En días recientes, el Senado de la República dio a conocer la lista de los temas que legislará durante el periodo ordinario de sesiones que apenas inició y culminará en abril. Entre ellos se encuentra la regulación integral de la marihuana, cuestión que al menos desde hace un año ha estado en el centro de la agenda legislativa.

Según el proyecto de dictamen que retomaron varios medios de comunicación, se busca reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal a fin de establecer los lineamientos que regirán todos los eslabones de su cadena productiva, desde la siembra hasta su comercialización. Además, se creará el Instituto Mexicano del Cannabis, entidad que estará encargada de la regulación del sector.ⁱ Con ello, el consumo del cannabis será despenalizado en prácticamente todo uso, desde el lúdico hasta el farmacéutico.

La noticia ha sido en general bien recibida por muchos sectores sociales que ven en ella un paso fundamental para resolver la crisis de violencia e inseguridad que azota al país desde que Felipe Calderón declarara la llamada guerra contra las drogas en diciembre de 2006, pues argumentan que el prohibicionismo sólo ha favorecido a los grupos delincuenciales que han obtenido ganancias exorbitantes por su tráfico ilícito, recursos que se han traducido en un poder de fuego cada vez mayor y una altísima capacidad corruptora sobre distintas autoridades e instituciones gubernamentales. En contraste, aseguran que permitir su consumo lúdico provocará un cambio radical de paradigma, atacándolo desde la salud pública en lugar de la seguridad. Con ello, ante la ley el consumidor ya no sería un delincuente sino un paciente; y la cadena de producción, tránsito y consumo dejaría el mercado negro para convertirse en una industria legal que pague impuestos, genere empleos y destine parte de sus ganancias para la atención de las personas adictas.

Visto desde esta óptica, los anteriores argumentos parecen incontestables. ¿Quién iba a oponerse a la búsqueda de alternativas después de los cientos de miles de muertos y la violencia extrema que hemos vivido durante la pasada década, priorizando los médicos sobre los policías y militares y la construcción de hospitales en lugar de cuarteles?

Sin embargo, los personajes que han impulsado esta medida, incluyendo a los líderes de opinión y políticos de carácter progresista que la han abanderado, no han abordado en toda su complejidad el fenómeno, cuestión que no deja de parecer riesgosa.

Aquí vale la pena aclarar: cuando se hace referencia a los riesgos que puede generar el fin del prohibicionismo en materia de drogas, al menos en este espacio no se parte de filias o fobias personales sino de escenarios construidos tras la revisión de otras experiencias históricas. Como sostuviera el historiador estadounidense Howard Zinn: “la historia como la memoria puede liberarnos cuando el presente aparece como un hecho irrevocable de la naturaleza. La memoria nos puede recordar las posibilidades que hemos olvidado, y la memoria histórica puede sugerirnos alternativas que de otra manera nunca habríamos considerado.” (Citado en: Saxe, 2002: 86).

Por ende, los cambios al marco legal mexicano deberían iniciar con una revisión exhaustiva de lo que otras naciones han hecho en la materia y cuáles han sido sus resultados, obviamente sin dejar de tener presente el contexto en el que se desarrollaron. De esa manera, el legislador tendría un panorama mucho más amplio para comprender los alcances de sus decisiones, prever sus posibles efectos indeseables y construir caminos para atajarlos incluso antes de que se presenten.

Y en materia de drogas uno de los primeros ejemplos que los tomadores de decisión deben tener presente es el de China, pues más allá de la distancia temporal y espacial, el caso resulta interesante porque es uno de los primeros casos documentados a nivel global sobre un país que transitó de un marco legal prohibicionista a uno que despenaliza su consumo y comercio. Su análisis nos puede ser útil porque podría ayudarnos a dilucidar algunos escenarios considerando las semejanzas que existen con el México actual. Sin embargo, es preciso reconocer los límites del presente trabajo pues no aborda temáticas de primer orden que incluso ameritarían un análisis particular subsecuente, entre los que destacan el factor internacional; las probables repercusiones de la legalización de la marihuana sobre el mercado de drogas en México; la situación actual de los carteles respecto a la producción de marihuana; entre otros.

