La implementación del ‘Acuerdo de Paz’ entre el Estado colombiano y las FARC -no olvidar que lo firmó el Ejecutivo, lo aprobó el Congreso y le dio fuerza constitucional y legal la Corte Constitucional-, se ha venido convirtiendo en los últimos años en un verdadero campo de disputa, que por supuesto en el mundo globalizado contemporáneo, ha trascendido el espacio nacional y se ha convertido en parte de agendas globales. Eso explica porque diarios de la mayor importancia en el mundo se ocupan de él, congresistas de Estados Unidos y de Europa igualmente, académicos británicos, europeos, norteamericanos, latinoamericanos y por supuesto colombianos, opinan sobre el mismo, los riesgos que se han derivado, como la amenaza y el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

Han existido controversias desde la caracterización mismo de la situación de violencia que hemos vivido; para muchos se trataba de un conflicto interno armado entre el Estado y grupos alzados en armas contra éste por razones de exclusión política y profundas inequidades sociales; para otros, era una amenaza de grupos terroristas que agredían a la sociedad y al Estado. Esto por supuesto derivaba en diferentes maneras de enfrentar ese problema: una confrontación militar, una salida política concertada o una combinación de las dos.

Para unos, la salida negociada debía conllevar una agenda de grandes transformaciones sociales; otros decían, lo único que se debe acordar son las condiciones para la desmovilización e inserción social de estos grupos; la salida, fue una de tipo intermedio donde se incluyó reformas en el campo del desarrollo rural integral -incluido el tema de los cultivos de uso ilícito-, de la participación política y social, y de verdad, justicia y reparación de las víctimas -de todos los delitos y de todos los victimarios- y estrategias de no repetición y reconciliación.

Hoy día vemos qué hay grandes controversias en varias dimensiones: i) con el sistema integral de verdad, justicia y reparación y muy especialmente, por el momento, con la Justicia Especial para La Paz (JEP), sus procedimientos y competencias -en el fondo la controversia es porque no produce sanciones,  más de tipo punitivo que reparativo-; ii) con el tema agrario -en esto hay que decir que no es un problema solamente del gobierno, ni de éste ni del anterior, sino del Congreso, donde no ha existido la decisión política para aprobar las normas que se requieren para modernizar el agro y los demás desarrollos previstos; iii) hay sectores sociales y políticos que consideran que lo fundamental es lo que se conoce como el DDR -desmovilización, desarme y reinserción-, lo que en el ‘Acuerdo de Paz’ se denomina proceso de reincorporación, pero que contiene además de lo social y lo económico, lo político -incluida la representación política del Partido que se origina con el tránsito del grupo guerrillero a actor político, previa dejación de las armas-, como efectivamente se produjo.

Efectivamente, lo que tenemos es una disputa por el discurso que permita tener una lectura compartida, de dónde venimos como sociedad, qué hemos hecho y qué deberíamos hacer para construir un país y una sociedad donde quepamos todos y donde el uso de las armas sea un asunto del pasado.

Pero construir un consenso en ese sentido, no es fácil y el actual gobierno que tendría esa posibilidad no ha asumido, hasta el momento, la decisión y la voluntad para hacerlo, con sus contradictores, no solamente con sus aliados.

- Alejo Vargas Velásquez es profesor de la Universidad Nacional