A propósito de la continuidad de las movilizaciones en Chile, ha comenzado un proceso de cabildos autoconvocados y abiertos, en donde la población ha comenzado a sentar las bases para dar inicio de un proceso constituyente inédito, el cual le devuelva la dignidad a un pueblo que ha tenido que lidiar por más de 40 años con una Carta Magna que tuvo un origen espurio durante la dictadura de Pinochet, y que tiene la particularidad de haber estado a la medida de la ideología neoliberal, lo que ha sido visto por el mundo entero como un verdadero experimento político, implementado a través de una doctrina del shock.

Es así como los primeros resultados de esos cabildos, se manifiestan demandas prioritarias que buscan justamente recuperar y ampliar derechos de toda índole, privatizados y negados en la constitución de 1980. Es el caso de un nuevo sistema de pensiones, la protección del medioambiente, la nacionalización de recursos naturales, el aumento del salario mínimo, una educación pública y gratuita, un sistema único de salud, acceso a la vivienda, impuestos a los más ricos, igualdad de género y enfoque feminista en políticas públicas, democracia participativa y vinculante, derechos de los migrantes, reconocimiento de los pueblos indígenas y realización de una asamblea constituyente.

Es esta última demanda, la realización de una asamblea constituyente, la cual puede verse como la piedra de tope para los grupos más conservadores del país, vista por ellos como una amenaza para una democracia de mercado que se ha profundizado en los últimos 30 años, no solo gracias a la derecha sino también gracias a una izquierda que creyó la idea del fin de la historia, como pasó con la ex Concertación, la cual gobernó entre los años 1990-2009, a través de la profundización y administración del modelo económico existente.

No es de extrañar entonces, que mientras países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, realizaban profundos procesos constituyentes, la izquierda de mercado legitimaba la constitución de Pinochet, mediante la firma del ex presidente Ricardo Lagos el año 2005. Además de denostar aquellos procesos, tratándolos de populistas, mientras se en Chile se fortalecía una institucionalidad que privatizó la educación, la salud, el agua, las carreteras, los medios de información, los puertos, etc.

Por otro lado, solo con la llegada de la ex Nueva Mayoría al poder el año 2014 (ex partidos de la Concertación junto al Partido Comunista), hubo un tímido giro al progresismo, en sintonía con lo que estaba pasando en la región. No obstante, la discusión constituyente quedó a segundo plano, reduciéndola a unos diálogos ciudadanos no vinculantes y sin capacidad de injerencia política.

De ahí la importancia de abrir un inédito proceso constituyente en Chile, pero que se conecte con la experiencia de aquellos países vecinos, los cuales tienen mucho que aportar a lo que eventualmente pueda pasar, no solo en lo que respecta a los elementos participativos que llevaron a la redacción de las nuevas constituciones, sino también a los elementos autoritarios de los gobiernos progresistas realmente existentes en aquellos países mencionados.

Para reflexionar sobre aquello, lo señalado por personas como Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Prada Alcoreza de Bolivia y Edgardo Lander de Venezuela, nos puede ayudar a acercarnos a esos procesos en clave suramericana, pero desde una mirada crítica. Es decir, yendo más allá de discursos ideológicos reduccionistas, que están con o contra de esos procesos de manera absoluta, la cual no hace más que reproducir lógicas binarias en la política.

En el caso del economista Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador el año 2008, ha planteado que si bien la Constitución de Montecristi fue la primera en el mundo en incorporar principios quechuas como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, su problema ha sido su implementación, tanto durante el gobierno de Rafael Correa como de Lenin Moreno, los cuales se han subordinado a políticas desarrollistas, centradas en la producción y el consumo de mercancías. Lo mismo con respecto a los Derechos de la Naturaleza, que también pueden verse como un giro civilizatorio, tan necesarios en estos días, pero que en la práctica no solo no se ha respetado, sino que se ha profundizado el extractivismo minero y petrolero de aquel país.

De ahí que Acosta plantee que la constitución deba ser entendida más bien como una caja de herramientas para la ciudadanía, en donde sea ésta quien deba hacer valer el respecto de los derechos constantemente. En otras palabras, el proceso constituyente no termina cuando se redacta y aprueba la Carta Magna, por el contrario, es solo el comienzo de un camino de vida en común sin fin, como lo es la democracia.

Sobre Bolivia, lo planteado por el sociólogo Raúl Prada Alcoreza, quien fuera asambleísta de la Constitución de Bolivia, aprobada el año 2009, tiene una mirada similar a la de Acosta, pero que va más allá en su crítica. Si bien revindica también la presencia a nivel constitucional de la noción aymara de Vivir Bien o Suma Qamaña, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la construcción de un Estado de carácter Plurinacional, el problema no es solo con respecto al extractivismo llevado al extremo por Evo Morales, sino en la reproducción misma de un fetichismo jurídico, en donde el derecho termina siendo el sentido mismo del Estado.

En otras palabras, lo que ha pasado en Bolivia, es que ha hecho de su constitución un fetiche, en donde se pasó de un contenido liberal a un contenido socialista, con rasgos indígenas, el cual renuncia a la movilización social, entendida esta como potencia, para dar paso a una burocracia legal, en donde la figura del caudillo autoritario se apropia de un discurso que deriva de los pueblos finalmente

Por último, en el caso de Venezuela, quizás el más dramático de los tres, planteado por el sociólogo Edgardo Lander, referente del llamado giro decolonial, nos señala que la constitución de 1999 marcó el inicio de los ciclos progresistas posteriores en la región. Si bien la constitución no tuvo fuertemente elementos indígenas como en los casos de Ecuador y Bolivia idea de construir un Estado Comunal, centrados en la autogestión y democracia participativa, lo que para un contexto regional, en donde el neoliberalismo se expandía a través de los gobiernos, fue revolucionario.

El problema, como bien dice Lander, es que el proceso venezolano en el tiempo no hizo más que profundizar el rentismo petrolero de décadas, a través de un estado completamente autoritario, clientelar y corrupto, en donde la militarización del país ha permitido que se hipoteque el 12, 2% del territorio nacional, a partir del llamado Arco Minero del Orinoco, el cual tiene un carácter completamente ecocida y de vulneración de derechos de los pueblos indígenas que habitan en aquel lugar.

Asimismo, el excesivo personalismo, primero con Hugo Chávez, posteriormente con Nicolás Maduro, recuerda lo peor de los Socialismos Reales del Siglo XX, en donde la concentración del poder político ha llegado al extremo de tener que hacer una nueva asamblea constituyente el año 2017, hecha a la medida del gobierno actual, la cual no hace más que desprestigiar lo realizado el año 1999 democráticamente y con participación plural del pueblo venezolano.

A modo de reflexión general, si los pueblos de Chile pretenden tener una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente, no pueden descuidar estos tres procesos suramericanos, con fortalezas y debilidades, los cuales no hacen más que evidenciar que no basta con redactar una constitución que contenga múltiples derechos, si eso no va acompañado de cambiar las estructuras de poder mercantiles, coloniales y patriarcales del Estado mismo. Las constituciones podrán tener horizontes democráticos, comunitarios, interculturales, participativos, pero si no tiene mecanismos reales de intervención ciudadana para su ejecución, el fantasma del autoritarismo estatal está a la vuelta de la esquina.

Andrés Kogan Valderrama

Sociólogo

Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable

Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea

Editor del Observatorio Plurinacional de Aguas