Hay dos maneras de ver la economía digital. Una es simplemente como la progresiva automatización de los procesos de producción, que ha estado en marcha durante muchos años y que ahora está alcanzando un nivel inédito. Otra es verla como una discontinuidad distinta, como lo fue la revolución industrial. Esta última, a pocas décadas de algunos rápidos cambios tecno-económicos, inicia un proceso que reforma nuestros sistemas económicos, sociales y políticos durante los siglos XIX y XX. Si bien la colonización del Sur había comenzado antes, fue la industrialización la que la consolidó como un sistema económico global de extracción de recursos minerales de los países en desarrollo y de venta a éstos de productos manufacturados, obteniendo un beneficio neto que originaba una acumulación continua de capital.

Este proceso económico global de capital industrial basado en el Norte, que extrae la mayor parte del valor económico, ha sido un factor clave de las desigualdades geo-económicas. Permanece incluso después de que los países colonizados obtuvieran la independencia política, que se conoce como neocolonización. Durante la última parte del siglo XX, el control de las cadenas de valor mundiales se da cada vez más a través de la posesión de la propiedad intelectual. Al tiempo que gran parte de la industria manufacturera se traslada a centros de mano de obra de bajo costo en el Sur.

La deliberada invisibilidad del valor económico de los datos

Lo que está sucediendo ahora es que el capital digital –que consiste en competencias para recopilar y procesar datos, y convertirlos en inteligencia digital– está reemplazando a la propiedad intelectual en la cima de las cadenas de valor mundiales. Seis de las ocho principales empresas mundiales por capitalización bursátil son, hoy en día, empresas digitales y de datos, cuando hace una década esta lista estaba dominada por gigantes industriales como GE y Exxon. No sólo el nivel de dominación, sino también la velocidad con la que las empresas digitales y de datos lo han logrado, son igualmente ilustrativas del poder de lo digital y de los datos. Hasta las gigantes de la industria, la agricultura y la informática, como GE, Monsanto-Bayer e Intel, se declaran empresas centradas en datos. Hoy, las principales empresas automovilísticas temen menos la competencia entre ellas y más que Google o Apple puedan dominar incluso el sector del transporte, dadas sus destrezas digitales y manejo de datos.

¿Por qué, cuando las salas de juntas de todas las empresas parecen estar totalmente preocupadas con el valor económico de los datos, las discusiones sobre políticas eluden este tema casi por completo? Este tema es, en efecto, difícil y complejo, por muy importante que sea. Pero quizás lo más significativo es la economía política que está detrás del hecho de que no se lo tome con la seriedad que requiere. Las potencias económicas y políticas del Norte –que también controlan gran parte del relato digital a través de su financiación y otros tipos de influencia sobre los grupos de expertos, los centros de investigación académica, etc.– tienen una resistencia activa a discutir este tema. La norma actual por defecto es que quien recoge los datos se apropia de todo su valor económico. Como dicen, "la posesión es el 90% de la ley". Es esta ley de la selva la que opera actualmente en lo que se refiere al valor económico de los datos, a medida que es reconocido casi universalmente como el recurso central de la economía digital. Las empresas estadounidenses recopilan y procesan la mayor parte de los datos del mundo en la actualidad y, por lo tanto, están extrayendo miles de millones y billones de dólares de todo el mundo. La UE y otros socios de EE.UU. miembros de la OCDE han optado por seguirle el juego como fieles miembros del club de los países ricos.

El Norte quisiera que el valor económico de los datos permanezca invisible, o que (como en el caso de la UE) se vea ocultado por debates restringidos a la privacidad. En el mejor de los casos, con reticencia aceptan abordar la propiedad individual de los datos e incluso la idea muy poco práctica de monetizar dicha propiedad individual. Los estudios académicos del Norte han permanecido casi totalmente confinados a estas áreas. Quiérase o no, esto ha servido a los intereses digitales dominantes a nivel mundial para ganar tiempo y protección para afianzar sus modelos de negocio y su dominio económico global. Pronto se convertirá también en dominación social, política y cultural. Los países en desarrollo observan impotentes este futuro que parece inevitable. Los estudios y la incidencia política por parte de la sociedad civil en el Sur han aportado poco en este sentido, puesto que también siguen centrados en temas de privacidad y propiedad individual de los datos.

