Desde 2017 se observa con mayor claridad un bloque de fuerzas que aglutina a militares, políticos y empresarios —llamado Pacto de Corruptos—, el cual avanza en sus afanes de mantenerse en el control del Estado y en la impunidad.

Ese bloque de poder, además de controlar el Ejecutivo y el Legislativo, ha tenido la capacidad de copar las más importantes instituciones del Estado (el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y, recientemente, la Contraloría General de Cuentas) o de garantizarse en ellas decisiones en función de sus intereses. Si avanzan en su dominio de la Corte de Constitucionalidad, cerrarán las posibilidades para su relevo. Muy probablemente se consolidarán como bloque de poder y harán retroceder aún más al país al instaurar una agenda gubernamental, legislativa y judicial en función de sus intereses de enriquecimiento, acumulación e impunidad.

En el ámbito de la contienda electoral es evidente que las fuerzas que integran dicho bloque compiten utilizando una diversidad de partidos políticos, entre los cuales sobresalen las candidaturas de Zury Ríos, Alejandro Giammattei, Roberto Arzú, Mario Estrada, Fredy Cabrera, Estuardo Galdámez y Julio Estrada, entre otros. Esto responde a intereses particulares y a contradicciones secundarias que los llevan a competir por posicionarse como la principal fuerza electoral del bloque de poder. Tal fraccionamiento no impide su articulación en torno a las políticas que comparten y muy probablemente no impedirá su alianza alrededor de la candidatura que finalmente represente la mejor posibilidad para ganar la elección y mantenerse en el control de las principales instituciones del Estado.

En el ámbito económico han venido compartiendo una agenda que les ha garantizado mayores niveles de enriquecimiento y acumulación de capital, por ejemplo el control de los presupuestos, las inversiones y las obras públicas; la contención del aumento al salario mínimo, y la garantía de ventajas y privilegios fiscales, como sucedió recientemente con el sector cafetalero, que logró este tipo de beneficios con la justificación recurrente de la disminución de los precios del café.

En el ámbito político comparten una agenda de control de segmentos de la oposición política, de represión contra la protesta social, que representa resistencia a proyectos extractivos, y de confrontación parcial con Estados Unidos, en particular en materia de justicia e impunidad. En torno a la competencia electoral, esta agenda se desarrolla en dirección a la judicialización de candidaturas como la de Thelma Aldana, del partido Semilla, uno de sus principales contendientes electorales. Aldana, una candidata de derecha, representa la figura que atentó contra dicho bloque de poder desde su gestión en el Ministerio Público, que abandera una agenda contra la impunidad y la corrupción y que goza del apoyo privilegiado de la embajada estadounidense en sus planes para Guatemala. Otra de esas candidaturas es la de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien, no obstante su cercanía al bloque de poder porque representa la reproducción del modelo económico y comparte objetivos de impunidad por su interés de evitar su procesamiento por financiamiento electoral ilícito, representa una fuerza que les disputará el control de la cosa pública. En caso de que Aldana o Torres ganara la elección, esto representaría una recomposición de fuerzas en la dirección del Estado y, por consiguiente, en los matices que adquiriría durante los siguientes cuatro años el actual modelo de enriquecimiento y de acumulación de capital.

En esta disputa, no obstante, penden de un hilo legal las tres candidaturas que encabezan las encuestas. En este sentido, de prosperar el impedimento legal a la participación de Zury Ríos, del partido Valor, muy probablemente se registre una importante recomposición de fuerzas en torno al proceso electoral en el bloque de poder que actualmente controla el Estado. De proceder el impedimento contra Torres, muy probablemente la UNE, con su capacidad organizativa y financiera, logre una bancada numerosa, con la cual tendría condiciones de negociación favorables. Y Semilla, por su parte, es probable que sin candidata presidencial obtenga una bancada respetable, pero de entrada dividida entre un grupo conservador devenido de la plataforma de Aldana y uno progresista devenido de la organización partidaria.

Así las cosas, la disputa entre las derechas sigue en ciernes y se dilucidará en una contienda electoral en la cual son hegemónicas.

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