En la búsqueda de un orden social e internacional en que sean plenamente efectivos los Derechos Humanos, desde 1998 el pueblo venezolano decide apoyar en forma sucesiva y mayoritaria el proyecto político de la “Revolución Bolivariana” determinando así en forma libre su condición política como país.

Consistente con tal proyecto, la entonces República Bolivariana de Venezuela (RBV) es refundada en un proceso constituyente en 1999, a raíz del cual el Pueblo refrenda una nueva Constitución, por la que pasan a ser derechos irrenunciables de la Nación venezolana: ”la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”, principios establecidos tanto para normar sus relaciones internacionales, como para el manejo nacional de las diferentes riquezas del país.

El haberse dado una condición política libremente determinada, basada en tales principios y normas, constituyen una afrenta para los planes globales de recolonización hemisférica del Gobierno de los Estados Unidos, por lo que éste empieza a implementar consecutivamente diferentes estrategias basadas en su tradición intervencionista, aunque su desarrollo implique cometer flagrantemente Crímenes de Derecho Internacional

contra la población de la República Bolivariana de Venezuela.

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