El caso chino

A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña (GB) y la Compañía Británica de las Indias Orientales (CBIO) se hallaban en plena expansión y registraban superávits comerciales con gran parte del mundo, salvo una notable excepción: China. Para ese entonces, el té se había convertido en un producto de consumo habitual en Europa y sólo en el gigante asiático era posible obtenerlo, por lo que la CBIO enfocó sus esfuerzos en asegurarse su monopolio. Entre 1794 y 1816 los británicos presentaron propuestas al imperio chino para lograr un trato comercial preferencial, pero fueron rechazadas por los asiáticos que al no encontrar ningún bien que pudieran adquirir de Occidente, optaron por mantener su economía cerrada al comercio con el exterior. Ello significó entre otras cosas, que su comercio se realizaría exclusivamente mediante los monopolios Cohong, especialmente los establecidos en Canton (la puerta comercial del imperio chino hacia el exterior); y sólo aceptarían plata a cambio de sus telas, porcelanas y té.

Como un mecanismo para equilibrar su balanza de pagos, GB impulsó la introducción de opio a China gracias al control que ejercía sobre Bengala, la mayor zona de producción del orbe, generando muy pronto una situación bastante delicada para los chinos. Celaya (2008) afirma que para 1836 existían alrededor de 12 millones de adictos en China que consumían casi dos mil toneladas al año, fenómeno que estaba revirtiendo la balanza comercial china con el exterior: pasando del superávit de 26 millones de libras durante la primera década del siglo XIX, a un déficit de 38 millones entre 1828 y 1836. La salida de capitales por el contrabando de opio tuvo efectos sociales muy nocivos en China, mientras para los británicos significó un maná que les ayudó a financiar las actividades de la CBIO en India (compañía que en 1772 había sido rescatada de la bancarrota por la Corona y 50 años después obtenía el 11% de los ingresos del imperio indio mediante el contrabando de la droga). Además, les permitió asegurarse la provisión de algodón estadounidense, fundamental para sus telares de los que dependía en gran medida la Revolución Industrial; pues los estadounidenses intercambiaban algodón por títulos de propiedad reservados para opio en Bengala que a su vez cambiaban en China por té.ⁱⁱ

Ante ese panorama, surgieron dos bandos en el entorno del Emperador que pugnaban por distintas alternativas para resolver el problema del opio. En 1836, Xu Naize, vicepresidente de la Corte de Sacrificios, encabezó el movimiento que buscaba la legalización del comercio del opio. Según Xu, de nada había servido que el gobierno Qing les hubiera impuesto severas penas a los traficantes de opio y a los consumidores, ya que éstos habían aumentado en forma considerable. Por otro lado, el país había perdido grandes cantidades de plata al pagar con ella las importaciones de opio. La ventaja de legalizar el comercio del opio radicaría en que así se podría controlar su importación y regular su consumo. Xu Naixe recomendaba despedir a todos los funcionarios Qing que fumaran opio, hacer que el comercio se volviera a concentrar en Guangzhou y eliminar la flota de Lintin para así poder ejercer control sobre los extranjeros; finalmente, proponía que China relajara las leyes en contra del cultivo del opio, para así combatir con medidas prácticas la importación. En ese mismo año de 1836, Zhu Zun, miembro del Consejo de Estado y presidente del Departamento de Ritos, presentó una contrapropuesta en la que hacía énfasis en la necesidad de que se hiciera prevalecer la ley y se prohibiera la importación y el consumo de opio. Había que obligar a los funcionarios, y castigar con toda energía a los que rehusaran y se unieran a los extranjeros. Zhu Zun consideraba inadecuada la propuesta de permitir el cultivo de opio en China, ya que eso no evitaría que éste se siguiera importando y consumiendo. Para Zhu Zun, las repercusiones negativas del comercio del opio sobre la economía eran de menor importancia; lo primordial era evitar el efecto dañino que ese comercio causaba en la salud y el bienestar del pueblo, por lo que había que tomar las medidas pertinentes para detener su avance. (Connelly, 1990: 396).

Finalmente, el Emperador optó por la línea dura: frenar el problema a través del aumento de las penas para evitar el contrabando, deteniendo a cualquier nacional o extranjero involucrado y persiguiendo a los adictos. Los decomisos de cargamentos y la detención de ciudadanos británicos no sólo golpearon las finanzas de la CBIO, sino que tensaron las relaciones entre GB y China. En vísperas de la Primera Guerra del Opio de 1839, se había llegado a un punto de no retorno: para China el opio significaba un problema de finanzas y salud pública; mientras los británicos habían convertido a esa droga en el eje de un sistema de intercambio global que financiaba la deuda pública de la India Británica, proveía las fábricas inglesas de algodón a bajo precio, mantenía vivo el comercio del té y daba un extra de capital en plata china. Tan sólo la venta de té en Europa representaba una cifra equivalente al coste de la Armada británica. Así, el opio alimentaba el entramado mercantil que hacía posible la Revolución Industrial y garantizaba la superioridad militar de británica.ⁱⁱⁱ

