El Poder Judicial ordenó este miércoles la detención preliminar del dos veces ex presidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) a raíz de su relación con la empresa Odebrecht, una de las principales protagonistas del Caso Lava Jato, tras lo cual el exmandatario decidió dispararse en la cabeza antes de su detención.

A medianoche, el fiscal José Domingo Pérez había notificado a la Policía sobre una orden judicial de allanamiento, descerraje, registro domiciliario y detención preliminar dictada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, contra el expresidente Alan García Pérez y otros ocho investigados por caso de sobornos de la empresa Odebretch.

Efectivos de la Policía de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y un representante de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios llegaron a las seis de la mañana a la casa de Alan García en Miraflores y, le informaron al expresidente que están procediendo a ejecutar la orden judicial de detención preliminar en su contra. García recibió la noticia en las escaleras que conecta al segundo piso. Notifica que iba a llamar a su abogado y se encierra en su habitación, donde se pega un tiro.

El también líder del Partido Aprista fue investigado por el despacho del fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez por el Decreto de Urgencia 032-2009 y los aportes de la compañía brasileña a su campaña presidencial del 2006.

Un día antes, en una larga entrevista con RPP Noticias, el ex presidente de la República señaló: “Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte. Creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú", "Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria… Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar”, señaló a RPP.

Tras el fallecimiento surgieron diversas interrogantes sobre la continuidad del proceso en contra suya y contra otros implicados por el presunto pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht. Para, el abogado penalista Carlos Caro, la muerte del expresidente significará el archivamiento de todos los procesos en su contra.

“Según la ley, murió siendo inocente. La presunción de inocencia solo se quiebra con una sentencia condenatoria firme, que no ha existido en este caso. Él murió, literalmente, siendo inocente", dijo Caro a Gestión.pe.

Este archivamiento no implicará que los procesos contra los demás imputados se detengan. Exfuncionarios del gobierno aprista como Enrique Cornejo, Luis Nava y Miguel Atala, con orden de detención preliminar, podrán ser procesados con normalidad. El proceso penal implica la no afectación de su patrimonio. Sin embargo, el Ministerio Público podría iniciar un proceso de extinción de dominio en caso la investigación determine que existen bienes de origen ilícito dejados por Alan García.

García tenía prohibido salir del país desde noviembre, mientras era investigado por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión a Odebrecht de la construcción de la línea 1 del metro de Lima. Gracias a un acuerdo de colaboración entre los investigadores y la constructora, firmado el 14 de febrero, la empresa ha entregado nuevas pruebas de sobornos a altos cargos en Perú.

Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio, prueban que Odebrecht entregó al menos cuatro millones de dólares a quien fue la mano derecha de García durante su Gobierno, el exsecretario de la Presidencia y exministro Luis Nava, hoy internado en una clínica local.

Los cuatro exmandatarios que han gobernado desde 2001 están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con Odebrecht por haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas en sus campañas electorales. Dos de ellos ya han pisado la cárcel por este motivo: Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, mientras Alejandro Toledo sigue prófugo.

También cumple prisión preventiva por 36 meses, desde octubre pasado, la dos veces excandidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. Su padre, el dictador Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.

Las investigaciones de la trama de Odebrecht en Perú requieren desentrañar operaciones de triangulación financiera que usan la banca tradicional y firmas radicadas en paraísos fiscales que esconden el rastro del dinero y los destinatarios finales.

Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas (léase departamento de sobornos), que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral.

De socialdemócrata a feroz anticomunista

En 1985 Alan llevó por primera vez al gobierno al APRA, el más antiguo y mejor organizado partido peruano, antiimperialista, con vínculos iniciales con la Internacional Comunista, para convertirse con el pasar de los años uno de los grupos más anticomunistas del país. Su primer gobierno fue progresista, con subsidios a las clases menos beneficiadas y con un intento de no pago de la deuda externa y de nacionalización de la banca.

A la vez, fue duro en la llamada guerra popular de Sendero Luminoso, y se le acusa de ordenar la muerte de más de 300 militantes, muchos de ellos ya detenidos, al tiempo que organizaba en Lima el primer congreso de la Internacional Socialista 8socialdemócrata) en América. Se lo recuerda también por ser responsable de una de las mayores hiperinflaciones del país.

