La sala 2 de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza del Magistrado César Augusto Reyes Medina llamó a indagatoria al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. La fecha para la indagatoria es el próximo 8 de octubre. Los delitos por los cuales deberá responder Uribe en un voluminoso expediente es el de la presunta manipulación de testigos. Este proceso se remonta al año 2014 en que el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro promovió un debate en contra de Uribe por el impulso y apoyo a la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Dos testigos cuyos testimonios hizo públicos Cepeda en dicho debate incriminan a Uribe en la organización del Bloque Metro de las Autodefensas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Uribe se ausento del debate y en cambio mientras Cepeda adelantaba su presentación en el Senado de la República, Uribe acudió a la Corte Suprema de Justicia en donde entablo denuncia penal contra Cepeda por el delito de manipulación de testigos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el mes de febrero del año 2018 exoneró a Cepeda y en cambio abrió formalmente investigación a Uribe por el delito de manipulación de testigos. Así Uribe paso de acusador a acusado. En este momento el expediente estaba en la Sala Penal de la Corte Suprema en cabeza del magistrado José Luis Barceló quien fijo el día 3 de septiembre del año 2018 para que Uribe rindiera indagatoria. Esta no se pudo realizar por dos circunstancias. La primera porque la defensa de Uribe recuso a los magistrados que habían tomado la decisión y la segunda porque entró en vigencia una reforma constitucional que estableció la doble instancia para los aforados constitucionales que cubre a Uribe como senador de la República. La recusación fue rechazada por la Sala Penal de la Corte, pero, el proceso tuvo que ser remitido a la nueva Sala de Instrucción conformada por seis magistrados que actúa como primera instancia. El proceso con sus pruebas y anexos fue remitido a dicha sala en donde la correspondió inicialmente a la Magistrada Cristina Lombana Velásquez recién nombrada como los demás magistrados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

El senador Cepeda recusó a la magistrada Lombana por ser al mismo tiempo que magistrada mayor en servicio activo del Ejército Nacional. Cepeda argumentó que no Lombana no podía ser la magistrada ponente porque había sido subalterna de Uribe cuando este fue presidente de la República. Tanto la Sala de Instrucción como después el Consejo de Estado separaron a Lombana del proceso y reasignaron el caso que en esta ocasión le correspondió en mayo pasado al magistrado Reyes Medina quien cito a Uribe a indagatoria para este próximo 8 de octubre. También llamó a indagatoria el representante por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada por los mismos hechos. Prada hizo parte de las personas que trataron de influir para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve principal testigo contra Uribe cambiara su versión. La indagatoria de Prada fue fijada para el próximo nueve de octubre.

Pero también el magistrado Reyes Medina tiene a su cargo la indagación en contra de Álvaro Uribe por presuntos nexos con grupos paramilitares que incluye el homicidio del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo ocurrida el 27 de febrero de 1998; así como las masacres de la Granja y el Aro perpetradas en el municipio de Ituango en los años 1996 y 1997 que fueron declaradas como de lesa humanidad el 31 de mayo de 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al declararlas como de lesa humanidad las investigaciones no prescriben y las investigaciones siguen adelante. No obstante la indagatoria a Uribe este 8 de octubre se relaciona con la manipulación de testigos en el proceso entablado por el expresidente en contra del senador Cepeda.

Todos los recursos interpuestos por Uribe han sido resueltos de manera negativa y la Sala de Instrucción 2 de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad los ha negado incluido un recurso de nulidad del proceso. La única novedad es que la sala llamó a nuevos testigos que habían sido solicitados por la defensa de Uribe la mayor parte de esos nuevos testigos fueron jefes de los paramilitares o reconocidos narcotraficantes. Estos testimonios serán acopiados antes de la indagatoria prevista para este 8 de octubre.

La Sala de instrucción al ratificar el llamado a indagatoria de Uribe ha señalado que tiene material probatorio que debe ser controvertido en dicha indagatoria por el propio Uribe y su abogado defensor. Los cinco magistrados habilitados deberán tomar una decisión sobre si dictan una medida de aseguramiento en los 10 días posteriores a la indagatoria o si por el contrario cierra el proceso. De continuar con el proceso debe decidir si envía a Uribe a un centro carcelario o lo deja en libertad para que asuma su defensa. El lío mayor de Uribe es que el delito que se le imputa en el proceso es el de manipulación de testigos para tratar de influir en el proceso por lo que los magistrados deberán resolver si lo privan de la libertad para evitar que siga influyendo de manera ilegal en el mismo.

Todo esto se da en un momento complicado para Uribe y para el gobierno que indudablemente él orienta. Los índices de popularidad de Uribe han caído y su capacidad de convocatoria se ha visto seriamente disminuida. Sus actividades electorales ya no cuentan con asistencia nutrida. Su partido el Centro Democrático da tumbos y se divide en temas de la agenda del Congreso. Las barras bravas del Uribismo se han visto seriamente afectadas y disminuidas. En cierta forma la opinión pública muestra un hartazgo por las posiciones de Uribe de oposición al proceso de Paz, por intentar sin éxito acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, por oponerse a la política de reparación integral a las víctimas que suman más de ocho millones y por negar la existencia del conflicto armado interno. Hasta ahora las más de 200 denuncias contra Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no han avanzado y tampoco los 14 procesos que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si la Corte Suprema finalmente se atreverá a avanzar en esas investigaciones. Por lo pronto la única investigación que ha avanzado es la relacionada con este proceso y la Corte finalmente tendrá que decidir si sigue adelante o si como ha sido la constante hasta ahora mantiene los grandes privilegios de los que ha gozado Uribe para actuar impunemente. De eso se trata ahora.

Bogotá agosto 22 de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)