La clase política y el poder económico panameños inauguraron 2020 concentrando sus esfuerzos en torno a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno del presidente Cortizo. El debate, sin embargo, no enfoca los objetivos que debería perseguir un documento que oriente las tareas políticas de los gobernantes. Más bien, se queda a nivel de las formalidades. El ¿cómo? desplazó por completo el ¿qué? El problema radica en que las instituciones panameñas están en crisis y ninguna reforma constitucional puede reconstruir un orden político que nunca existió. Hay que comenzar desde el principio, desde cero.

El presidente Cortizo hizo una promesa durante su campaña: reformaría la Constitución. Pensó que sería relativamente fácil. Tenía un proyecto que un grupo le entregó y sólo tenía que enviarlo a la Asamblea Nacional. Se dio cuenta seis meses más tarde que los obstáculos en el camino eran demasiado grandes. Optó por buscar auxilio en un organismo de las Naciones Unidas - el PNUD – que le sirvió a los presidentes Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos para seguir engañando al pueblo panameño con las privatizaciones y la quiebra del Seguro Social.

Cortizo no quiere enfrentar los problemas del país. Prueba de ello, la composición de su gabinete al cual le falta visión de futuro. En seis meses, careciendo de un proyecto, no ha podido identificar las necesidades del país en política interior o exterior. Quiere cambios cosméticos que pongan fin a los escándalos mediáticos de corrupción y desgreño administrativo. No significa poner fin a los despojos, entre ellos, en la mina de cobre, en las áreas del Canal, en la seguridad social y tantas otras áreas. Por otro lado, difícilmente logrará sujetar los desmanes de los diputados y reeducar a los magistrados.

El gobierno ha descuidado el sector económico. La tasa de crecimiento del PIB continuará disminuyendo en 2020 y el desempleo aumentará. Estas son las proyecciones de la CEPAL y del Banco Mundial. La CEPAL recomienda que se inicien inversiones por parte del sector público. Además, señala que es urgente generar empleos aplicando una política de redistribución de las enormes ganancias que generan proyectos como la mina Cobre Panamá y el entorno del Canal de Panamá.

Con una economía estancada, Cortizo tendría que regresar al tablero para buscarle otra solución a las reformas constitucionales En este atolladero Cortizo tendría dos alternativas: engavetar todo proyecto de reforma o convocar a la Asamblea constituyente originaria. En esta coyuntura, el desenlace de los enfrentamientos dependerá de la correlación de fuerzas políticas. La iniciativa constitucional de Cortizo se produjo a fines de 2019 en un contexto de crisis de gobernabilidad que se viene arrastrando y agudizando desde hace varios lustros. Los partidos políticos están desgastados, las instituciones públicas han perdido toda credibilidad, las Iglesias no tienen representatividad, los gremios empresariales y laborales no tienen convocatoria.

¿Puede ser el pueblo en la calle? Los ‘tres días de octubre’ pasados fueron un aviso de lo que podría venir en el futuro cercano. Panamá ha tenido en el pasado cuatro grandes movimientos sociales que surgieron ‘espontáneamente’ y que tuvo como actor central a EEUU. El primero en 1925 con el ‘movimiento inquilinario’ que costó una docena de vidas tras la intervención solicitada de tropas norteamericanas. El segundo en 1947 con el rechazo al Tratado Filós-Hines. Tercero, la gran insurrección contra la ocupación militar norteamericana del 9 de enero de 1964. Por último, la invasión militar de EEUU en 1989 sobre el cual los gobiernos de turno no rinden cuentas ni piden a Washington que asuma su responsabilidad.

En 2020 Cortizo tiene la oportunidad histórica de rendir cuentas, no sólo sobre la invasión de 1989. También sobre las políticas de despojo que hacen inviables cualquier camino que pretenda impulsar el desarrollo del país. Sin necesidad de cambiar artículo alguno de la Constitución, puede hacer cumplir la ley para recuperar los 4 mil millones de dólares que los grandes empresarios dejan de tributar anualmente al fisco. Igualmente, 500 millones de dólares anuales que no pagan los patrones a la Caja de Seguro Social. Igualmente, hacer mejor uso de los recursos del Canal de Panamá y de las mina Cobre Panamá. Además, eliminando la corrupción, le daría mucho más de 10 mil millones de dólares anuales al gobierno para invertir en los programas de salud, educación, vivienda y seguridad que el país necesita con urgencia en 2020.

2 de enero de 2020

- Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

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