Más allá de la privacidad y demás demandas individuales de datos

Por supuesto que no sería ni lógico ni pragmático negar o menoscabar la importancia de la privacidad. Los derechos civiles y políticos de los individuos, y la soberanía sobre su persona y su espacio vital, constituyen la base misma de la vida civilizada. Pero al mismo tiempo, los datos, y la inteligencia digital derivada de ellos, son el insumo base de una economía digital. El funcionamiento autónomo e inteligente de los procesos de producción y otros sistemas sociales proporciona nuevas e inmensas eficiencias y beneficios, al igual que lo hizo la mecanización para la revolución industrial.

En primer lugar, se debe tomar colectivamente una decisión social y política sobre qué tipos de datos no se deben producir y/o procesar, en absoluto, porque la ventaja con respecto a un posible daño puede ser demasiada exigua. Pero la decisión tiene que ser pragmática, en función del interés público más amplio. Por ejemplo, es fácil decir que nunca se debe recopilar datos de localización, pero los sistemas de transporte digital, como los servicios de viajes en automóvil (incluso si son de la variedad cooperativa), no pueden funcionar sin tales datos. Ciertos tipos de discurso de "negación de datos", o de que "todos los datos son tóxicos", son quizás similares a los anhelos poéticos en la Europa del siglo XIX por la pureza de la vida preindustrial (y hasta mucho más tarde en los países colonizados). Tales reflexiones y literatura tienen un gran valor. Sin embargo, las consideraciones económicas, especialmente las que afectan al destino económico, político y social a largo plazo de los países, también requieren ir más allá de ello. Incluso cuando se toma una decisión de "no recoger ni procesar" ciertos tipos de datos, siempre habrá una gran cantidad de datos –personales, sociales, de artefactos y naturales– que será necesario recoger y procesar, y de allí extraer la inteligencia digital.

Los marcos económicos en torno a los datos deben mirar más allá de la privacidad. Los datos son la materia prima de la economía digital. El producto final es la inteligencia digital, que es lo que tiene un valor económico real. Gran parte de esa inteligencia, derivada de datos sobre personas, grupos y comunidades, es básicamente "inteligencia sobre ellos": qué hacen, cómo lo hacen, qué relaciones mantienen, probabilidades de comportamiento futuro, etc. A diferencia de lo que ocurre en el marco de la privacidad, donde el lema es casi “no obtendrán ningún dato mío”, en una economía digital muchas personas encuentran que tales datos y la “inteligencia sobre ellas” les es útil, en manos de actores benignos que les ofrecen servicios extremadamente beneficiosos. Éstos pueden ir desde servicios digitales personales –que pronto serán del nivel de asistente digital– hasta todo tipo de servicios relacionados con el transporte, la salud, la educación, los medios de subsistencia, el comercio, etc. Ya sabemos que la inmensa mayoría de las personas valoran enormemente estos servicios y se negarían a renunciar a ellos. De hecho, empleados adecuadamente, podrían contribuir en gran medida al bienestar humano, en un orden comparable al de la industrialización.

Por lo tanto, la cuestión clave de la economía digital no es negar completamente la entrega de los datos y la "inteligencia sobre uno mismo" (aunque algunos tipos sí tendrían que ser simplemente negados). Se trata de (1) compartirla sólo con agentes de confianza que utilizarán dichos datos únicamente en beneficio de la persona, y (2) mantener el control sobre cómo se utilizan. Es ese control el que puede expresarse en términos de ser dueño de los datos propios y de la “inteligencia sobre uno mismo”.

