En marzo del año 2018 fue allanada la sede política de la entonces representante a la Cámara y aspirante al Senado de la República por el partido Conservador, Aida Merlano. La policía que practicó el allanamiento dijo haber encontrado dinero en efectivo, bases de datos y planillas así como un aplicativo que tendría como función el comprobar que efectivamente los votos comprados se depositaran a favor de la candidata. Al mismo tiempo se encontraron unas armas de fuego que desde el comienzo Merlano rechazó que fueran de su propiedad y que señaló como elementos “sembrados” allí para implicarla. En septiembre de 2019 la sala de instrucción de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a 15 años por corrupción al elector, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Esta sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Quince días después Merlano Rebolledo protagonizó una fuga espectacular desde un consultorio odontológico descolgándose por una cuerda y huyendo de la guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, que la custodiaba. El plan de fuga contó con la participación de funcionarios del INPEC que están siendo investigados toda vez que se comprobó que las medidas de seguridad fueron flexibilizadas días antes de la fuga. Según dos recientes comparecencias públicas una ante la Justicia Venezolana que la acusa de entrada ilegal al país y de porte de documentos falsificados y una entrevista a la revista Semana, Merlano ha señalado que la fuga fue organizada por dos de los clanes electorales más poderosos de la región Caribe, el Clan de la familia Char y el clan de la familia Gerlein que dominan desde hace muchos años la política local en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla.

Merlano dice no conocer los detalles del plan de fuga pero señala que quienes organizaron su huida fueron estos clanes que con ello querían que Merlano no los implicara en las investigaciones que la Sala de Instrucción que la condenó ordeno contra 17 personas del entorno político de Merlano. La Corte ordenó investigar a Arturo Char senador electo de la casa Char y a quien Merlano acusa de ser el organizador de su fuga así como al empresario Julio Gerlein, junto a ellos la Corte ordenó investigar a otras 15 personas entre ellos también al representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz, a la diputada Margarita Ballén y a la excandidata a la Cámara de Representantes que era su fórmula, Lilibeth Llinás de la casa Char y que no fue electa por no alcanzar los votos necesarios para ser electa. La fuga tendría entonces como propósito evitar que Merlano los implicara en estas investigaciones.

Recapturada en el estado de Maracaibo y conducida a Caracas, Merlano desde entonces ha prendido el ventilador. Dice que una vez concretada la fuga sus cómplices prácticamente la retuvieron en contra de su voluntad y que en estas condiciones decidió escapar pues lo que querían era asesinarla. Y aquí comienzan los señalamientos más graves, dice que el presidente Duque estaba al tanto su fuga y que justo cuando escapa el presidente aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que condujera a su captura, también señala que Duque estaba al tanto de la compra de votos para su elección en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018 y que con este propósito se habría reunido con los Gerlein y los Char en Barranquilla. Admite que en su campaña se compraron votos como también señala que lo hicieron en la campaña de Cambio Radical y que los verdaderos cerebros de su campaña fueron los Char y los Gerlein que llegaron a un acuerdo para apoyarla a ella como candidata del partido Conservador al senado de la República y a Lilibeth Llinas por el partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes.

Denuncia así mismo la corrupción en la Alcaldía de Barranquilla ocupada hasta el pasado 31 de diciembre por Alex Char. Todos los contratos pagaban un porcentaje para las campañas políticas no solo de los Char sino para las campañas presidenciales y en este contexto dice que Germán Vargas Lleras habría sido el responsable de repartir entre los caciques electorales en el año 2014, 15 mil millones de pesos para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Estos dineros provendrían de los clanes de los Char y los Gerlein y de la corrupta firma brasilera Odebrecht. Sobre esa repartija ya se había referido en noviembre de 2017 el senador del Partido de la U, Armando Benedetti quien además de Vargas Lleras implicó al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. A pesar de esas denuncias nada ha pasado. Obvio porque el Fiscal Martínez no se iba a investigar así mismo ni tampoco a su jefe político Vargas Lleras.

