Análisis del cumplimiento de los criterios técnicos del organismo para el caso argentino

Conclusiones

 - La salida de Christine Lagarde de la conducción de la Gerencia del Fondo Monetario Internacional no implica demasiados cambios en la relación que el organismo mantiene con la Argentina, si consideramos que las decisiones son tomadas por el Directorio Ejecutivo, donde Estados Unidos tiene un peso determinante sobre las mismas, con el 16,5% de votos que equivalen al poder de veto.

   - El cronograma de desembolsos del programa está diseñado a medida del cronograma electoral argentino, poniendo a disposición del gobierno actual casi el 90% de los fondos disponibles previo a octubre 2019, mientras se deja al gobierno entrante con casi la totalidad de los pasivos y tan sólo desembolsos equivalentes a 6.700 millones de dólares entre diciembre 2019 y junio 2021.

  - Asimismo, el programa acordado por Argentina con el FMI por 57 mil millones de dólares constituye un caso inédito de apoyo político en la historia del organismo, secundado por el préstamo a Grecia en 2010 por 44 mil millones de dólares, Brasil en 2002 por 36 mil millones de dólares y luego por Turquía en 2002 con un préstamo de 23 millones de dólares (valores actuales, deflactados por la inflación de Estado Unidos).

 - Los desvíos permanentes en las estimaciones y proyecciones conllevan a un estado de rediseño constante del programa y sus políticas, lo que afecta negativamente a la credibilidad del organismo y los funcionarios. Sin embargo, los desvíos son siempre por exceso de optimismo.

 - El sendero de deuda pública argentina (88% sobre PBI) se argumenta desde el Fondo que es “sustentable, pero con baja probabilidad” mientras que al mismo tiempo se plantea que la situación estadounidense es insustentable, cuando asciende al 106% sobre PBI. Es difícil de sostener este doble estándar utilizando los mismos criterios técnicos del organismo.

- Al observar los niveles de Riesgo País, y la capacidad corriente de endeudamiento del Tesoro, resulta complejo justificar la perspectiva de un regreso al financiamiento externo en la escala necesaria y con niveles de tasa de interés viables, como plantea el requisito del programa Stand By. Más aún, si tenemos en cuenta que el mercado no está dispuesto a financiar al Tesoro mientras este recibe los desembolsos del organismo. Se trata de un nuevo caso de optimismo poco fundamentado esperar que el mercado esté dispuesto a hacerlo una vez agotado el financiamiento del prestamista de última instancia.

- El cumplimiento del artículo VI del Estatuto del FMI es cuestionable dado el nivel acumulado de fuga de dólares durante la concreción de los desembolsos. Haciendo una estimación arbitraria, desde el inicio del programa, en promedio el equivalente al 76% de los recursos recibidos del organismo se han destinado a financiar la formación de activos externos. Se contabiliza la Formación de Activos Externos (FAE) acumulada desde mayo de 2018 a mayo de 2019 inclusive (totalizando 27.776 millones de US$) en relación a los desembolsos acumulados desde la firma del acuerdo hasta el realizado en marzo de 2019. Se trata claramente de un uso irresponsable de los desembolsos toda vez que está en la potestad de las partes solicitar e implementar controles de manera de detener, al menos parcialmente, la fuga de divisas.

- A su vez, las normas internas del FMI se han torcido de manera clara con el objeto de sostener la viabilidad del programa en las condiciones de acceso excepcional. Al menos 3 de los 4 criterios necesarios para habilitar el uso del acceso excepcional a los fondos provistos por el organismo son de dudoso cumplimiento, violando las normas internas del FMI. Solo se comprueba el punto 1: Argentina atraviesa una crisis de balanza de pagos que excede las posibilidades de un acceso convencional. Sin embargo, aparece un dudoso cumplimiento de la “alta probabilidad de repago en el mediano plazo” (criterio 2), de la “perspectiva favorable en torno a su regreso a los mercados internacionales de crédito” (criterio 3) y aparecen dificultades para medir, hacia adelante, la “capacidad institucional y política” (criterio 4) para llevar adelante el plan acordado.

- No pareciera estar garantizada la continuidad del apoyo político al programa, toda vez que prácticamente la totalidad de los precandidatos presidenciales se han manifestado a favor de una reestructuración del mismo en diversas ocasiones. El amplio consenso político necesario para cumplimentar con los criterios de acceso excepcional también se encuentra ausente.

Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

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