierno en materia de derechos humanos por el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de la guerrilla de las FARC en proceso de reinserción, son más de 800 líderes y lideresas asesinados desde noviembre de 2016 en que se firman los acuerdos de paz y cerca de 200 excombatientes asesinados desde esa fecha, así como escándalos de corrupción, ahora se suma un señalamiento de financiamiento ilegal de su campaña con recursos suministrados “por debajo de la mesa” para la compra de votos en el departamento de la Guajira que procederían del narcotráfico y de la criminalidad organizada. Esto último es lo que deja ver una grabación lograda mediante interceptación legal al testaferro y narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte conocido como el Ñeñe Hernández.

Todo es turbio como las relaciones que ha mantenido, a lo largo de su vida pública, el hoy senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Todo arranca con el asesinato del joven Oscar Rodríguez Pomar el 18 de agosto de 2011. Este joven era el hijo de un sastre y prestamista de Barranquilla, Carlos Rodríguez Gómez, quien según informaciones que reposan en el expediente judicial abierto por este asesinato le habría prestado más de mil millones de pesos al Ñeñe Hernández quien, para no pagar la deuda, se habría complotado con otros deudores de Carlos Rodríguez y habrían decidido asesinarlo.

En este asesinato habrían participado además del Ñeñe el exalcalde de Tenerife, Omar Vanegas y un venezolano llamado Edmundo González, alias Peco, para ello habrían contado con la participación de alias Marquitos Figueroa, Marcos de Jesús Figueroa García, quien habría contratado al sicario para que diera muerte a Carlos Rodríguez. Pero cometieron una fatal equivocación pues el sicario asesinó por equivocación al hijo de Carlos Rodríguez, el joven Oscar Rodríguez Pomar. Marquitos Figueroa es jefe de una banda con sede principal en el departamento de la Guajira que está al servicio del narcotráfico y del contrabando en esa región del país. Fue preso en Brasil y extraditado a Colombia y actualmente se encuentra preso en la cárcel La Picaleña de Ibagué, acusado por múltiples delitos. Era aliado del exgobernador de la Guajira Kiko Gómez quien fue condenado por asesinato a más de 50 años de cárcel.

En desarrollo de la investigación por el crimen de Oscar Rodríguez Pomar la fiscalía general de la Nación con la autorización de un juez interceptó el teléfono del Ñeñe Hernández desde el año 2018, pues desde el año 2015, un informe de la Dirección General de Inteligencia de la policía Nacional, DIJIN, señalaba al Ñeñe Hernández como el brazo político y testaferro de la organización criminal dirigida por Marquitos Figueroa. La interceptación tenía como propósito central avanzar en las investigaciones sobre el crimen de Oscar Rodríguez en que uno de los principales sospechosos era justamente el Ñeñe Hernández. Y es en este proceso que contiene cerca de 25 mil horas de grabación que aún no se conocen todas las conversaciones del Ñeñe, en que aparece la compra de votos y la recolección de dineros para esta actividad criminal ligada a la campaña de Duque para la segunda vuelta presidencial.

En una grabación del 3 de junio de 2018, justo 13 días antes de la segunda vuelta presidencial que enfrentó a Iván Duque con el candidato de centro izquierda Gustavo Petro, el Ñeñe Hernández señala que tiene mil millones de pesos para comprar votos en la Guajira, parte de esos recursos se los habrían robado a la campaña de Germán Vargas Lleras según dice el Ñeñe en esa conversación que a todas luces parece ser con la señora María Claudia Daza de la Unidad de Trabajo Legislativo de Álvaro Uribe Vélez. La señora que habla con el Ñeñe le dice que es la instrucción de Uribe y Duque ganar en la Guajira y el Ñeñe le señala que tiene esa suma de dinero para la compra de votos. Esto está en esas grabaciones que fueron engavetadas, refundidas, hasta que salieron a flote en el proceso de investigación del asesinato de Oscar Rodríguez y fueron inicialmente divulgadas desde La Nueva Prensa por el periodista independiente Gonzalo Guillén.

Las respuestas de la fiscalía sobre porque no se abrió ni se compulso copias a las autoridades competentes para que se asumieran las investigaciones sobre el financiamiento ilegal por el narcotráfico a la campaña de Duque es realmente ridícula. Según lo dijo el propio Fiscal General se debió a que los fiscales encargados del seguimiento del caso no consideraron que deberían hacerlo, porque su investigación era sobre el crimen de Oscar Rodríguez y por tanto no consideraron importante trasladar el proceso o iniciar una investigación. En realidad se sospecha que aún bajo la fiscalía del corrupto Néstor Humberto Martínez es muy probable que se haya ordenado dormir o engavetar esa información que hoy sale a la luz pública y mancha la legitimidad de la elección de Duque.

