Desde que el actual presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, tomó posesión de su cargo en la máxima magistratura de aquel Estado, izquierdas y derechas en América, por igual, no han dejado de subestimar ni el discurso ni las acciones emprendidas por su administración en contra de Venezuela.

En principio, el caso de las derechas en la región no es, por supuesto, para sorprender a nadie. No sólo inundan la vida política nacional de la mayor parte de las sociedades americanas: desde Argentina y Brasil, como extremos más radicales; hasta Ecuador y Uruguay, con una menor —pero no por ello despreciable— intensidad; y pasando, a con diversos matices a lo largo y ancho del espectro político e ideológico, por los regímenes de Ecuador, Paraguay y Chile (y no se diga toda Centroamérica, que hoy, como hace treinta o cuarenta años, se juega su futuro entre diferentes expresiones de violencia, explotación y saqueo, producto de intervenciones geopolíticas lo mismo occidentales que chinas), sino que, además, han reproducido sistemáticamente su subordinación ante el régimen trumpista para asegurar el mantenimiento de sus propios intereses nacionales al frente de sus respectivas estructuras estatales.

El caso de las izquierdas (o de eso que se hace llamar izquierda, así sean dogmáticos remanentes de un siglo perdido entre populismos y dictaduras cívico-militares), por otra parte, es, de hecho, un verdadero trauma y una de las mayores tragedias que han experimentado los movimientos políticos regionales desde que el ciclo progresista se inauguró en los primeros años posteriores a la vuelta del siglo. Y es que no únicamente se encuentran en posiciones abierta y francamente asimétricas frente al fortalecimiento que han experimentado los regímenes de derecha en el continente (lo mismo en el plano doméstico que frente a los embates de las potencias exteriores), sino que, aunado a ello, han decido (quizá por ineptitud o por una verdadera ignorancia histórica) permanecer en una posición de ensimismamiento y total desconexión de las exigencias que en el día a día demanda la resistencia de los sectores poblacionales que hoy vuelven a ser el blanco predilecto de las fuerzas del capital global.

En los hechos, la conjunción de ambas dinámicas ha llevado a que la región, en menos de un lustro, experimente, de manera simultánea, tanto la expansión de los límites cuantitativos y cualitativos del conservadurismo de derecha más atroz (ese que, en casos como los de Brasil y Argentina, sale a las calles a exigir el retorno de la dictadura) cuanto la reducción de los márgenes de acción de cualquier intento serio de oposición. Pero también, y sobre todo, a dinámicas tan perniciosas que van desde la abrupta cerrazón de los límites del discurso crítico hasta la necesidad de negociar prebendas con los regímenes en turno para mantener con vida lo poco que queda de las apuestas políticas que en décadas anteriores afirmaban ser la encarnación de las demandas más progresistas de las que toda América tuviese memoria.

Eclipse, por lo tanto, de las capacidades del discurso para plantear una critica directa a las dinámicas políticas, culturales, económicas, etc., que la derecha ha venido emprendiendo para desmontar todo cuanto se construyó en los mandatos de Luiz Inacio da Silva, de Cristina Fernández, de Rafael Correa (con la honrosa excepción aún con vida en la Bolivia de Evo Morales y García Linera) y compañía; pero que, además, se ve reforzado por la necesidad de esas izquierdas disminuidas de tener que aceptar su plena formalización y subordinación so pena de dejar de existir si en el camino se proponen ser combativas o, sin ir tan lejos, contestatarias. Dinámicas, ambas, que en el caso de Venezuela han conducido, por la vía de la derecha, a la constitución de alianzas regionales (como el Grupo de Lima), creadas exprofeso para cerrar el cerco sobre un gobierno venezolano que si bien es cierto que ha cometido errores imperdonables para la herencia política que Hugo Chávez dejó en el país, también lo es que ha sido objeto de una agresión internacional de magnitudes, quizá, nunca antes registradas.

Y por el sendero de la izquierda, a observar, de manera autocomplaciente, mientras en el discurso se condena, siempre en los términos más enérgicos, el bloqueo que alrededor de la república bolivariana desplegó Estados Unidos.

Sólo así, por esa claudicación, se explica que, ante los permanentes embates del Grupo de Lima, los sectores de la oposición no fuesen capaces más que de emitir desplegados, cartas de buenas intenciones y manifiestos sin que nada de ello se tradujese en la materialización de propuestas de concertación política regionales con el potencial de hacer frente (quizá de la mano de gobiernos como los de Bolivia, México y Uruguay) a la embestida geopolítica estadounidense y a las pretensiones golpistas que se gestaron al interior de la república venezolana. Y sólo así, por ello, se explica que en menos de un año, el cerco geopolítico se cerrase tanto alrededor de las capacidades económicas, financieras y diplomáticas de una Venezuela que, trágicamente, parece no contar con un sostén mayor que el de una China igual de ávida por el petróleo venezolano que Estados Unidos y una Rusia que aunque encuentra en la nación caribeña a uno de sus aliados más importantes, no deja de ser un escenario de operaciones lejano a los intereses más inmediatos y vitales para la geopolítica rusa en el resto de las periferias globales.

