Este viernes 26 de julio cientos de miles de colombianos y colombianas salimos a marchar no solo en Colombia sino en muchas ciudades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Australia, fue una marcha diversa, plural, multicolor.

En total fueron más de 130 ciudades que presenciaron la movilización que tenía como propósito denunciar el asesinato de más de 702 líderes y lideresas sociales desde la firma de los acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, suscrito en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016 y también en protesta por el asesinato de más de 136 excombatientes de las FARC que se encuentran en proceso de reincorporación a la sociedad.

La exigencia es al Gobierno de Duque para que adopte una política pública efectiva para detener la matazón. Este es uno de los problemas principales que afronta hoy el maltrecho proceso de Paz en el país. Las medidas adoptadas como el llamado Plan de Acción Oportuna, PAO, formulado por el gobierno desde el pasado mes de noviembre está lejos de detener la ola de terror e intimidación desatada por las fuerzas opuestas al proceso de Paz que encuentran un aliciente en los incumplimientos múltiples del Gobierno en la implementación de los Acuerdos.

Ante estos macabros hechos la Fiscalía General de la Nación responsable por las investigaciones insiste una y otra vez en que se viene avanzando en las investigaciones en contra de toda videncia. Apenas un 10% de los asesinatos han terminado en condenas a los perpetradores materiales, es decir, a los autores directos, a los gatilleros, sin que las investigaciones hayan llegado a los determinadores o autores intelectuales que están tras los crímenes. El desmantelamiento de las organizaciones criminales autoras de estos crímenes, es casi nula. Estos grupos criminales mantienen nexos activos con sectores de las fuerzas armadas y de policía en las regiones y principalmente en aquellos territorios en los que las FARC ejercieron dominio militar y  económico durante los cerca de 60 años de confrontación de esta organización con el Estado.

Una política de protección a los líderes y lideresas sociales blanco de estos ataques supone ejercer dominio territorial desde el Estado preservando los derechos de las comunidades, atacando de fondo el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, el control de las actividades de la minería ilegal, haciendo presencia con centros educativos, redes hospitalarias, electrificación rural, sustitución de cultivos de uso ilícito, construcción de vías de comunicación, es decir, hacer presencia desde el Estado en estos territorios.

Todo esto se contempló en los Acuerdos de La Habana que estipuló que debían construirse con las comunidades unos Planes de Desarrollo con enfoque territorial, PDET. Serían 16 planes con cubrimiento en 172 municipios que fueron el principal escenario de confrontación entre éstas guerrillas y el Estado. Los planes han sido concertados pero su implementación es muy lenta y carece de los recursos económicos suficientes para llevarlos a cabo como también son insuficientes los recursos destinados a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito en estos territorios que concentran más o menos el 70% del total de cultivos de coca en el país que suman cerca de 208.000 hectáreas. El Acuerdo contempló además que estos territorios y sus habitantes deberían tener una representación parlamentaria, 16 curules, por ocho años en la Cámara de representantes para visibilizarlos y empoderarlos políticamente. Estas curules no han sido aprobadas pues han contado con la oposición activa del partido del Gobierno, el Centro democrático.

El acuerdo previó de manera acertada que debería conformarse así mismo una Unidad de Investigación independiente, dotada de recursos económicos, de personal propio,  autónoma de la Fiscalía, para investigar y desmontar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo como se les denominó en el Acuerdo Final. La clave estaba en la autonomía que dicho organismo debería mantener con respecto a la Fiscalía General de la Nación que ha resultado ineficaz y ha sido desbordada por la realidad de esta criminalidad organizada. Esta Unidad debería tener un cuerpo propio de policía judicial, un cuerpo élite. El nefasto y corrupto fiscal, Néstor Humberto Martínez, se dio a la tarea de subordinar dicha Unidad para ponerla bajo su dirección cosa que logró y que fue avalada por el gobierno de Santos y por la propia Corte Constitucional. Esa Unidad hoy está dedicada a la investigación de los crímenes de líderes sociales y ha abandonado su objetivo misional que es la investigación y el desmonte de esas estructuras paramilitares.

Así mismo se creó una Comisión Nacional de Garantías cuya tarea fundamental era la de dotar al país de una política pública para el desmonte de estas estructuras de la muerte al tiempo que, debería poner en marcha alrededor de esa política de un acuerdo nacional para sacar las armas de la política y para dar garantías a los excombatientes como a líderes sociales y proteger su legitima actividad. Durante el año de ejercicio del gobierno por parte del Centro Democrático con Duque en la presidencia de la República esta Comisión solo se ha reunido una vez. Duque desconociendo los acuerdos, ha creado otros organismos para ocuparse de estos temas. Por eso las marchas insistieron en la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz.

