Finalmente este martes ocho de octubre el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, concurrió durante siete horas a una diligencia de indagatoria en el proceso que se abrió desde el mes de febrero pasado que lo vinculo a dicha investigación por fraude procesal y soborno relacionado con la supuesta manipulación de testigos en un proceso en el que inicialmente Uribe actuó como denunciante del también senador del Polo Democrático Iván Cepeda desde el año 2014. Uribe había denunciado a Cepeda por fraude procesal y por la supuesta compra de testigos. La Sala Penal de la Corte Suprema archivo el proceso contra Cepeda y en cambio abrió una investigación a Uribe por los delitos señalados.

Después de aplazamientos y de cambio de jueces habida cuenta de que en medio del proceso el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional que estableció la doble instancia para aforados constitucionales que cobijó a Uribe que goza de fuero parlamentario. Así pues la investigación salió de la Sala de Casación Penal de la Corte que será su segunda instancia si la investigación escala hasta este nivel. Entre tanto la investigación y decisión de la investigación contra Uribe recayó en la Sala de instrucción adscrita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  que es la que lo llamó a indagatoria este 8 de octubre. El proceso quedó en manos del magistrado César Augusto Reyes quien hace sala con otros cinco magistrados que son los que finalmente están llamados a tomar las decisiones judiciales en este proceso.

Por la figuración de Uribe y por sus continuas críticas a la Justicia en general y a la Corte Suprema de Justicia en particular, el proceso que se sigue a Uribe escaló en la opinión pública que ha sido además alimentada por las continuas filtraciones de pruebas procesales,  grabaciones, declaraciones de los testigos. Al final de la indagatoria la Sala de Instrucción comunicó a la opinión pública que Uribe formalmente quedaba vinculado al proceso por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo.

Es de anotar que este es el único proceso que ha avanzado en contra del expresidente que tiene además más de 60 procesos en la Comisión de Acusaciones  de la Cámara de Representantes que cubre en el período 2002 -2010 en que Uribe ocupó la presidencia de la República. Ninguno de esos procesos ha avanzado, a pesar que lo implican en investigaciones como la de los llamados falsos positivos o sea la ejecución extrajudicial de más de 4000 civiles asesinados por integrantes de la Fuerza Pública durante los años que Uribe ejerció la presidencia de la República y era de acuerdo con la Constitución Política de Colombia el comandante general de las Fuerzas Armadas. En la Corte Suprema de Justicia tiene 28 procesos que tampoco avanzan a pesar de la compulsa de copias que desde diversos estrados judiciales se han enviado a la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen hechos como las masacres del Aro y de la Granja ocurridas en 1996 y 1997 y en la cual la Corte Suprema decidió el pasado mes de mayo declararlas como crímenes de lesa humanidad para que no prescribieran, lo mismo hizo con el crimen de Jesús María Valle perpetrado en el mes de febrero de 1998. En estos hechos criminales se ha mencionado al expresidente Uribe. Sin embargo las investigaciones frente a los mismos no avanzan.

Así pues el único proceso que avanza es este aunque lo ha hecho de manera lenta puesto que ya van más de cinco años en que Uribe inicialmente formuló la denuncia penal en contra de Cepeda y apenas ahora se produce el llamamiento a indagatoria y la celebración de la misma. En este proceso los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tendrán 10 días hábiles para definir la situación jurídica de Uribe. Durante estos días los magistrados de la Sala deberán evaluar el acervo probatorio de que disponen en el proceso, confrontarlas con las explicaciones que dio Uribe en la indagatoria rendida este ocho de octubre y con base en ello deberán tomar una decisión. Una alternativa es precluir el caso, es decir, archivarlo cosa poco probable por la evidencia que han podido recopilar parte de las cuales han sido filtradas y publicadas por los medios de comunicación. Otra alternativa es dictar una medida de aseguramiento con captura si los magistrados encuentran que Uribe en libertad puede entorpecer la labor judicial como de hecho es lo que ha ocurrido y por eso se encuentra vinculado a este proceso. Otra alternativa es mantenerlo vinculado al proceso pero mantenerlo en libertad con alguna restricción como por ejemplo impedirle salir del país pero dejarlo en libertad para que afronte el proceso.

Los medios de comunicación han atizado la polarización que es evidente pero no de las magnitudes que se quieren proyectar. De hecho las manifestaciones de apoyo a Uribe convocadas por su partido el Centro Democrático han sido lánguidas y con muy baja participación como también las de rechazo al expresidente. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero de televisión CM& arrojó que el 78% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al expresidente que en los últimos meses ha visto caer hasta cerca de un 30% su imagen favorable mientras que el 64% tiene de Uribe una imagen negativa.

No cabe duda tampoco en la opinión pública que a Uribe se le han preservado sus derechos constitucionales al  debido proceso en este caso. Todo ello pese a la campaña de desprestigio en contra de las altas cortes de justicia que el propio Uribe ha propiciado desde hace ya muchos años. Hasta ahora la Corte Suprema ha tomado las decisiones en derecho y esperamos que lo siga haciendo. Por lo pronto hay que abogar por que se deje actuar a la justicia sin presiones. Esto es muy difícil puesto que el propio presidente Iván Duque y los más altos funcionarios del Gobierno han salido a manifestar su respaldo a Uribe y a pregonar su inocencia. Mal le sirven estos funcionarios a la democracia y  al respeto que deberían proclamar a las decisiones judiciales.

Bogotá octubre 10 de 2019          

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)