Entrevista con Iris Varela, ministra del Poder Popular por el Servicio Penitenciario.

Iris Varela, ministra del Poder Popular por el Servicio Penitenciario, nos recibe en su oficina en el Ministerio, eficiente y volcánica. Está examinando las solicitudes de algunos de los principales medios internacionales que solicitan la entrada a las cárceles. La ministra se inclina para darles la bienvenida, aunque sabe que, en el mejor de los casos, se publicarán algunas líneas, ubicadas en un contexto que no tiene en cuenta la realidad. Obviamente, espera que prevalezca la fuerza de los hechos.

Contra los retrasos, la ineficiencia y la burocracia, el presidente Maduro ha anunciado que habrá una revolución en el sector judicial. ¿Qué significa esto para su ministerio?

Siempre hemos estado convencidos de que la revolución todavía tiene una deuda con el sistema de justicia, es decir, que todavía se necesitan cambios importantes. Por lo tanto, el anuncio de Maduro es muy oportuno, esperado por todos los que trabajan en el campo penitenciario en la perspectiva contemplada por nuestra constitución, una de las mejores del mundo. Un texto que ofrece muchas herramientas para garantizar la soberanía del país, para la inclusión social y para promover los derechos fundamentales. Los derechos que se consideran mercancías en el capitalismo para alimentar la voracidad del sistema a expensas de la gran mayoría, aquí son parte de la política estatal. La vivienda, por ejemplo, es un derecho humano inalienable, y también lo es la salud pública, la educación, por mencionar solo tres áreas fundamentales. La revolución ha dejado en claro que se trata de derechos humanos que no pueden comercializarse, que deben garantizarse de forma gratuita y de calidad. Esto también se aplica a la justicia. Aquí, si alguien no puede pagarle al abogado, el estado lo hace, para garantizar el derecho de defensa. La reforma aprobada durante la Cuarta República, antes de la constitución de 1999, no se ajustaba a la demanda de justicia rápida, oportuna, gratuita y de calidad que el pueblo venezolano merece, y ahora, según la experiencia acumulada, todavía hay muchas cosas que mejorar. Después de este anuncio del presidente, le envié algunas ideas. Entre estas, la propuesta de revisar el sistema de jueces. Hay tres tipos: un juez de control, uno de juicio y uno de ejecución. Este último debe presidir la ejecución de la sentencia, es decir, visitar a los privados de libertad en las cárceles, hospitales judiciales, tener contacto con las familias, todo lo que no hacen. Por lo tanto, esta figura jurídica ha surgido como una especie de duplicación con respecto a la función de nuestro ministerio, y representa una duplicación de recursos, un desperdicio. De hecho, es el estado el que se encarga de todo. Somos nosotros quienes organizamos la recuperación, dentro y fuera de la prisión, quienes trabajamos en la construcción del hombre nuevo y de la mujer nueva.

Como abogada y considerando el respeto a la independencia de los poderes, ¿cuáles podrían ser los pilares de la reforma de justicia?

Creo que la aprobación de un nuevo código penal debería proponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando formé parte del comité de política interna, estábamos llevando a cabo este proyecto en el Parlamento, estaba casi listo, pero luego vinieron otras personas que tenían otros propósitos. Sería cuestión de retomar ese texto nuevamente, superar el código penal que proviene de la Cuarta República y adaptar el nuevo proyecto a nuestra constitución. Me parece una de las tareas más urgentes. Además, la tipología de los crímenes debe ser reconsiderada. Desafortunadamente, hay algunos que no dejarán de existir por arte de magia: robo, narcotráfico, asaltos. Pero hay otros que surgen en función de la dinámica social y política y cuyas sanciones son obsoletas. Piense en los crímenes brutales cometidos por la extrema derecha contra nuestro pueblo, la conspiración bestial de aquellos que quieren entregar nuestra soberanía al enemigo. Delitos revindicados públicamente por los distintos Julio Borges o Juan Guaidó. En los Estados Unidos, estos personajes habrían sido condenados a muerte. Con nosotros, la sentencia máxima es de treinta años y se garantiza un amplio sistema de beneficios. Creo que sobre estas personas debería recaer todo el peso de la ley. Además de ser sentenciados a la pena máxima, deberían ser excluidos de los beneficios y, una vez que hayan terminado de cumplir su sentencia, deberían ser expulsados del país.

¿Cómo se tratan los feminicidios y la violencia de género en la construcción de un nuevo ser humano, masculino y femenino? ¿El personal está capacitado para esto?

El Estado ofrece garantías y atención tanto al reo como a la víctima, y a las familias. También hacemos esto con personas privadas de libertad por los delitos de feminicidio. Sí, el personal tiene capacitación en género. Se puede debatir si, en ciertas circunstancias, el castigo sirve para el propósito para el que fue diseñado, pero este es un gran debate. Mientras tanto, en un país donde los derechos humanos están garantizados y existen muchos mecanismos para llevar a cabo un proceso de inclusión, ¿por qué no hacerlo también en prisión? Aquí las penas no son muy largas, y aquí preparamos a los privados de libertad para regresar a la sociedad como personas diferentes, después de haber reflexionado sobre el crimen cometido. Hagamos que reflexionen sobre lo que significa quitarle la vida a un ser humano, el crimen más grave que se puede cometer. Si no cambian y vuelven al crimen, serán rechazados por la comunidad y la opinión pública. Esto también se aplica a los feminicidios.

Todos los informes sobre el estado de las cárceles en Venezuela utilizan datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, que van en la dirección opuesta a lo que se puede ver al visitar el circuito penitenciario. ¿De dónde provienen estos datos?

De las agencias de la CIA como la NED y la USAID, que encargan a un individuo que, en 8 años de aplicación del nuevo sistema penitenciario, nunca ha sido visto una vez. Vemos más a los emisarios de Bachelet, quienes después de alabar nuestro trabajo firmaron un informe preempaquetado. Vemos más a los operadores de la Cruz Roja Internacional, que han estado aquí durante cuatro años y que están haciendo su trabajo correctamente. Vemos más a diputados opositores que tienen acceso libre. ¿De dónde provienen ciertos datos? Desde la imaginación de estos agentes de la CIA que, como Guaidó y su pandilla, tienen su precio.