Al firmar Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile y Colombia se convirtieron formalmente en sus vasallos económicos, no sólo en el comercio sino en sus respectivas políticas económicas. Es que, por las cláusulas que ese acuerdo contiene en el tema de Inversiones Extranjeras, se concede una especie de garantía de mantener el status quo legislativo y la presunción de una política económica neoliberal, no sólo en aquello que concierne a las empresas extranjeras inversoras, sino que se concede los mismos privilegios extraterritoriales a las empresas nacionales cuyo control accionario haya pasado a manos extranjeras

Estados Unidos impuso a todas sus contrapartes de la América Latina y otras regiones (salvo en su acuerdo con Israel) el mismo modelo de acuerdo que elaboró para el acuerdo NAFTA (TLCAN), Tratado de libre Comercio de América del Norte. Que de ese modo se convirtió en un Contrato de adhesión. El TLCAN fue la matriz de todos los posteriores Acuerdos de Libre Comercio que propone Estados Unidos. ¡Se lo propuso sin éxito a la Unión Europea! El acuerdo encadena en modo subalterno las economías locales a la economía de Estados Unidos y a los principios neoliberales de su economía política.

Como los Estados Unidos no son competitivos en ningún sector de la producción de bienes, la apertura a sus exportaciones expone a las empresas nacionales al Dumping que es la típica forma desleal de competir de las transnacionales norteamericanas, porque, como tienen el apoyo de grandes bancos y del gobierno (son muchas las veces que se ha rescatado a los fabricantes de automóviles de la quiebra), pueden vender por debajo del costo para arruinar a los competidores nacionales y quedarse con el monopolio de enteros sectores del mercado.

En el sector de Servicios es donde los norteamericanos si son competitivos en parte por las economías de escala. Una ventaja que no tiene ningún país latinoamericano; sin embargo, esos acuerdos les abren los mercados latinoamericanos. Se dirá que la apertura es recíproca, pero no es así, cuando se mira la letra pequeña de los acuerdos en el sector de servicios encontramos que dice: este acuerdo solo compromete al Distrito de Columbia y a Puerto Rico. Los servicios financieros y profesionales están bajo la jurisdicción de las autoridades estatales y el gobierno Federal no tiene autoridad para garantizar una reciprocidad en apertura de mercado que vaya más allá de los territorios bajo su directa jurisdicción. Aun así, al abrir sectores al establecimiento comercial de las transnacionales norteamericanas de servicios, se corre el riesgo del Dumping, porque el objetivo último del empresario norteamericano (a pesar del cacareo anglosajón sobre las virtudes de la competencia) es el monopolio, para fijar los precios de su mayor beneficio. Por ello un objetivo preferido de los inversionistas extranjeros es participar en los concursos para privatización de servicios que son monopolios públicos: telefonía, agua, electricidad, correo, salud, ferrocarriles, etc.

Cuando las trasnacionales entran al mercado nacional de servicios y aplican el Dumping, los daños son enormes, porque en los países en desarrollo el sector de los servicios es el que genera mayor empleo y el nuevo propietario suele reducir la nómina, en el área de servicios de distribución se llega incluso a desplazar al confuso mundo del empleo informal de los vendedores y comisionistas, una actividad que es algo como el chaleco salvavidas de los desocupados.

Los servicios formales de distribución en América Latina son prestados por pequeñas y medianas empresas y esa red es el mayor motor del empleo, tanto en Chile como en Colombia.

Por la competencia de Wal-Mart u otros Depots u otras empresas con grandes recursos de capital que se ubican de preferencia en las Grandes Superficies (malls), es que cierra el tendero de la esquina y se va la tradicional ferretería que estaba en la calle Altamira y se vacían los locales comerciales del viejo casco urbano. Tal como se puede apreciar en ciudades de los propios Estados Unidos

Ese es el impacto de la apertura en servicios de distribución para las pequeñas empresas creadoras de empleo típicas de las economías latinoamericanas.

