Cuándo ponemos gasolina en el coche, ¿quién ha fijado el precio? Cuando pagamos el recibo de la luz, ¿quién ha decidido a tanto el kilovatio? No son respuestas sencillas. Pero ante la pregunta mucho más facilona, ¿cuando compramos verduras, quien marca su precio? la respuesta tampoco es fácil. De hecho es preocupante.

Lo lógico sería pensar que, primero, quien las cultivó en función de sus costes y las horas dedicadas, marca un precio que le genere un beneficio justo y suficiente. A su vez, la empresa intermediaria, por ejemplo un supermercado o un puesto en el mercado municipal que compra estos productos, repite la operación y ofrece el producto al precio correspondiente. Cierto que en un mercado de libre comercio, en cada uno de esos pasos, la oferta, la demanda y la competencia influyen dejando los precios más arriba o más abajo, pero finalmente, las personas consumidoras pagamos y todos los elementos de la cadena han obtenido un beneficio.

Lo lógico muchas veces no es lo real. De entrada, y esto se ha explicado muchas veces, si la mayoría de personas compra sus alimentos en las pocas cadenas de supermercados que acaparan el comercio alimentario, son estas, con un superpoder en sus manos, las que deciden cuánto le quieren pagar a quienes producen. La ley de la oferta y la demanda ya no funciona. No importa si el precio queda, como ocurre por ejemplo con la leche, por debajo incluso de los costes de producción.

En el caso del comercio alimentario esta fuerza supermercantil utiliza muchos otros oscuros mecanismos que le permiten conseguir materias primeras a precios requetebajos. Por ejemplo, como explica Andrés Góngora, agricultor de Almería, las exigencias y abusos que significa la ‘obligación’ de servir los productos cosechados en embalajes específicos a las grandes superficies. “En muchas ocasiones la fórmula que nos imponen -explica – tiene un coste más elevado, llegando incluso a triplicar el precio respecto a formatos similares que se pueden encontrar en el mercado y no responde a necesidades de transporte o mejor conservación. Por otro lado, las empresas que los proveen están relacionadas o participadas por la empresa a la que vendemos, con lo ya se puede imaginar dónde quedan los sobrecostes que nos hacen asumir. Y para rematar, se imponen otras condiciones como una compra mínima anual de envases”.

Además, aunque tengas establecido algún tipo de precontrato de compra con un supermercado, como me explican desde algunas cooperativas, éste siempre se guarda el derecho a comprar o no comprar. Es más, en algunas cadenas de supermercados es habitual rechazar partidas comprometidas por supuestas irregularidades en lo pactado (tan absurdas como pequeñas diferencias en el calibre del producto, en el color de la fruta, etc.) y “debido al no cumplimento de las condiciones” imponerles multas más que considerables.

Por eso hablamos siempre de la cadena alimentaria. Porque hay eslabones que saben mucho de estrangular.

- Gustavo Duch Guillot es autor de Alimentos bajo sospecha y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

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