Más de veinte bolivianos fueron asesinados durante las dos semanas que estuvo en vigencia el decreto 4078, que eximió a militares y policías de cualquier responsabilidad penal durante las acciones de represión en contra de los opositores al golpe de Estado del 10 de noviembre.

La licencia para matar operó entre el 14 y el 28 de noviembre, cuando finalmente fue derogada por la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, quien expresó satisfacción por haber logrado “la ansiada pacificación” del país.

De sello autoritario

El decreto 4078 –también llamado “decreto de la muerte”– fue activado por la abogada ultraconservadora el 14 de noviembre, dos días después de su autoproclamación e investidura por parte de un oficial del ejército, biblia en mano.

Bajo ese manto de impunidad, el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde al menos 10 personas fueron asesinadas y más de un centenar quedaron heridas. De acuerdo con Nelson Cox, Defensor del Pueblo boliviano, “no fue un enfrentamiento, fue represión”. Cox negó rotundamente que las muertes se debieran a disparos hechos por los propios manifestantes, como aseguró el régimen boliviano. También señaló que no había podido encontrar a un solo policía herido, lo que desmentiría la tesis de un enfrentamiento. El gobierno de facto, sin embargo, actuó amparándose en un supuesto “ataque terrorista”.

A través de su relator Francisco José Eguiguren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció los hechos de Sacaba como una “masacre”. Pronto ocurriría otra más en El Alto, donde otros once bolivianos fueron asesinados –el 19 de noviembre– mientras las FFAA intentaban liberar la periferia de una refinería de combustible que había sido bloqueada por manifestantes. Entre las estremecedoras declaraciones y evidencias que Paulo Abrao, de la CIDH, pudo recabar en El Alto el pasado lunes 25 de noviembre, se mostraron varios casquillos de balas de alto calibre.

Una testigo aseguró que algunos disparos fueron hechos también desde un helicóptero, mientras distintos observadores coincidieron en que los muertos recibieron disparos de bala en la cabeza y el tórax. Los efectivos del orden acusaron el uso de armas de fuego y dinamita por parte de los manifestantes. Como mencionamos, no hubo heridos entre las FFAA (más abajo volveremos al asunto de la “dinamita”).

Prensa independiente en jaque

La prensa que sí informa, la que no está comprometida con el éxito irrestricto del orden económico que le trae más platita al dueño, ha tenido serios problemas para informar desde Bolivia.

Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, señaló el 12 de noviembre que varios medios de comunicación bolivianos habían dejado de operar debido a amenazas, y observó que no se estaban dando las condiciones de seguridad necesarias para la práctica del periodismo.

Tal como sucediera con el resguardo policial que abandonó Palacio Quemado –sede del Ejecutivo boliviano– un día antes de la renuncia de Morales, dejando operar a las turbas, la policía también parece haber abandonado el resguardo de varios medios de comunicación. Trabajadores de Bolivia TV y Patria Nueva, por ejemplo, recibieron mensajes por WhatsApp que decían: “Está en riesgo su vida si no cortan la señal en este momento. La gente se va a entrar (sic)” (Los Tiempos, 11/11).

El 14 de noviembre, periodistas argentinos de los medios Telefé, América 24 y TN, también tuvieron que detener su cobertura informativa y refugiarse en la embajada de su país, en La Paz. El periodista Rolando Graña, uno de los afectados, expresó lo siguiente para Clarín (14/11/17):

“Fue una situación muy extraña. Nos empezaron a sacar fotos. Nos provocaron diciéndole que Claudio (cámara) le había pegado a una mujer para poner a los manifestantes en contra. Nos siguieron durante cuatro cuadras con el espíritu de ‘digan la verdad, digan la verdad’. Un muchacho identificado como fotógrafo le pega a Claudio en la cámara y lo lastima en el ojo".

La periodista Teresa Bo, de la cadena internacional Al-Jazeera, sufrió un cobarde ataque dos días después, cuando un policía boliviano le roció gas lacrimógeno en la cara simplemente por reportar sobre la presencia de las FFAA en las calles de La Paz, lo que quedó registrado en video.

La ministra de información del régimen Áñez, Roxana Lizárraga, llamó a los afectados “pseudoperiodistas” y aseguró que se encontraban en su país fomentando la “sedición”. Como notando el lenguaje ambiguo de la improvisación y la trampa, la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana le solicitó a Lizárraga que “señale casos específicos… evitando apreciaciones genéricas”.

