Ilegal: corrupto

Luego de las conocidas mega crisis de la última etapa del ciclo neoliberal latinoamericano de los 90s, entre 2003 y 2014 el PIB de Brasil pasó de 558 mil millones a casi 2,5 billones de dólares, por encima del Reino Unido. Durante este boom de la economía brasileña y de una notoria mejoría en los estándares sociales de las clases más bajas, advertimos varias veces que su talón de Aquiles sería la corrupción, la cual es una tradición no solo en Brasil sino en todo país que no se ha desligado completamente de la mentalidad colonial, que es la que más generó corrupción en los países pobres de África y de América latina, enseñando a los de arriba a corromperse por ambición patológica y a los de abajo por necesidad ante un sistema de leyes que, como decía un caporal, se respetaban pero nunca se cumplían.

En 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue condenada por corrupción por un congreso repleto de corruptos y debió abandonar su puesto de presidenta, acusada de maquillar los números presupuestales. Hasta el momento no se han aportado prueba alguna de su implicación en la corrupción de Petrobras, que fue la razón que inició la súbita fiebre anticorrupción, amplificada desde el 2011 por las redes sociales y el tradicional odio oligárquico (racista, sexista y clasista) inoculado hasta en el más pobre.

Más recientemente, el expresidente Lula (odiado por haber sacado a treinta millones de brasileños de la pobreza, siendo que no tenía otro título que el de trabajador metalúrgico) fue condenado por aceptar, a cambio de favores empresariales, reparaciones gratis en un costoso apartamento de su propiedad a nueve años de prisión (más que cualquier genocida latinoamericano) y por lavado de dinero a 12 años.

Cuando Lula fue enviado a prisión era el candidato a la presidencia favorito en las encuestas. El juez que lo condenó, Sergio Moro, nuevo héroe de la ética y la “lucha contra la corrupción”, aceptó el Ministerio de Justicia (cargo político) ofrecido por el recientemente electo presidente Jair Bolsonaro, principal adversario y enemigo de Lula. Siendo senador, Bolsonaro votó por el impeachment de la presidenta Rousseff al tiempo que daba vivas a la pasada dictadura militar.

Este tipo clásico de corrupción latinoamericana, tragicómica, carnavalesca, es de una alta ingenuidad. Siempre existió y en períodos de dictadura militar se multiplicó bajo el silencio de la censura, lo que le confería esa ilusión de paz, honor y rectitud que las oligarquías suelen repetir para justificar sus crímenes y abusos históricos.

Este tipo de corrupción es condenable porque es ilegal. Razón por la cual desde Europa y desde Estados Unidos se considera siempre que esos países nunca se desarrollan porque son demasiado corruptos. “América latina, droga y corrupción”, es la representación que tienen de nosotros. Por supuesto que del masivo consumo de drogas en el Primer Mundo que hace posible la alta criminalidad en los países del Sur, no se habla. Colombia ha sido, por generaciones, el país sudamericano con más bases militares de Estados Unidos y sigue siendo, por lejos, el mayor productor de cocaína del mundo (por casualidad, Estados Unidos es el mayor consumidor). Pero los narcoestados son los otros. La criminalidad en México se disparó en la primera década de este siglo como consecuencia de la llamada Guerra contra las drogas, lo que demuestra la persistencia de la ingenuidad de pretender que la militarización de las sociedades es la respuesta a la violencia creada por la brutal desigualdad económica y la ilegalidad de las drogas.

De la corrupción de los negocios del actual presidente de Estados Unidos se podrían escribir libros. Bastaría con recordar la insistencia de negarse a mostrar sus declaraciones de impuesto.

It’s legal, dude

Pero vayamos a la madre de todas las corrupciones: la corrupción legal. Podríamos empezar por cualquier parte, por ejemplo por la genocida corrupción belga en el Congo, que dejó millones de asesinados a total impunidad. Antes de la dictadura del títere Mobutu, que siguió al magnicidio de Lumumba y otros frustrados presidentes, el país fue por un siglo una empresa privada y casi todos los abusos cometidos allí eran legales, precisamente porque los criminales y corruptos hacían las leyes. Podríamos continuar por horas y días analizando casos similares.

En noviembre de 2018, Miriam Adelson, una mega donante del entonces candidato Donald Trump, esposa del billonario de los casinos Sheldon Adelson, recibió la Medalla de la Libertad de manos del presidente Donald Trump. Cuando se lo comenté a Noam Chomsky en relación a la “corrupción latinoamericana”, dijo: “comparada con la corrupción aquí en Estados Unidos, la latinoamericana es un juego de amateurs”. Imposible resumirlo mejor.

El 13 de abril de 2019, el USA Today (un diario al que no se puede sospechar de comunista, de subversivo o de alguna de esos versos aprendidos de memoria por los reaccionarios latinoamericanos), junto con el The Arizona Republic and the Center for Public Integrity, publicaron una investigación confirmando lo que habíamos escrito desde hace muchos años. El título lleva toda la ironía que merece: “Copy, paste, legislate”.

Según esta investigación, en los últimos ocho años en los 50 Estados de la Unión se aprobaron leyes para beneficiar “intereses especiales” de grandes compañías. Según el informe, cada vez que los legisladores escriben una ley, tanto las grandes corporaciones como los lobbies llenan los espacios vacíos que son necesarios para beneficiarlos.

En solo este periodo analizado, 10.163 proyectos de ley fueron propuestos en los congresos estatales, todos copias de los modelos escritos directamente por grupos de intereses especiales. Si los legisladores usaran los software que se usan en las universidades estadounidenses para detectar plagio, sus autores hubiesen sido expulsados de sus puestos a la primera de cambio, como son expulsados, muchas veces sin piedad, jóvenes estudiantes de 22 o 25 años por plagiar un párrafo en un modesto paper.

Aunque las grandes empresas ya usan inteligencia artificial para detectar lo que no detectan los análisis de palabras, esta investigación no incluyó aquellas leyes que fueron reescritas de cero y que pudieron incluir las mismas ideas y propósitos. Estos miles de casos analizados eran los más obvios de “copia y pega”.

2.100 de esos proyectos se convirtieron en leyes. La gran mayoría de estas leyes beneficiaron a las grandes industrias y a las ideologías conservadoras. Irónicamente, todos estos modelos comienzan con las palabras “libertad” y “derecho”, y mencionan los principios y las leyes anteriores en las cuales se ampara y justifica el nuevo proyecto de ley.

Esta investigación confirma los resultados de otra más antigua realizada por Princeton University que afirmaba que las chances de que un proyecto de ley con la aprobación de la población tenía un 30 por ciento de probabilidades de ser aprobado, mientras que aquellos proyectos ampliamente impopulares tenían, también, un 30 por ciento de probabilidades de ser aprobados.

En otras palabras, la opinión del pueblo no vale una hamburguesa de McDonald’s. Tal vez sí una Cajita Feliz.

Es esta la madre de todas las corrupciones que no se llama corrupción.

JM, 13 de abril de 2019

- Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.​