El “Protocolo de acuerdo de entendimiento” que antecedió la aprobación del TPOP, suscrito entre el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera y la Comisión de Relaciones Exteriores fue un salvavidas de última hora. Y será usado en estos días para engatusar a los senadores que han tenido una posición contraria al TPP. El presidente José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira (UDI), José Miguel Ossandón (RN) y Alejandro Guillier votaron como hermanos de causa, por unanimidad a favor del TPP11, un tratado que garantiza a las corporaciones transnacionales avanzar sin cortapisas imponiendo megaproyectos bajo sus nuevas reglas del juego. Insulza honró así el modelo agroexportador iniciado por Augusto Pinochet, el dictador al que trajo de regreso a Chile el año 2000 asegurándole impunidad total.

El protocolo de 7 puntos y 9 promesas conocido ayer, surgió en respuesta a una reiterada súplica formulada a la DIRECON por Guillier, quien requería una coartada para votar a favor del tratado. Es un documento de nulo valor legal. El Senado debe analizar el contenido de un tratado, y no una interpretación libre de los 30 capítulos, sus anexos y cartas bilaterales. Los senadores demostraron ignorar su contenido, el cual no está sujeto a debate alguno, salvo los que se puedan dar más adelante debido a demandas en las cortes internacionales de fantasía previstas por el TPP. Allí las transnacionales demandantes, usando los abogados de las mismas corporaciones, harán valer (en secreto, claro está; así está establecido) cada línea y cada cita al pie de los capítulos de inversión y resolución de controversias, sin que este protocolo pueda esgrimirse para zanjar el tema. La extensión del protocolo sólo permite por ahora analizar lo más evidente.

Fantasías del protocolo

El punto 7 del Protocolo es inusitadamente cómico: “El Gobierno… mantendrá plena autonomía para mantener la prohibición del ingreso a nuestro país de productos transgénicos”. Sic. Pero ministro Ribera, senadores: ¡en Chile jamás se ha prohibido el ingreso de productos transgénicos! Los supermercados están llenos de productos procesados elaborados con maíz o soya transgénicos, importados por Walmart o Paulmann sin prohibiciones ni evaluación de riesgo. Lo único que se prohíbe es etiquetarlos como tales. Nuestras objeciones son de otro orden. Apuntamos a que los mecanismos de “coherencia regulatoria”, de definición de “obstáculos al comercio” y de revisión de las leyes actuales y futuras contenidos en el TPP, son aplicables a las normas sobre los actuales semilleros transgénicos, que solo multiplican semillas transgénicas para ser exportadas. Con el TPP, se abre paso a extender los cultivos transgénicos de maíz (y otros) para el mercado interno. Se requiere maíz para alimentar a los cerdos de las nuevas plantas de Agrosuper que exportará ahora además carne a Malasia y Japón, dejando sin agua y sin calidad de vida a más localidades rurales. El impacto en los consumidores, derivado de la alteración del ADN del maíz, asociado a enfermedades crónicas e intestinales, se agrava por el uso constante del glifosato cancerígeno, inseparable de esos cultivos. Y como el etiquetado de transgénicos es considerado en Canadá –miembro del TPP- como obstáculo para el comercio, eso dificulta aún más lograr una ley de etiquetado de transgénicos.

Precaución con el punto 5

El punto 5 del Protocolo señala que Chile “puede establecer el nivel de protección sanitaria o medio ambiental que estime adecuado, incluyendo la aplicación del principio precautorio.” Ello está en abierta contravención con lo estipulado en el Capítulo 7 del TPP, que establece que para una regulación sólo se podrá tomar como base “la ciencia”. Ya hay mil investigaciones de científicos independientes mostrando los dañinos efectos del glifosato. Pero el TPP permitiría impedir su prohibición al considerar que “no son concluyentes” o no son “buena ciencia” y dar más valor a investigaciones presentadas por los fabricantes, como Australia o Japón o México que exportan glifosato a Chile. En un tratado, lo que no está incorporado, simplemente no existe. Por esa razón, en el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea se estableció explícitamente la vigencia del principio precautorio, que permite adoptar medidas regulatorias aun cuando no se cuente con toda la evidencia científica.