Merlano afirma cosas que el país sabe de sobra. Que detrás de Néstor Humberto Martínez estaba Germán Vargas Lleras. Que una vez decide colaborar con la fiscalía en el proceso que se abre contra los otros implicados, el Clan de los Char y los Gerlein, se enteran y la costriñen para que no declare, sería ese temor el que activa el plan de fuga. Mucho dinero se repartió para ese plan ella dice que cerca de 1700 millones de pesos. Denuncia actos puntuales de corrupción para entregar licitaciones de obras públicas como el aeropuerto de Barranquilla o el contrato de Navelena, intervención para la navegabilidad del rio Magdalena, en el que estarían el grupo de Luis Carlos Sarmiento y Valorcon de Julio Gerlein. En esa trama de corrupción que compromete a Sarmiento Ángulo, al clan de los Char a través de sus negocios y del Clan Gerlein a través de Valorcon. Dice tener pruebas concretas de esa trama de corrupción en la contratación y en la política del Atlántico y de la Costa Caribe. Califica estos clanes como criminales.

Muchas cosas que dice Aida Merlano han sido documentadas por investigaciones académicas desde hace ya muchos años. El modelo político del Atlántico es sencillo y perverso. Durante más de cuarenta años la casa Gerlein hizo elegir a Robeto Gerlein Echeverria como senador de la República por el partido Conservador, su hermano Julio Gerlein era quien manejaba los negocios para lo cual conformó una empresa de construcción que contrataba con el Estado, Valorcon. Las gestiones para la adjudicación de contratos en el orden municipal, departamental y nacional las hacía el senador Roberto Gerlein a favor de Valorcon y a cambio su hermano era quien organizaba la compra de votos que Gerlein en varias entrevistas periodistas reconocía como algo natural en la Costa caribe y en otras regiones del país y de las cuales por decenas de años se benefició.

Con el poder político adquirido penetraron y dominaron y aún lo hacen los aparatos de la justicia y los organismos de control como la fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General, de esta manera garantizaban y garantizan aún la impunidad para sus actos de corrupción. Nada se investiga. Esto llega al colmo bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez militante y dirigente activo de Cambio Radical que es el partido del Clan de los Char. Por eso dice Merlano que más se tardó ella en contactar a la fiscalía para colaborar en las investigaciones en contra de Arturo Char y Julio Gerlein, que ellos en saberlo.

Lo que describe en muchos aspectos es creíble pues ella no solo fue la amante de Julio Gerlein sino que fue una mochilera como se le dice a quienes como activistas reclutan a líderes sociales en los barrios de Barranquilla y de las otras ciudades de la Costa Caribe para la compra de los Votos. Fueron más de 20 años que convivió con los poderes locales y se benefició de ellos. Tiene porque saber su funcionamiento pues estuvo en sus entrañas. Ahora ha decidido hablar pero la suerte de lo que está contando es incierta pues el ordenamiento institucional de la Justicia favorece la impunidad. El reciente nombrado fiscal General, Francisco Barbosa, es un íntimo amigo del presidente Iván Duque que lo ternó, ¿qué interés tendría en investigar la compra de votos, los pagos ilegales y la corrupción que dice Merlano que se presentó en la segunda vuelta presidencial que condujo a la elección de Iván Duque a la presidencia de la República?

Mientras los organismos de control e investigación estén nominados y nombrados por el poder sean los alcaldes y concejos municipales que eligen a los personeros y contralores o el presidente que terna los candidatos a fiscal General que los elige la Corte Suprema de Justicia, poco podremos esperar de la independencia de estos funcionarios y de estos organismos. Es clarísimo que el nombramiento de Néstor Humberto Martínez fue propiciado para encubrir la corrupción de Odebrecht y el entramado de corrupción en el financiamiento de las campañas presidenciales del Uribismo que en el año 2014 presentó como candidato a Oscar Iván Zuluaga. Odebrecht financió al publicista Duda Mendoza quien oriento la campaña publicitaria de Zuluaga y un grupo de empresarios del Valle del Cauca sirvieron de intermediarios para hacer llegar los miles de millones de pesos a la campaña de Santos, eso se sabe, pero nadie investiga. La justicia requiere una profunda reforma para que sea realmente independiente pero esa reforma no será presentada por los personeros del régimen que nos domina.

Tendrá que presentarse una verdadera revolución ciudadana para que los organismos de control e investigación del Estado estén en manos probas y para que los organismos de la Justicia sean realmente independientes. Esas reformas solo podrán hacerse si electoralmente se derrota al régimen.

Bogotá 20 de febrero de 2020.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)