Usando como pretexto el arresto de ciudadanos británicos en Cantón por el Comisario Lin, entre los que se encontraba Lancelot Dent, presidente de la Cámara de Comercio Británica, GB inició las acciones bélicas. Gracias a su superioridad naval, lograron imponerse fácilmente y en 1842 obligaron a los chinos a firmar los Tratados de Nankín, mediante los cuales los asiáticos se comprometían a pagar una indemnización de 21 millones de libras por diversos daños; abrir cinco puertos al comercio y permitir la instalación de consulados británicos en cada uno de ellos; ceder Hong Kong a GB; y dar un trato igualitario a funcionarios británicos; entre otras medidas.

Poco después de haberse cumplido una década de Nankín, las autoridades británicas presionaron de nuevo a China para que permitiera comerciar libremente en todo su territorio y legalizara el comercio del opio, entre otras medidas, pero esta vez secundados por sus pares franceses y estadounidenses. Ante la negativa china, de nueva cuenta se buscó un pretexto para llevar la situación al terreno militar. A finales de 1856 se dio el llamado “incidente del Arrow”, que consistió en el abordaje de un buque con banderas británicas por funcionarios chinos que buscaban a un contrabandista en su interior. GB alegó que su bandera había sido insultada y se había violado la ley al arrestar a personal en uno de sus buques sin contar con autorización previa del cónsul británico. Ante la negativa china de disculparse y satisfacer sus demandas, GB inició el ataque con sus buques de guerra. A ellos se sumaron los franceses, cuya Armada participó en el conflicto alegando el asesinato de uno de sus misioneros; mientras Estados Unidos (EU) y Rusia enviaron “delegados pacíficos”. De nueva cuenta la superioridad militar europea obligó a China a ceder ante sus exigencias, formalizadas en el Tratado de Tianjin. A través de éste, los asiáticos aceptaron la apertura al exterior de sus puertos; la admisión de los enviados diplomáticos en su capital; la legalización del opio y la entrada de misioneros católicos y protestantes; además de la cesión de enormes territorios y ventajas comerciales a Rusia al margen de su trato como nación favorecida.

Con la derrota del imperio Qing en las guerras británicas no solo empezó el siglo de la humillación china, también se agilizó la succión de capital iniciado años antes con el comercio del opio y cambió la dirección del tráfico de la plata por primera vez desde el descubrimiento de América. El metal precioso que se había acumulado desde los siglos XVI a XVIII regresó de nuevo a Europa, vaciando los cofres del imperio más grande del mundo y sumiendo a China en una situación de continuo conflicto interno durante prácticamente 100 años.^iv

Lecciones de China para México

A pesar de los casi doscientos años de distancia que existen entre el caso chino y la actualidad, la sola revisión de lo sucedido previo y durante las guerras del opio demuestra las enormes carencias que presenta la discusión que hemos hecho en torno a la legalización de la marihuana en nuestro país.

Vamos por partes.

Desde hace algún tiempo numerosos personajes han mencionado que en México existe y opera un lobby pro-legalización similar al que existe en EU, presuntamente integrado por personajes tan controvertidos como el acomodaticio exdiputado federal perredista Fernando Belaunzarán, el ex canciller foxista Jorge Castañeda y un numeroso grupo de personajes y organizaciones presuntamente relacionados con la Open Society Foundations del polémico magnate, filántropo y especulador estadounidense George Soros, a quien el entonces senador uruguayo Pedro Bordaberry acusó de estar detrás de la legalización de la marihuana en su país con el fin de facilitar los negocios de Monsanto, la líder mundial en venta y siembra de semillas genéticamente modificadas.^v

Pero, más allá de su existencia como grupo articulado, lo cierto es que varios de los personajes apenas mencionados han logrado que la discusión en torno a la problemática de las drogas en nuestro país y la crisis de violencia que enfrentamos se condense en un falso dilema: ¿legalización sí o no? Y resulta falso porque encierra la discusión en un callejón donde la única salida posible, deseable y aceptable es sólo una: legalizar. La lógica de este razonamiento es la siguiente: México vive un clima de violencia exponencial porque posee un marco legal restrictivo respecto al consumo lúdico de la marihuana; en cambio, algunos estados de EU o países como Holanda que cuentan con un marco legal permisivo poseen algunos de los índices de seguridad más altos del mundo. Ergo, el problema es el marco legal y hay que cambiarlo si queremos transformar nuestra violenta actualidad.