Con esos acuerdos desequilibrados, que abren sin restricciones los mercados nacionales a las exportaciones de Estados Unidos, las zonas rurales se van despoblando por la importación de productos agrícolas subvencionados por el gobierno norteamericano, que ingresan sin la imposición de los derechos compensatorios que la OMC admite como modo de neutralizar las subvenciones gubernamentales, porque según el texto de los TLCs, para hacerlo se requiere el consentimiento previo de los Estados Unidos; productos como arroz, el maíz, algodón son exportados a unos precios muy bajos por las subvenciones, que el productor nacional no puede competir y deja de producir, es así como en Honduras y Guatemala se dejó de producir arroz.

El incentivo para contar con el apoyo político del empresariado local a acuerdos era la inmensidad del mercado norteamericano para ciertos productos. Ese incentivo desaparecía a la hora de firmar el texto definitivo de los acuerdos y el acceso era limitado por cuotas. Un caso típico es el del azúcar centroamericano. Ese lobby fue uno de los más activos en apoyar el CAFTA, a última hora su acceso se redujo a una cuota de 100.000TM, apenas el 1% del mercado norteamericano.

Ese Dumping agrícola genera emigración a la ciudad de campesinos arruinados que van a engrosar las filas de los desocupados urbanos. Esas masas de desesperados forzosamente recurren a la delincuencia como forma de vida a menos que acepten empleos temporales con salarios viles.

Ese efecto sobre las economías de Colombia y Chile ha hecho explotar el descontento ya generado por la desigualdad en el reparto de la riqueza nacional que es un efecto invariable de la aplicación de la doctrina neoliberal. Como esa doctrina no admite que los impuestos financien servicios sociales (salud, educación) gratuitos, no hay ni siquiera amortiguadores para tanta desesperación.

Esos acuerdos tan inicuos fueron impuestos con prepotencia durante su negociación. En Guatemala, el jefe del equipo negociador, Bernardo López, renunció a ese cargo, cuando la Embajada de Estados Unidos quiso escoger al equipo negociador de Guatemala; luego la misma Embajada impuso como jefe negociador a un tal Stein, un guatemalteco con 20 años de residencia en Costa Rica. Ese sujeto de apellido Stein exigió que la negociación fuese un secreto de Estado porque los inicuos detalles podrían generar furor público.

Tanta prepotencia norteamericana fue aceptada por el Ministro de Economía, responsable de la negociación, la cual al dejar ese cargo fue premiado con permiso de residencia y un empleo en Estados Unidos.

Durante la negociación del acuerdo con Colombia, Estados Unidos exigió que se retirase del equipo negociador colombiano el Dr. Carlos Correa, un reconocido experto en el tema de Propiedad Intelectual. Cuando el negociador colombiano se plantó contra algunas exigencias norteamericanas, el Presidente Álvaro Uribe lo despidió y asumió el mismo el papel de Negociador colombiano, para poder ceder, sin protestas, a todas las exigencias de Estados Unidos.

Entre esas exigencias están las relacionadas con privilegios como el de poder exigir un arbitraje extraterritorial ante el CIADI de las disputas del inversionista extranjero con el Estado. Otra concesión anti social de esos acuerdos es la prolongación, por 5 y 10 años de la exclusividad sobre los datos de prueba. Esos datos son indispensables para elaborar productos genéricos después del vencimiento de las patentes... Con ello no solo se prolongan los monopolios que otorgan las patentes sino que se impide la fabricación nacional de equivalentes genéricos, de las medicinas, sino que se impide la importación de medicinas genéricas más baratas.

Todos estos obstáculos son para enriquecer a las empresas farmacéuticas norteamericanas a expensas de la salud de los ciudadanos latinoamericanos. Algo parecido sucede con los productos agroquímicos otorgando de hecho monopolios que encarecen la producción nacional de alimentos, mientras se abren las aduanas a la importación de productos agrícolas norteamericanos subsidiados que causan ruina y dolor a los productores agrícolas nacionales.