Un registro riesgoso

El punto 16 del Protocolo pretende también acallar a las defensoras de la semilla. Presenta como un compromiso la inclusión de “la elaboración de un registro de variedades tradicionales” en la nueva Ley de Obtentores (equivalente al anterior proyecto de Ley Bayer/Monsanto) exigida por el TPP. El gobierno reconoce en el punto 6 del protocolo, que es necesario implementar el Convenio UPOV 91 (Unión Internacional de Protección Vegetal del año 91). No era un “mito” (como dijo la DIRECON tantas veces) que Chile hasta hoy se rige por el UPOV del año 78, y para cumplir con la versión 91 del convenio, debe implementar una nueva Ley de Obtentores y el TPP pone nueva presión para ello. Esta idea de un registro de semilla tradicional encomendado al INIA e incorporado en esa ley ya fue presentada tanto por los ministros de Bachelet como de Piñera y fue rechazada por las organizaciones campesinas y socioambientales. El INIA se financia en buena medida con la venta de semillas de su Banco de semillas, a las semilleras y entidades internacionales que requieren materia prima (semilla tradicional) para poder modificarla ligeramente y registrar nuevas variedades comerciales. Los obtentores, según los requisitos del UPOV, no registran semillas tradicionales, sino aquellas modificadas a partir de éstas. Justamente las requieren para poder privatizarlas (ellos dicen “mejorarla) y “darle valor comercial” para convertirla según ellos en semilla “nueva”, “distinta” y homogénea y estable. Por ello, la frase del protocolo prometiendo que la semilla tradicional “no podrá ser objeto de propiedad intelectual de ninguna naturaleza”, no tiene sentido alguno. El TPP en el capítulo de propiedad intelectual, establece sin embargo que los derivados de las semillas pueden ser objeto de patentes. Las actuales instituciones del Estado ven la semilla como una mercancía a la que hay que darle “valor”. Por ello, encomendarles recolectar semilla nativa y gestionar un registro de variedades tradicionales, sólo pone más en riesgo la biodiversidad y el patrimonio genético de las comunidades campesinas e indígenas. Es justamente ese patrimonio rico en diversidad el que podría permitir enfrentar desafíos como el cambio climático y avanzar hacia una agricultura agroecólogica que asegure alimentos sanos, libres de plaguicidas y transgénicos, al alcance de todas y todos. Pero eso es todo lo contrario de lo que busca el TPP, orientado a la agroexportación y el extractivismo.

Soberanía en la medida de lo posible

Frente a la eventual aprobación del CPTPP, el Gobierno reitera en el punto 2 del protocolo, frases tomadas del tratado que defienden su derecho a regular de acuerdo a objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente y otros. Y oculta que todas esas palabras de buena crianza se anulan por ir seguidas de una frase clave: “en la medida que ello no sea incompatible con los contenidos de este tratado”. Es decir, cualquier medida o regulación que afecte los intereses de los inversionistas podrá ser objeto de demandas internacionales.

La matriz productiva y las PYMES

Hay promesas en los puntos 9 y 11 del protocolo, sobre impulsar políticas de desarrollo productivo y diversificación exportadora, muchas de las cuales se anulan ya que el TPP impide incluir en la inversión, la exigencia de dejar la tecnología en el país. El protocolo levanta las reglas de origen como respuesta a las objeciones planteadas por el académico José Gabriel Palma, y más recientemente por la Federación de Trabajadores del Cobre acerca de que Chile es un gran exportador de tierra, (de “basura” decía Palma aludiendo a la huella de carbono de la exportación de millones de toneladas de cobre en bruto en interminables embarques) y no cambia la matriz productiva. Para el protocolo, poder envasar en Chile la piña importada desde un país miembro del tratado, y rotularla con la regla de origen “hecha en Chile” es resolver el problema de la diversificación productiva y del extractivismo.

Ya votó la comisión de relaciones exteriores ignorando la inédita experiencia del plebiscito ciudadano en que votaron más de medio millón de chilenas y chilenos, expresándose en contra un 92% de ellos. El gobierno y los viudos de Bachelet moverán su protocolo en las comisiones de Hacienda y Constitución pero fundamentalmente apuntarán a la votación en sala, ya que la mayoría de los senadores no tiene idea de qué se trata el TPP. La comisión de Salud jamás discutió qué pasará con el acceso a los medicamentos genéricos ni conoció los argumentos de los especialistas en el tema y sólo conocerá ahora una promesa más del gobierno, que dice no hará nuevas leyes al respecto. No es ése el punto, y ojalá funcione la Comisión de Salud para enterarse cuál es el problema. Y la Comisión de Ambiente, para que Chile no pase por el bochorno de llegar a la COP 25 aprobando un tratado con graves impactos para el ambiente y ni una sola mención al cambio climático.

No ha terminado la lucha contra el TPP. Más importante aún, no han concluido, y cada vez son más las luchas socioambientales contra las cuales se estrellará antes o después el Tratado Transpacífico CPTPP, legado conjunto de Piñera y Bachelet impulsores del extractivismo y la destrucción ambiental.

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