Esta forma de parcializar el análisis esconde una trampa: reduce la discusión en torno a la permisividad del consumo, evitando que la sociedad mexicana y los tomadores de decisión complejicen en toda su extensión el fenómeno.

Por ejemplo, Alfredo Jalife-Rahme desde hace más de una década destacó la dimensión geopolítica del tema de las drogas, partiendo justamente de la experiencia histórica de las guerras del opio. Para el citado analista, de forma análoga a como GB utilizó el opio para desestabilizar a China y obligarla a abrirse al comercio con Occidente, EU ha usado el tema de las drogas para alcanzar objetivos militares y comerciales estratégicos, destacando en Latinoamérica Colombia y México, países donde se afianzaron los Comandos Sur y Norte respectivamente, gracias a los planes de ayuda antinarcóticos. Además, calificó la guerra contra Afganistán como la tercera guerra del opio por los efectos desestabilizadores que han experimentado los países periféricos a raíz del aumento exponencial de la producción de opio afgano tras la intervención, especialmente Irán y Rusia.^vi Al respecto, es importante señalar que desde 2003 la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito alertó que estos países presentaban algunas de las tasas de prevalencia de opio / heroína más altas de Eurasia, cuestión que en Rusia además se relacionaba con un aumento en los contagios de VIH por consumo vía intravenosa.^vii

Partiendo de lo hasta aquí mencionado, ¿existirán objetivos geopolíticos que pretendan alcanzarse a través de la legalización de la marihuana en México? Al parecer, esa pregunta es una de las que ni siquiera han sido formuladas por quienes pugnan en favor de la medida.

Pero, vamos a regresar un poco al ejemplo chino para mostrar otro aspecto fundamental que también se mantiene prácticamente ausente de la discusión. Seguro que no pocos promotores actuales de la legalización afirmarán que el mayor pecado que cometió la clase gobernante china en la víspera del conflicto fue endurecer las penas contra los traficantes y consumidores en lugar de optar por su despenalización y regulación, como solicitaba Xu Naize. Sin embargo, los propios chinos iban a caer en cuenta unos años después que el problema iba más allá del dilema ¿legalizar sí o no?

Tras su derrota en la Segunda Guerra del Opio, China fue obligada por GB a legalizar el comercio del opio según lo establecido por el Tratado de Tianjin. A partir de él, los chinos impusieron gravámenes a la droga importada, permitieron que se sembrara en su territorio, prohibieron a los extranjeros comercializarla más allá de los puertos y establecieron medidas parecidas a las recomendadas justamente por Xu Naize tres décadas antes. No obstante, la legalización no terminó con el problema, por el contrario, trajo consigo nuevos retos que no habían sido previstos y agravaron la situación en lugar de contribuir a solucionarla. Uno de los más significativos fue que un número importante de tierras donde se sembraban alimentos fueron destinadas al cultivo de opio, cuestión que décadas más provocaría hambrunas. El aumento de la oferta empujó los precios de la droga a la baja, siendo factor fundamental para propiciar el crecimiento del número de adictos.

La respuesta del estado chino hacia finales del siglo XIX fue promulgar una nueva serie de disposiciones legales. De acuerdo con el nuevo reglamento las tierras de cultivo no podían utilizarse para sembrar opio, y en el caso de las tierras que ya se dedicaban a ello, éstas se irían reduciendo a razón de 1/9 por año; además, se requería un permiso especial de las autoridades locales para cultivar opio. Para reducir el consumo de opio era necesario que el gobierno regulara su venta, así que cada tienda de opio tendría que registrarse ante las autoridades locales y obtener un permiso y al final de cada año tendrían que informar del total de sus ventas. Los fumadores de opio menores de 60 años tendrían que registrarse, proporcionando la cantidad que consumían diariamente y obtener un permiso para hacerlo. La cantidad a consumir se iría reduciendo cada vez que el fumador renovara su permiso. Todos los fumaderos de opio serían cerrados en un plazo de seis meses y se le prohibiría fumar opio a todos los que trabajaran para el gobierno. (Connelly, 1990: 405).

Pese a los esfuerzos emprendidos por la autoridad imperial, la situación no mejoró en lo absoluto. Por el contrario, se crearon algunos incentivos perversos que aseguraban la continuidad del cultivo, entre ellos la dependencia de algunas provincias respecto a los impuestos que cobraban al opio, cantidades que no podrían ser compensadas si fuesen suprimidas. Fue hasta la década de 1950, después del arribo al poder de Mao Zedong y los comunistas, que el problema del opio pudo ser solucionado mediante un agresivo programa de recuperación de tierras para el cultivo y rehabilitación de los adictos, entre otras medidas.