Ese conjunto de circunstancias creadas con los acuerdos de Libre Comercio es altamente inflamable y son culpa de funcionarios públicos serviles que los firmaron con Estados Unidos y que invariablemente han sido reubicados como representantes respectivos gobiernos ante la OMC en Ginebra, para que continúen, allí, su labor negociadores de un comercio a favorable a los intereses estadounidenses.

No es difícil pronosticar que revueltas similares a las de Chile y Colombia no tardarán en ocurrir en América Central, donde los 5 países firmaron en 2004 un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos conocido como el CAFTA. Los resultados sociales y económicos son idénticos.

Un síntoma evidente del descontento social es la emigración masiva que invade México en su camino hacia la frontera de Estados Unidos en busca de un futuro o del muro de Mr. Trump.

Es un gesto desesperado porque su presente no puede ser peor. Esa emigración es simultáneamente un indicio y una válvula de escape de la presión social agravada por los inicuos Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos.

Puede que estos acuerdos tengan como objetivo llevar a que la población de América Latina a un estado de desesperación tal que se convierta en la mano de obra barata en el Patio Trasero (¿corral?) de Estados Unidos que le permita a su industria competir con las industrias asiáticas cuya competitividad victoriosa obedece, según los políticos norteamericanos, al menor costo de su mano de obra.

Un ejemplo claro de crear miseria para poder bajar salarios al nivel asiático es el de la maquila centroamericana para que las transnacionales textiles norteamericanas puedan competir en el sector Vestuario que son productos intensivos en mano de obra con sus rivales asiáticos en el propio mercado de Estados Unidos, valiéndose de los menores costos de transporte.

Lo que olvidan los arquitectos de ese modo de obtener competitividad es que no es sostenible, porque si bien los salarios asiáticos son baratos en relación al cambio, el costo de vida asiático es también más barato, de modo que los salarios baratos de Asia tienen un mayor poder adquisitivo. Y eso hace su competitividad sostenible.

Es que esos acuerdos además de imponer una política económica neoliberal, obliga a una política comercial subalterna que solo favorece a las transnacionales norteamericanas y pauperiza los ingresos de los trabajadores locales hasta un nivel que permita competir con la mano de obra asiática; sólo que el costo de vida en Asia es mucho más barato que en América Latina y eso reduce a una miseria y hambre explosivas que cuando se manifiesten en revueltas que los medios represivos de sus gobiernos vasallos no las puedan controlar, probablemente requerirá una intervención represiva directa de los Estados Unidos.

Lo que está sucediendo en Chile y Colombia es la consecuencia de un modelo económico orientado por Estados Unidos que es socialmente insostenible.

Las revueltas en Chile y Colombia no son sino síntomas del agotamiento de ese modelo económico que por décadas ha prevalecido en ambos países.

Pronto veremos esas revueltas reproducidas en los países que firmaron el CAFTA, que son mucho más frágiles que en Chile y Colombia, porque el nivel de desigualdad económica y cultural es mucho más grande y esos países no han recibido algún beneficio de ese acuerdo porque las exportaciones a Estados Unidos no han aumentado gran cosa; pero las importaciones se han cuadruplicado.

Creo que pronto países como Salvador y Guatemala estarán en los noticieros.

Ese futuro era previsible y mi familia pagó caro el intento de evitarlo.

Guatemala es un país al que le tengo particular afecto, porque fui muy bien recibido por sus universidades, cuando emigré allí en 1992 Es uno de los países más bellos e interesantes que conozca por su combinación de culturas; pero es al mismo tiempo un perfecto ejemplo de política neoliberal.

La concentración de la riqueza es visible en cualquier parte donde se vaya.

En este momento, el control que ejerce la Embajada de Estados Unidos sobre las decisiones políticas es total.

Es probable que las revueltas en Centroamérica desborden el control de las respectivas Fuerzas Armadas y sirvan de pretexto a una intervención armada de Estados Unidos en esa región,

Almería 01 /12/2019