Dos episodios vergonzosos confirmaron, la semana pasada, que la Corte Suprema de (in)Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República conspiran para favorecer la impunidad de la corrupción.

El primero es la decisión de la Corte Plena de librar de juicio civil por enriquecimiento ilícito al diputado Guillermo Gallegos. 12 de los 15 magistrados absolvieron al parlamentario de derecha, a pesar de que éste no pudo desvirtuar irregularidades en su declaración patrimonial (Según la Sección de Probidad, el diputado de GANA no logró justificar 500 mil dólares).

Gallegos, además, está señalado de otorgar irregularmente otro medio millón de dólares a una ONG fantasma presidida por su esposa, anomalía de la que -por cierto- fue exonerado por el Tribunal de (anti)Ética Gubernamental (TEG).

Y el segundo es la decisión del Fiscal General, Raúl Melara, de favorecer nuevamente al ex presidente Antonio Saca, a quien concederá una pena menor a cambio de confesar el delito de soborno. Esto se suma a la reducción de pena por haber confesado el lavado de más de 300 millones de dólares, favor otorgado por el anterior Fiscal Douglas Meléndez.

Hace dos meses Corte Plena y Fiscalía también favorecieron la impunidad: la Corte Plena absolvió a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y acordó que los casos de corrupción cometidos hace más de 10 años no sean investigados, con lo cual deja impunes 79 casos que estaba investigando Probidad; mientras que la Fiscalía libró de la cárcel a la ex primera dama Ana Ligia de Saca por confesar que lavó 17 millones de dólares.

Las actuaciones de la CSJ y Fiscalía no sólo son inmorales y anti-éticas, sino también delictivas. Así lo señala el representante de Transparencia Internacional, Jaime López, refiriéndose a las decisiones de la Corte. Como bien señala este experto y militante de la transparencia y la anticorrupción, la Corte Plena usurpa funciones de la Cámara de lo Civil para librar al diputado Gallegos, la ex vicepresidenta De Escobar y los otros 77 ex funcionarios que no serán procesados.

Lo mismo puede decirse de la Fiscalía, ésta usurpa funciones del Sistema Judicial (juzgados de sentencia) cuándo decide reducir la pena o librar de la cárcel a los imputados en graves casos de corrupción.

Sin embargo, no hay gremios de abogados que cuestionen (quizás porque todos quieren ser magistrados o fiscales); ni “organizaciones de la sociedad civil”; ni población indignada por la descarada promoción de la impunidad y los vergonzoso favores a los corruptos.

Desde este espacio editorial denunciamos que la institución responsable de “hacer justicia” y la encarga de “defender los intereses de la sociedad” están, precisamente, promoviendo la injusticia y traicionando los intereses ciudadanos. Ojalá que la gente honrada, decente y trabajadora, se indignara y actuara contra estos obscenos magistrados de la CSJ y el obsceno Fiscal General.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)