No había nada que señalar. El nuevo gobierno ultraconservador ha recurrido a todos los cuentos de los que vienen echando mano las élites más reaccionarias de nuestro vecindario cuando de justificar abusos se trata: infiltrados chavistas, médicos cubanos subversivos, noticias falsas rusas y, ahora también, la novedosa figura de las “células terroristas”.

¿Qué dinamita?

El periodista boliviano Fernando Molina –que no es partidario de Evo Morales– describió hace unos días el rol que están cumpliendo, por su parte, los medios corporativos bolivianos. Tal como la “gran prensa” hondureña, que apoyó al régimen golpista de Roberto Micheletti en 2009, la boliviana está de lleno con Áñez.

Página Siete, por ejemplo, “viene justificando sistemáticamente la represión de las FFAA”, nota Molina. “Murieron nueve campesinos y decenas fueron heridos. Ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por disparos. (Sin embargo) Página Siete título: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’”.

El titular sugiere de manera deshonesta que lo sucedido fue una especie de lucha entre fuerzas parejas. Al no especificar qué lado sufrió los decesos, el lector podría asumir fácilmente que se dieron en ambas partes. Al llamarles “cocaleros” –un adjetivo de carga peyorativa, para muchos– y no ciudadanos o manifestantes, se les descalifica como actores políticos que reclaman por lo que consideran un golpe de Estado. El ejemplo sirve para el análisis de decenas de artículos similares que se han venido publicando alrededor del mundo y en el Perú. En todos ellos, cualquier masacre es trucada en “enfrentamiento” y los asesinados por disparos de bala en el tórax o el cráneo son simples y neutrales “muertos”, que bien podrían haber caído víctimas de un rayo. Otra técnica del periodismo de pacotilla consiste en poner la verdad incómoda en boca del villano de turno, haciéndola dudosa y sin llegar jamás a confirmar su veracidad.

Como agregó también Molina: “Lógicamente, este diario, igual que la inmensa mayoría de grandes medios bolivianos, con la sola excepción de La Razón, no cubrió las declaraciones de los afectados por la represión en Sacaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Sobre la supuesta “dinamita” que –según alegan el gobierno de facto y la “gran prensa” boliviana– habría sido usada por manifestantes en El Alto, Fernando Molina cuenta lo siguiente: “Los alteños… lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. He revisado muchas veces este video y en él no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, los medios bolivianos afirmaron que fue volado con dinamita”. Como haciendo eco de una observación que hacemos aquí regularmente, Molina agregó: “Se repitió así la versión del gobierno, no una investigación propia, ya que ningún periodista estaba en el lugar y en el momento de los hechos” (Cenital.com 29/11/19). ¡Y qué gobierno!

El régimen Áñez también anuló las licencias de funcionamiento de las cadenas de noticias RT y Telesur. En 2017, el gobierno estadounidense obligó a RT, del gobierno ruso, a registrarse como “agente extranjero”, ¡pero no llegó al extremo sacarla del aire!

Hace poco estuvo en el Perú el periodista español David Alandete, corresponsal de ABC.es en Washington D.C. Fue invitado por la Unión Europea y Coca-Cola para la celebración del “Mediathon” (22/11/19), una competencia para desarrollar proyectos informáticos que enfrenten la desinformación y las “noticias falsas” desde la tecnología.

En una demostración de macartismo digna de la Guerra Fría, el especialista en “noticias falsas” se refirió a la censura de RT, en Bolivia, echando mano de las teorías de conspiración que hemos denunciado aquí hasta el hartazgo: “Cuando la protesta generalizada fomenta la desestabilización de Iberoamérica, los gobiernos de varios de los países afectados por recientes olas de disturbios han intentado poner coto a lo que consideran un problema creciente en la región: la propaganda estatal rusa…”. Lo que sucede, en realidad, es muy fácil de entender y el propio Alandete lo explica líneas abajo, en el mismo artículo carente de evidencias: “Los medios estatales del Kremlin se han convertido en un habitual altavoz para el punto de vista de la izquierda populista latinoamericana…” (ABC.es, 01/12/19).

¡La pluralidad era problema! ¿Y qué usó Alandete para ejemplificar el “sesgo” de RT? El siguiente titular: “Indígenas masacrados en Bolivia, el inicio de una tiranía de corte militar y religiosa”. Le damos la razón a las “noticias falsas” rusas, al menos en esta ocasión.

Publicado en Hildebrandt en sus trece, el día 6/12/19.