Ante estos hechos Duque ha salido a decir que “Quiero dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña (…) ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”. Así mismo ha señalado que no tenía relación estrecha con el Ñeñe pero decenas de videos y fotografías que circulan por las redes sociales muestran a Duque en parrandas con el Ñeñe, abrazos efusivos y trato muy cercano. Pocos creen a Duque pues en una crónica de un periódico regional de Valledupar, El Pilón, se cuenta que Duque y el Ñeñe eran amigos desde su juventud. Así mismo se ven fotografías y videos del Ñeñe en actos de campaña y se ha documentado que una camioneta de una de las empresas del Ñeñe, La Gloría Ganadería, estuvo al servicio de la campaña de Duque en Valledupar y en ella se desplazaron los directivos nacionales y regionales de esa campaña.

La actitud del Uribismo ha sido la de negar trato estrecho con el testaferro y narcotraficante. Ante la probable evidencia de relación entre el Ñeñe y la asistente de Uribe en el Congreso rápidamente y como siempre suele hacerlo con estrechos colaboradores, Uribe admitió que probablemente la voz de la grabación si es la de La Caya Daza como le dice y la inculpa de comprometerlo a él y al presidente, obviamente señalando que él nada tiene que ver con esos hechos. La señora Daza renuncia y se marcha del país, al cual tendrá que regresar para responder en los procesos penales que se han abierto tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la propia fiscalía y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que son los organismos competentes, ésta ultima el único órgano que puede investigar a Duque como presidente pues goza de fuero constitucional. La investigación se complica puesto que el Ñeñe Hernández fue asesinado el 2 de mayo de 2019 en Uberaba, Brasil.

La muerte del Ñeñe Hernández fue lamentada por Uribe en su cuenta oficial de Twitter aunque ahora dice que lo hizo por solicitud de amigos ganaderos del departamento del Cesar. Pero no solo Uribe y Duque están en el centro del huracán político desatado alrededor de este caso. Han salido a la palestra las estrechas relaciones del Ñeñe Hernández con generales del ejército como el general actualmente en ejercicio, Oscar Rey Linares quien transportó al Ñeñe en un helicóptero del ejército en la ruta Agua Chica-Valledupar en el año de 2018 a un Consejo de Seguridad en el cual él participó y también el Ñeñe Hernández, hay otras fotografías con generales del ejército y de la policía. Las respuestas y pronunciamientos son realmente ridículos. Todos dicen que al momento de los hechos el Ñeñe era un empresario y que ellos no sabían de su pertenencia a organizaciones criminales pese a que un informe de le Dijin como ya señalamos desde el año 2015 lo relacionaba como brazo político y testaferro de la organización criminal de Marquitos Figueroa.

Sobre el futuro de las investigaciones hay serias dudas dado el diseño institucional que en Colombia favorece en un muy alto grado la impunidad. La Fiscalía General está dirigida actualmente por Francisco Barbosa quien debe su cargo al presidente Duque que lo postuló para su elección por la Corte Suprema de Justicia, Barbosa tomó parte activa en la campaña de Duque. Lo adecuado sería el nombramiento de un fiscal ad hoc para todo lo relacionado con esta investigación pues Barbosa no es garantía de imparcialidad. Pero es muy remoto que se separe de esta investigación, precisamente para eso fue nombrado allí. El Consejo Nacional Electoral, CNE, que debe investigar el financiamiento ilegal de la campaña de Duque está conformado por consejeros nombrados en el Congreso por los partidos políticos y tampoco allí se prevé que las investigaciones avancen y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ninguna investigación en contra de los presidentes de la República han avanzado. Es un problema estructural, es un problema del diseño institucional que favorece la impunidad. Poco qué hacer. Solo si se levanta un movimiento ciudadano que exija avanzar se podría esperar que las investigaciones avancen.

Con los señalamientos del Ñeñe Hernández ya son dos y en dos regiones diferentes los nexos de la campaña de Duque con financiamiento procedente de la ilegalidad. Aida Merlano la exsenadora actualmente presa en Caracas, señaló que habrían ingresado de manera ilegal seis mil millones de pesos para la compra de votos a favor de Duque en el departamento del Atlántico y principalmente en Barranquilla que habrían sido suministrados por contratistas y por los clanes políticos de Gerlein y los Char, que dominan la política en esta región. Habría que investigar a los otros clanes que apoyaron a Duque en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar y en otras regiones del país para ver la magnitud de la compra de votos en la campaña que llevó a Duque a la presidencia de la República. Ya veremos si salen a la luz pública esas relaciones y el financiamiento de la campaña por actores ilegales como todo indica sucedió en Cesar, la Guajira y el Atlántico.

Bogotá marzo 12 de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)