Los terceros responsables en el conflicto armado en Colombia  

En los albores de los preparativos de la marcha el expresidente y jefe del Partido Liberal, Cesar Gaviria Trujillo aseguró que el asesinato de líderes sociales es la consecuencia de un “error que se cometió en el proceso de Paz”. Según Gaviria, durante las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC debió incluirse a los “terceros involucrados en el conflicto armado, sectores que podrían estar relacionados con los ataques contra líderes sociales”. Los llamados terceros responsables involucran a los terratenientes, comerciantes, empresarios, funcionarios públicos que no pertenecen a las fuerzas armadas o de policía como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, que participaron y se involucraron en el conflicto armado bien por la vía de la financiación o por la vía del apoyo y utilización de actores armados como los grupos paramilitares para ordenar crímenes, despojo de tierras, y demás actos criminales ligados al conflicto.

El jefe del liberalismo agregó que si no se involucra a esos terceros, “se va a terminar con un proceso de paz a medias”.  Para Gaviria el error fue “subestimar el problema de la relación de los terceros con grupos paramilitares en muchas regiones del país”. Pero así mismo el expresidente plantea una alternativa. “Hay una manera facilísima de meterlos y es que el Acuerdo habla de que las personas y las empresas que hayan sido intimidadas quedan exentas de responsabilidad. Bastaría que la Fiscalía hiciera un listado de mil nombres y que esta gente tuviera que ir a la Comisión de la Verdad y quedan limpios”.[i]

La responsabilidad de los llamados terceros en el conflicto armado Colombiano si se tuvo en cuenta en los Acuerdos de La Habana, contrario a lo que afirma Gaviria y se previó el camino que deberían asumir para rendir cuentas a la justicia y no es tan fácil como lo plantea Gaviria pues la mayor parte de los autores intelectuales y de los directos beneficiarios de la guerra se encuentran en este grupo. El Acuerdo final planteo que los terceros responsables deberían concurrir obligatoriamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde deberían dar cuenta y asumir sus responsabilidades. El acuerdo previó que los terceros que hubiesen sido intimidados por los actores armados para financiarlos o para prestarles colaboración en sus actividades criminales y pudieran demostrarlo quedarían exentos de culpa o limpios como dice Gaviria. Pero los que impulsaron, organizaron y financiaron grupos criminales para el despojo de tierras deberán confesar sus actividades, serán castigados por la justicia restaurativa con penas blandas pero deberán reparar a las víctimas y confesar toda la verdad. Esto es lo que dice el Acuerdo final.

Pero en su paso por el Congreso de la República y por la revisión del acto legislativo que contemplaba el tratamiento a estos terceros responsables en la Corte Constitucional y con una activa participación del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, del Uribismo y del nefasto fiscal Néstor Humberto Martínez, así como de parlamentarios de otros partidos, no se respetó el Acuerdo Final y lo que se aprobó es que los terceros responsables se mantendrán en la jurisdicción ordinaria y solo si voluntariamente deciden podrán ir a la JEP. La pregunta obvia es ¿por qué los llamados terceros preferirían mantenerse en la jurisdicción ordinaria donde se contemplan penas de cárcel elevadas hasta de sesenta años por sus conductas criminales mientras que si se someten a la JEP allí tendrían penas blandas si confiesan toda la verdad y reparan a sus víctimas?

La verdad es que en la jurisdicción ordinaria impera la más absoluta impunidad. Los terceros responsables juegan a la impunidad y por eso reivindicaron en el Congreso y la Corte Constitucional inexplicablemente validó esa decisión que por demás viola flagrantemente el Acuerdo Final, de mantenerse en la jurisdicción ordinaria.

Veamos el asunto con cifras concretas. La jurisdicción de Justicia y Paz puesta en marcha en el año 2005, Ley 975, para juzgar a los paramilitares sometidos a la Justicia en un proceso bastante irregular -pues ni texto existe de los acuerdos del gobierno de Uribe con los paramilitares- encontró cerca de 16 mil hechos o noticias criminales. Esta jurisdicción no era competente para abocar las investigaciones y decidir sobre estos terceros responsables y la ley previó que deberían compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que asumiera las investigaciones en la cual están involucrados cerca de 5 mil empresarios, comerciantes, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, es decir, los llamados terceros responsables como la empresas norteamericanas Chiquita Brands y la  Drumond, acusadas de financiar a los grupos paramilitares y en el caso de la Drumond presuntamente involucrada en el asesinato de líderes sindicales. En el primer caso la justicia norteamericana multó a esta empresa por encontrarla culpable. En Colombia la jurisdicción ordinaria no ha avanzado en la investigación y mucho menos en el castigo a estas empresas y a sus conductas criminales. La impunidad es casi total.

De modo que Gaviria tiene razón al señalar que para cerrar el conflicto es necesario que los terceros responsables asuman sus responsabilidades, pero no tiene razón al decir que los Acuerdos de La Habana no previeron su tratamiento y la ruta jurídica que deberían recorrer. Simplemente en este punto se ha desconocido y violado el acuerdo flagrantemente. Para enmendarlo sería como dice Gaviria sencillísimo pero no para que la Comisión de la Verdad que no tiene funciones jurisdiccionales los exonere, los “deje limpios” sino para que concurran a la JEP como lo previó el acuerdo final. La Corte Constitucional puede enmendar su error si falla una demanda que ha admitido y que deberá resolver. Es sencillo expresidente Gaviria volver al Acuerdo y cumplirlo.

Bogotá, 1 de agosto de 2019.               

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)