Este 20 de julio se instaló una nueva legislatura con nuevos presidentes de Senado de la República y de Cámara de Representantes que como había sido consignado en los acuerdos interpartidistas en esta ocasión fueron asumidas por dos partidos declarados en independencia con respecto al gobierno. El Senado de la República estará presidido por el liberal Lidio García Turbay y la Cámara de representantes por Carlos Cuenca del partido Cambio Radical. Así que por primera vez desde el inicio del actual gobierno que preside Iván Duque Márquez el Congreso queda en manos de partidos políticos que se han declarado independientes con relación al gobierno.

Por las atribuciones que tienen estos dos cargos la agenda legislativa del Gobierno tendrá mayores problemas de los que ya tuvo en la legislatura que concluyó el pasado 20 de junio en que el Senado de la República estaba presidido por Ernesto Macías un uribista gobiernista que dificultó enormemente el ejercicio de control político por parte de los partidos de oposición y dilató al máximo el trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Justamente por sus argucias ilegales Macías terminó siendo investigado por haber impedido que Duque escuchara la intervención de réplica a su intervención este 20 de julio en la instalación de las sesiones del Congreso. Macías no solo no agendó la intervención del vocero de la oposición, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, sino que con micrófono abierto señaló que declararía un receso para que Duque saliera sin escuchar a Robledo, como en efecto hizo de manera ilegal. Por estos hechos la Procuraduría le abrió una investigación que está en curso lo cual podría acarrearle sanciones disciplinarias.

Pero el problema no está solo en el manejo que los nuevos presidentes de Senado y Cámara le den a la agenda legislativa. El problema principal a mi juicio está relacionado con la agenda regresiva que el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha presentado al Congreso que mantiene en el centro de sus iniciativas el torpedear el ya maltrecho proceso de Paz. Tres iniciativas corroboran esta decisión política del Centro Democrático, la primera el proyecto de Acto Legislativo que busca sustraer a los militares de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en la cual hoy comparecen de manera obligatoria un poco más de 2000 militares comprometidos con delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en relación con el conflicto armado. El proyecto del uribismo busca crear una sala especial adscrita a la Corte suprema de Justicia en que prima la búsqueda de impunidad para que los militares comprometidos con dichos delitos no esclarezcan los hechos ni asuman la responsabilidad por los mismos.

Un segundo proyecto busca la creación de una segunda instancia para los aforados constitucionales que de acuerdo con la Constitución de 1991 solo podrían ser investigados y sancionados o absueltos en una única instancia en la Corte Suprema de Justicia. Esa segunda instancia fue creada mediante acto legislativo (01 de 2018), este acto legislativo no contempló la revisión de los cerca de 250 procesos de única instancia que se habían proferido desde la Constitución de 1991 y que tuvieron como principales actores a parlamentarios comprometidos en la investigación por la financiación de la campaña electoral de 1994 que llevó a la presidencia de la República a Ernesto Samper Pizano que fue infiltrada con recursos del narcotráfico provenientes del llamado cartel de Cali. Por estos hechos fueron condenados un poco más de 20 parlamentarios. Los otros beneficiarios serían los cerca de 70 parlamentarios condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos probados con los grupos paramilitares en el proceso conocido como el proceso de la parapolítica. El resto son gobernadores, alcaldes, magistrados, militares, parlamentarios, que son los aforados constitucionales condenados por sus nexos con el narcotráfico o por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El centro Democrático ha presentado sin ningún rubor el proyecto que beneficiaría principalmente a parlamentarios y exfuncionarios de las dos administraciones de Uribe. El proyecto casi que tiene nombre propio, se trata de beneficiar a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de Uribe condenado a un poco más de 17 años de cárcel por haber otorgado recursos económicos a poderosos terratenientes que no llenaron los requisitos para ser beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro como quedó demostrado en el juicio y condena a Arias. El Centro Democrático ha creado una narrativa según la cual Andrés Felipe Arias habría sido condenado por persecución política. El propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pidió que a Arias se le garantice el derecho a una segunda instancia, desestimó que en su proceso judicial se le hubiesen violado los derechos a un debido proceso o recursos judiciales para su defensa.

Cuatro organismos autónomos han desestimado las denuncias y la supuesta persecución política que alegan tanto el uribismo como el propio Arias. La procuraduría General de la Nación siendo procurador el uribista Alejandro Ordoñez Maldonado condenó en juicio disciplinario a Arias a 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Esta condena fue apelada ante el Consejo de Estado que en fallo de este año ratificó la sentencia de la Procuraduría de Ordoñez. Fue la uribista Viviane Morales quien siendo fiscal General acuso ante la Corte Suprema a Arias. En juicio fiscal, la Contralora General Sandra Morelli en el año 2014, condenó a Arias por estos mismos hechos con una multa superior a los 12 mil millones de pesos y para rematar la justicia norteamericana negó el asilo político a Arias pues no pudo demostrar que su condena fue producto de una persecución política. Así que no fueron solo los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los que encontraron culpable a Andrés Felipe Arias sino todas las autoridades que lo investigaron lo condenaron penal, disciplinaria y fiscalmente. Aun así el uribismo presentó este proyecto de acto legislativo que distraerá al Congreso en esta legislatura.

Así mismo la bancada del Centro Democrático en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal presentó un proyecto de reforma a la Ley 1448/2011 conocida popularmente como la ley de víctimas y de restitución de tierras cuyo avance ha sido muy lento pues solo ha logrado la restitución de predios de unas 300 mil hectáreas. Hay que tener en cuenta que el despojo cubre cerca de 8 millones de hectáreas. El proyecto del Centro democrático busca favorecer a los despojadores brindándoles garantías para que puedan quedarse con los predios producto del despojo cobijándolos bajo la figura de compradores o tenedores de buena fe.

Entre tanto el Gobierno de Duque no parece tener una agenda propia para enfrentar problemas derivados por ejemplo de la implementación de los Acuerdos de Paz a lo cual estaría obligado. En un informe reciente preparado por los parlamentarios de la oposición se muestra que no hay ningún compromiso del Gobierno de Iván Duque por desarrollar el acuerdo en temas como reforma rural integral, reforma política, reforma para brindar garantías a las organizaciones sociales, reforma para garantizar y dar seguridad a pequeños agricultores dedicados al cultivo de coca que hagan más expedito el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, reforma al marco normativo que garantice a las víctimas reparación integral y normas que garanticen a las víctimas las 16 curules en la Cámara de representantes para los 170 municipios en que se desarrolló con mayor fuerza el conflicto armado o reales medidas de protección para los excombatientes de las FARC que vienen siendo asesinados y para la protección de los líderes sociales.

Tampoco Duque presenta propuestas frente a temas relevantes de la agenda nacional como por ejemplo una verdadera reforma a la justicia que ataque de fondo la impunidad y resuelva los más de 3 millones de procesos que atosigan el sistema judicial en el país. Para Duque y el uribismo los problemas de la justicia están relacionados en cómo dar mayores garantías a los aforados constitucionales o cómo poner más trabas al proceso de paz. Razón le cabe a la revista inglesa The Economist que califica el primer año de Duque como improductivo.

Así pues nada importante ha llevado al Congreso el gobierno de Duque. Sin embargo tendrá que ocuparse de temas cruciales como el régimen pensional pero no creemos que para bien sino para empeorar las condiciones inequitativas del régimen privado de las pensiones o una reforma tributaria pues la ley de financiamiento aprobada en el año 2018 en vez de mejorar la situación de las finanzas públicas incrementó el déficit fiscal. Esa es la realidad en materia de agenda legislativa.

Bogotá 8 de agosto de 2019.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)