El carácter de activo económico de los datos propios y de la inteligencia digital de una persona es, por lo tanto, diferente de las cosas físicas, o incluso de buena parte de la propiedad intelectual, en el sentido de que estos últimos pueden ser totalmente disociados y separados del lugar/creador/dueño original, y su valor económico sigue subsistiendo "en sí mismo". Por lo tanto, tiene sentido vender bienes físicos o propiedad intelectual que uno/a pueda poseer. Sin embargo, los datos y la inteligencia digital sobre un individuo o un grupo tienen valor económico, principalmente al aplicarse a ese individuo o grupo en particular. Esto significa que su valor económico no puede ser nunca desprendido completamente del individuo/grupo en cuestión. Por lo tanto, nunca es prudente vender datos o inteligencia sobre uno mismo. El comprador de tales datos simplemente cobraría esa cantidad al vendedor de datos en dinero u otro tipo de costo de los servicios basados en datos que proporciona. El comprador también se consideraría entonces plenamente autorizado a emplear la información resultante de la manera que mejor le convenga, lo que, por la propia naturaleza de dicha información, es probable que sea a expensas de la persona o el grupo que inicialmente proporcionó los datos en cuestión, y a quiénes se refieren estos datos. Nunca podrá ser un acuerdo beneficioso.

Propiedad colectiva o comunitaria de los datos

Por lo tanto, lo que realmente debería interesar a cualquier persona no es monetizar los datos y la inteligencia digital sobre sí misma, sino asegurarse de que siempre se utilicen de una manera que sea beneficiosa para ella. Las numerosas iniciativas relacionadas con la monetización de los datos, incluida una propuesta reciente del Gobernador del Estado de California en los EE.UU., de "dividendo digital", son poco útiles, aparte de enturbiar aún más el debate sobre la propiedad de los datos y su aplicación con sentido. Incluso la monetización colectiva de los datos por parte de grupos y comunidades tiene un sentido limitado si significa que el comprador obtenga derechos casi absolutos para utilizar esos datos y la inteligencia resultante, para controlar y explotar esos grupos y comunidades. Así de extremo es el tipo de poder que los datos y la inteligencia digital ponen en manos de quienes los poseen. (Por cierto, las empresas digitales que obtienen super ganancias deben, sin duda, estar sujetas a impuestos adecuados, pero esto es distinto de la monetización colectiva de los datos).

En cuanto a la verdadera cuestión de poder garantizar que los datos y la inteligencia digital se empleen de acuerdo con los intereses de quien los proporciona, hay dos problemas interrelacionados. Existe una asimetría de poder extremadamente alta entre los individuos y las corporaciones digitales, y expectativas completamente irreales de responsabilidad y mérito personal. Es prácticamente imposible que los individuos emprendan esta tarea por sí mismos; eso todos lo sabemos muy bien por la experiencia de varios años. Esto significa que sólo el colectivo, que es lo suficientemente fuerte como para actuar de manera fructífera, puede garantizar que los datos y la inteligencia digital sobre sus miembros se utilicen en su propio interés, y nunca de otro modo. Esto establece la razón de ser de la propiedad colectiva o comunitaria (incluyendo la comunidad nacional) de los datos y la inteligencia digital sobre los miembros de un determinado grupo, comunidad o nación.

La justificación de la propiedad colectiva de los datos se ve reforzada por algunos hechos importantes. Gran parte del valor de los datos no está en los datos individuales per se, sino en las relaciones entre los datos de diferentes personas y grupos. Por lo tanto, este valor está ubicado socialmente. La protección de datos personales sólo está disponible para los datos de identificación personal. Pero supongamos que haya ciertos datos sobre algunas personas que viven en una aldea, aunque estén anonimizados en relación con las personas concernidas por separado. Estos datos comunes sobre lo que hacen y cómo, sus preferencias, relaciones, etc. pueden ser utilizados para beneficiarlas o perjudicarlas, independientemente de si dicho perjuicio o beneficio es aleatorio con respecto a cuál de estas personas resulte perjudicada o beneficiada en un momento dado. No hay ninguna razón que impida que estos individuos como grupo estén justificados para poseer y controlar juntos el uso de datos e inteligencia sobre ellos, de la misma manera que un individuo lo hace por separado sobre sí mismo. Los posibles daños o beneficios para las personas son casi igual de grandes. Por lo tanto, un grupo de personas debería poder poseer colectivamente los datos sobre ellos. Además, aunque no estén personalmente identificables, muchos tipos de derivados de inteligencia a partir de datos tienen un enorme valor económico. Es lógico que a quienes se refieren los datos originales, y que se puede considerar que han contribuido a su generación, tengan un interés en su valor económico.