Como se puede observar hasta aquí, ni el endurecimiento de las penas ni su posterior legalización pudieron resolver el problema que enfrentaron los chinos. Por el contrario, cada una conllevó efectos secundarios altamente nocivos que agravaron la situación inicial. Así, en el primer escenario el aumento en las penas a su tráfico y consumo sólo propiciaron el fortalecimiento del mercado negro, pues las autoridades imperiales no consideraron el grado de descomposición y corrupción que imperaba en los Cohong ni la porosidad de sus fronteras ante el contrabando. Del mismo modo, cuando el consumo y comercio se legalizaron, se crearon incentivos perversos que impidieron su erradicación: entre más espacios agrícolas abandonaban el cultivo de alimentos para dedicarse al opio, más se abarataba el precio de la droga, lo que fue un factor fundamental para el aumento de su consumo, y como los ingresos fiscales de numerosas provincias dependían de los impuestos al opio, no se hacía nada para desalentarlos.

La razón del fracaso de ambas estrategias está en la debilidad del Estado chino, no en la legalización o prohibición de la droga. Como se puede observar a lo largo del Siglo de la Humillación, que va desde la derrota en la Primera Guerra del Opio hasta el triunfo de la Revolución de 1949, tanto en la legalización como en la prohibición las instituciones chinas fueron tan débiles que terminaron siendo vencidas por los efectos adversos que provocaron sus supuestas soluciones; y sólo hasta que existió una autoridad central realmente fuerte y una coyuntura histórica favorable pudieron romper los círculos viciosos que aseguraban la continuidad del fenómeno y terminar con él.

En esa línea, bien valdría la pena preguntarse si las instituciones mexicanas actuales cuentan con la suficiente fortaleza para imponerse a los efectos adversos que ha generado la prohibición, o en su caso los que vaya a traer la legalización.

Por ejemplo, en caso del segundo escenario, ¿las instituciones del Estado mexicano serían capaces de impedir que el campo mexicano con la marihuana sufra un proceso similar al que se dio en China cuando el opio desplazó al cultivo de alimentos? Esta situación vendría a profundizar la dependencia del exterior que hoy tenemos en granos básicos, principalmente de EU, cuestión que el propio presidente achacó al abandono del campo por el Estado mexicano y la penetración del crimen organizado cuando presentó su propuesta para recuperar la soberanía alimentaria durante la campaña de 2018.^viii

Conectado con el punto anterior, ¿no estaríamos desencadenando una transformación de México en función del tráfico de drogas, en la cual dejaríamos de ser un país de tránsito para convertirnos en uno de consumo? Si bien la American Journal of Drug and Alcohol Abuse reconoce que "la evidencia sobre si la liberalización del cannabis tiene un impacto en el uso de otras drogas es inconclusa” (la famosa polémica sobre la marihuana como droga de entrada), sí existen datos que muestran un aumento en su consumo en aquellos estados (en EU) que han decidido despenalizarla.^ix Si México repitiera este patrón en el que la despenalización trae consigo un aumento en su consumo, ¿cuál sería el número de consumidores que alcanzaríamos? Para ello debemos partir de las cifras que conocemos al momento: los más de siete millones de mexicanos que afirmaron en 2017 haber probado al menos una vez la marihuana, convirtiéndola en la droga ilegal más consumida en el país según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco;^x o los más de 2.2 millones de consumidores de sustancias adictivas en México que reconoce el gobierno de López Obrador.^xi

Aunque parezcan ociosas esas cifras, en realidad no lo son. Si el nuevo enfoque propuesto girará en torno a la salud pública, esos números nos darían una idea del presupuesto que debemos destinar para su atención. Además, deberíamos preguntarnos cuáles instituciones de salud lo harían considerando que tanto el IMSS como el ISSSTE están rebasados y el INSABI se encuentra aún en periodo de creación.

Sea que los legisladores decidan mantener la penalización o bien, legalizar su consumo, es indispensable que tengan en mente las capacidades del Estado mexicano y la fortaleza de sus instituciones. No vayamos a repetir los errores que otros pueblos tardaron más de un siglo en remediar.

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Bibliografía

Celaya, R. et al. (Agosto 2008). China y la guerra del opio. El Buzón de Pacioli, 57. Consultado en línea en: https://goo.gl/40EWor

Connelly, M. (Sep. - Dec., 1990). Comercio y consumo de opio en China, en Estudios de Asia y África, Vol. 25, No. 3 (83), pp. 384-423.

Saxe, J. (2002). La compra-venta de México. México, D.F., Plaza & Janés Editores.

Notas.