Entender la actual situación política peruana, como un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, es simplificar la explicación de lo que está ocurriendo.

Supongamos que fuese cierto, que el Ejecutivo quiere levantar sus réditos, preocupado por su bajón en las encuestas (45% según últimas cifras de DATUM) y de otro lado, el Congreso que se planta en la defensa de sus fueros y de la democracia. Después de un análisis de los hechos y datos concretos, veremos que ni el Presiente está carente de apoyo, ni la mayoría congresal quiere defender la institucionalidad del Congreso de la República. 

Entonces, ¿por qué el fujimorismo se empeña en afirmar que el Ejecutivo está atentando contra la democracia? 

El Congreso se ha constituido hoy, en “la trinchera”, en el último reducto de los corruptos para defenderse de la avanzada de la Fiscalía y el Poder Judicial. Es el coto de poder que todavía tienen y necesitan para sobrevivir al tsunami Lava Jato y sus colaterales como los casos “Cuellos Blancos del Puerto”, "Huachiturros de Tumán" y otros. 

El objetivo es la generación de una sensación de crisis fundamentada en un supuesto ataque al Congreso y a la educación y la familia (con la campaña del grupo "Con mis Hijos no te Metas").

Este Congreso ya no tiene norte, no tiene agenda parlamentaria y no sabe para qué existe. Sólo está cumpliendo la tarea de blindanje de congresistas, fiscales y otros acusados por corrupción y para la conformación de comisiones investigadoras que excluyen a los principales supuestos actores de hechos delictivos, etc. 

¿Tiene el fujimorismo posibilidades de generar una crisis capaz de arrinconar al Ejecutivo y consecuentemente al Poder Judicial y Ministerio Público? Aparentemente no. Pero nunca se sabe. Por eso es importante que los ciudadanos estemos muy atentos. 

Este es un momento crucial para el país. O dejamos que estos sectores se fortalezcan y recompongan y entonces todo habrá quedado en nada o, empujamos las cosas para que todo esto no haya sido en vano y vengan tiempos mejores.

Por ello, la cuestión de confíanza, se pone nuevamente en agenda. Esta salida, como mecanismo, constitucional, evitaría una crisis y abriría las puertas para el enjuiciamiento de todos los que ahora se refugian en el Congreso y en la inmunidad parlamentaria.