Al final de su gobierno apoyó la candidatura de Alberto Fujimori, quien desde la presidencia y luego como dictador puso en marcha durante una década un programa neoliberal de shock monetarista, privatizador y de dura represión popular, bajo el manto de la guerra antiterriorista

.Alan García retornó al poder en 2006, llamando a la unidad de las derechas, aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional, en alianza con los grandes empresarios. Su compañera de fórmula en 2016 fue la socialcristiana Lourdes Flores, su opositora durante el primer gobierno, pero apenas logró el cinco por ciento de los votos. Sus partidarios en el Congreso se aliaron a los fujimoristas.

El tiro del final del 17 de abril de 2019 ocurre en un Perú sacudido por una gran revuelta contra todos los casos de corrupción. Desde sus filas hay quienes quieren considerarlo un mártir de la persecución judicial por los hechos de corrupción. Durante años él supo evitar la cárcel y torturas a la que fueron sometidos varios de sus colaboradores apristas, por motivos políticos. Pero esta vez intuyó que su detención, era el final: no podía contar con evidencias que lo exculparan ni con apoyo popular para seguir la lucha.

Lavado de activos, colusión y tráfico de influencias

En marzo de 2017, la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato anuncia la presentación de una denuncia contra el expresidente Alan García, el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia por el caso de la concesión del metro de Lima.

El fiscal Hamilton Castro dispuso el inicio de la investigación por presunto tráfico de influencias por los sobornos de Odebrecht para la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del metro de Lima. El diario El Comercio reveló que se reunió oficialmente cinco veces con Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña.

 En agosto, García defendió las donaciones que recibió la ONG presidida por su ex esposa Pilar Nores entre los años 2006 y 2010 por parte de Odebrecht. En noviembre de 2017 Marcelo Odebrecht, reveló a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba (Brasil) que las iniciales "AG", escritas en su agenda celular, se refieren a Alan García, quien negó  haber sido contratado como conferencista por Odebrecht y aseguró que sus ingresos fueron investigados a nivel del Ministerio Público y el Congreso.

En marzo de 2018, Jorge Barata (de Odebrecht) reveló que el ex ministro del Interior del segundo gobierno aprista Luis Alva Castro recibió de sus amos 200.000 dólares para la campaña presidencial de Alan García en el 2006. Tres meses después, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar a tres expresidentes en el marco del Caso Odebrecht: Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, a causa de aportes a sus organizaciones políticas.

En junio de 2018 el abogado Erasmo Reyna, defensor legal de García, interpuso una denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez (declarada infundada por la Segunda Fiscalía en lo Penal), porque “cuando él inicia la investigación contra Alan García, él hace uso de lo obtenido en Brasil, que es una documentación obtenida al amparo de una cooperación internacional", justificó.

En noviembre, Alan García acude a la fiscalía para ser interrogado por el fiscal Pérez como parte de la investigación que le sigue por la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) a Odebrecht, y tras abandonar el despacho del fiscal señala que la diligencia se suspendió. El mismo día, el fiscal Pérez solicita que se ordene impedimento de salida del país para el líder aprista, quien, ante la inminencia de su detención, solicita asilo diplomático a Uruguay, que la rechaza el 3 de diciembre.

El 10 de diciembre la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial amplía de 12 a 18 meses el impedimento de salida del país contra Miguel Atala, quien habría recepcionado dinero de Odebrecht en cuentas de Andorra. Al ex funcionario de Petro-Perú del segundo gobierno aprista se le atribuye haber recibido depósitos de Klienfeld Service LTD y de Coher Coher Investment hasta por la suma de un millón 321.766 dólares durante los años 2007 y 2008.

El 18 de febrero de este año, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, sostuvo -tras interrogar a Marco Queiroz Grillo, generador de fondos de la Caja 2 de Odebrecht- que “es evidente” que el contrato que se le hizo a Alan García para el pago de 100.000 dólares por una conferencia que ofreció en mayo del 2012 en Sao Paulo (Brasil) fue “simulado”. Poco después el abogado brasileño José Américo Vieira Spinola confesó al fiscal Pérez que su estudio jurídico le pagó 100.000 al expresidente García por una conferencia por una orden de la constructora Odebrecht.

El 17 de abril, el abogado del ex presidente Alan García informó que éste se pegó un tiro en la cabeza antes de ser detenido por la policía en su domicilio, en medio de acusaciones de haber recibido un pago ilegal de la constructora brasileña Odebrecht.

Triste, solitario, final.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)