El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la segunda institución bancaria más importante en España y con fuerte presencia en América Latina, fue imputado por corrupción y otros delitos, en un caso de grabaciones ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción e imputó al BBVA por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios y requirió al banco que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad en el proceso al tiempo que rechazó la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado.

A principios de este mes, nueve responsables actuales y pasados de BBVA fueron acusados de los mismos ilícitos en esa causa, surgida de la pesquisa judicial contra el controvertido y opaco ex policía -en prisión desde 2017- José Manuel Villarejo. En enero BBVA admitió haber contratado los servicios del grupo Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones), dirigido por Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía.

El excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían el monitoreo de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, personado como acusación en la causa.

Durante años, Villarejo grabó secretamente sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios, y ahora se le acusa de utilizarlas para chantajearlos. BBVA lo habría contratado en 2004 para acceder a miles de grabaciones telefónicas de periodistas y dirigentes políticos y económicos, con el propósito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.

En enero, el banco, que abrió una investigación interna sobre el caso, aseguró: No se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en sus primeras indagaciones.

Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasó en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubiló en 2016.

El ministerio fiscal asegura que de la documentación analizada quedarían acreditados pagos "presuntamente ilícitos" a la mercantil CENYT, empresa desde la que operaba Villarejo. Fiscalía responsabiliza al BBVA de la contratación de esos "servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito".

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano -también excomisario de la Policía-, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Varios medios han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA a través de Corrochano. Este es uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de "politización".

La reforma del Código Penal del año 2010 introdujo la posibilidad de imputar a las empresas y otras organizaciones como personas jurídicas. Las penas que prevé la ley van desde sanciones económicas a la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para contratar con el sector público, pasando por el cierre de locales o la suspensión de actividad por un tiempo.

La más grave es la disolución de la persona jurídica y la prohibición para que realice cualquier actividad, aunque esta sea legal.

Las denuncias de Público

Hace aproximadamente un año, publico.es informó en exclusiva de que el jefe de Seguridad del BBVA había pagado a Villarejo 242.000 euros (cuatro pagos de 60.500) cuando ya estaba encarcelado (entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre de 2017 y el 3 y 7 de enero de 2018) y después de la intervención de su entramado por parte de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria.

Público también informó que el banco, ahora imputado, había contratado a la empresa de Villarejo en 2014 para hacer frente al chantaje de Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios.

La gestión de crisis consistió en grabar ruedas de prensa de Ausbanc y obtener sus planes sobre los presuntos chantajes que Luis Pineda emprendió por el caso Nóos para cobrar por su silencio mediante pagos en publicidad. Pineda, fue enviado a la cárcel de Estremera junto con el presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

Asimismo, este medio también señaló que Villarejo y García Castaño filtraron a Iberdrola el espionaje que les encargó BBVA. En una conversación de febrero de 2005 ambos abordan el 'asalto' de Sacyr al BBVA. García Castaño le traslada a Villarejo el interés del director de Seguridad de Iberdrola (productora de energía) en la información obtenida en la investigación pagada por el banco, y le recomienda a su colega que primero cobre a BBVA por los servicios prestados y después se lo cuente a Iberdrola.

Villarejo llevaba trabajando para Iberdrola (empresa donde BBVA tiene participación) al menos desde 2004 y su director de seguridad ha tenido que declarar en la causa Tándem por haber regalado supuestamente relojes Rolex a otro de los comisarios detenidos en noviembre de 2017, Carlos Salamanca.

Las grabaciones que el mismo Villarejo hizo de sus conversaciones en 2005 con su cómplice García Castaño detallan las gestiones de ambos durante más de una década para mediar en negocios de ventas de armas a Arabia Saudí y Siria, aprovechándose de sus contactos en Interior y totalmente al margen del Ministerio de Defensa español.

De todos estos audios destaca el que registra el diálogo que los dos comisarios mantienen en un trayecto en coche el 13 de febrero de 2005, menos de un año después del 11-M (atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 a cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid) en el que discuten sus gestiones para ganarse la confianza del Gobierno de Damasco y conectarlo con el célebre traficante de armas de origen sirio Monzer al Kassar, con el que (dicen) Villarejo mantenía una estrecha amistad.

Al Kassar fue finalmente arrestado en el aeropuerto madrileño de Barajas en junio de 2007 y después extraditado a EEUU, donde cumple 30 años de pena de prisión.

El escándalo BBVA pica y se extiende. Habrá que ver sus repercusiones en América donde tiene sucursales en Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil.

Isabella Arria

Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/07/30/acusan-a-bbva-de-espionaje-corrupcion-y-cohecho-en-espana-y-en-america-latina/