Por eso el reciente anuncio de Donald Trump, relativo al congelamiento de todos los activos de los bienes e intereses en propiedad del gobierno venezolano, situados en territorio estadounidense no es menor. Porque, por un lado, las izquierdas nacionales de la región están más concentradas en su retaguardia, en seguir existiendo como fuerza política con capacidad de movilización social en periodos electorales, que en construir vasos comunicantes regionales que les permitan fortalecer su posición no sólo al interior de sus propias sociedades, sino, además, cerrar espacios de disputa al capital y al conservadurismo de derecha que hoy campea por el continente lo mismo con las banderas más retrógradas concebibles (disfrazadas de valores tradicionales) que con campañas de concientización social frente al calentamiento global, la situación de los derechos humanos en el mundo y la ampliación de las capacidades del mercado de inundarlo todo y de anestesiar todo descontento social con una mayor mercantilización de la vida en colectivo.

Y por el otro, porque la magnitud del embargo ya es tal que —muy a pesar de las declaraciones que el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó en sus redes sociales para legitimar el bloqueo estadounidense sobre la nación que dice querer gobernar para sacar de la crisis—, el escenario que se prevé, con las pocas opciones que tiene Venezuela para sustituir su dependencia económica de su actividad comercial con Occidente (y que por ningún motivo Rusia, China e Irán, o sus aliados, tienen la capacidad de suplir), es el de una mayor pauperización de las condiciones de vida de los estratos sociales venezolanos menos privilegiados: vidas, en concreto, cuya aniquilación se sigue justificando internacionalmente bajo el pretexto de la necesaria adopción de la democracia procedimental y el neoliberalismo más atroz como mantra de estabilidad, progreso y desarrollo social.

No es este, pues, un movimiento más dentro del abanico de posibilidades con el que cuentan los presidentes Estadounidenses para someter a sus intereses a los gobiernos que les son incómodos. No es una más de las cien restricciones impuestas por la administración Trump en contra de nacionales y empresas venezolanas para restringir su actividad comercial lo suficiente como para crear escenarios de escasez cada vez mayores. Es, por lo contrario, una decisión de la magnitud experimentada por otras naciones caribeñas a lo largo de más de medio siglo, como la cubana. Y es, en este sentido, una acción que debería de movilizar a la izquierda si es que no quiere revivir al fantasma del 73 pinochetista que después se desplegó sobre el resto del continente en la forma de operaciones de contrainsurgencia.

América, después de todo, no se encuentra en su mejor momento. Bolivia es, sin lugar a dudas, un bastión que, hasta cierto punto, se ha mantenido en los imaginarios colectivos nacionales de la región como un horizonte deseable sobre el que hay que seguir trabajando para profundizar y ampliar la justicia social sobre la cual se cimienta. México, más al Norte, es también un referente, pero lo es menos, aún, en tanto las tensiones por las cuales se encuentra atravesando el actual gobierno, en su relación con los intereses privados con los que tuvo que negociar y pactar para llegar a ser lo que es hoy, no se resuelvan y le impriman un sentido más preciso, más establece y profundo.

Por eso, si se pierde Venezuela (y todo parece indicar que, de resistir el embargo, la siguiente presión vendrá desde las oficinas del Departamento de Estado, el Pentágono y el Comando Sur), no sólo se pierde todo lo que aun queda vivo del legado chavista, sino que, además, se pierde un espacio y un tiempo (necesarios) de disputa histórica para los movimientos de emancipación americanos: un horizonte de construcción de sentidos alternativos al actual curso del neoliberalismo regional, en tiempos en los que la política exterior estadounidense, por intempestiva, torpe, visceral e improvisada que parezca, está cerrando brecas allí en donde necesita cerrarlas para contrarrestar la decadencia de su primacía global, de cara a una china que se avizora cada vez más en vías de consolidar su propia hegemonía mundial.

Y es que, en tiempos como éste, las posibilidades de que corra sangre por las calles de América no es sólo una metáfora más sin sentido, sino una posibilidad por completo cierta para un actor (Estados Unidos) que se juega algo más que el control de un espacio estatal, una proyección geopolítica regional y un abasto permanente de hidrocarburos desde los yacimientos más ricos del mundo.

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional, @r_zco