Se pueden dar muchos ejemplos que justifiquen esta propiedad colectiva o comunitaria de los datos. Es justo que los habitantes de una ciudad sean dueños de los datos de desplazamiento en la ciudad, y, por ejemplo, que no tengan que recomprarlos a empresas digitales como Uber o Google para emplearlos en la gestión inteligente del tráfico. Los agricultores deberían poseer colectivamente los datos sobre sus campos, prácticas agrícolas, suelo local, condiciones climáticas, etc., y no permitir que las empresas digitales utilicen la inteligencia de esos datos para dictarles qué hacer unilateralmente. Y así sucesivamente, prácticamente en todos los sectores.

La geo-economía de los datos

Si bien, al menos en la UE, se habla mucho en torno a los datos, y también sobre diversos tipos de explotación por parte de las empresas de datos, se tiende a ver el problema desde un marco de "empresas frente a consumidores". Esto centra toda la atención en (1) la privacidad / propiedad personal de los datos y (2) la regulación de las plataformas, áreas en las que se trabaja mucho en Europa. La UE no está tan interesada en el aspecto geoeconómico de la dinámica entre países de la economía digital mundial, porque quiere hacerle el juego a EEUU para mantener el dominio del Norte sobre la economía mundial, incluso a medida que ésta se convierte en digital. (Aunque, internamente, la UE sigue siendo muy ambigua sobre el tema porque se encuentra marginada de la economía mundial digital/de datos, casi tanto como el Sur).

En un contexto en el que sus economías digitales en formación nacen en su mayoría con carácter mundial y siguen estando bajo la fuerte influencia, sino bajo control, de corporaciones globales con sede en Estados Unidos, los países en desarrollo tienen actualmente muy poca influencia para la autodeterminación económica en esta área crucial. Para ellos, el primer paso político más importante sería instituir la propiedad de los datos por parte de la comunidad (incluida la comunidad nacional), junto con las políticas, leyes y prácticas derivadas de dicho marco. Esto por sí solo proporcionará el espacio económico, legal y reglamentario –o podríamos decir la arcilla– necesario para comenzar a dar forma a las economías digitales nacionales que mejor sirvan a los intereses de sus ciudadanos, al tiempo que se maximicen las eficiencias digitales sin precedentes y otros beneficios. Así como la industrialización requirió de políticas económicas claras y consistentes, los países en desarrollo necesitan las correspondientes políticas de industrialización digital para la era digital.

Las potencias económicas y políticas dominantes en el ámbito digital tienen mucho interés en evitar que los países en desarrollo se den cuenta de la necesidad de ser dueños de sus datos y, por lo tanto, de regular su libre circulación mundial. Están empeñados enérgicamente en insertar capítulos de comercio electrónico en varios acuerdos comerciales mundiales. En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 2019, anunciaron el inicio de negociaciones sobre el comercio electrónico en la OMC sobre una base plurilateral. El objetivo más importante, declarado abiertamente por sus protagonistas, es garantizar la libre circulación global (léase apropiación) de los datos. Si bien la mayoría de los países en desarrollo se quedaron al margen, no pocos han caído en la tentación de estas negociaciones, con la esperanza de que, como en cualquier caso tienen poco conocimiento del fenómeno digital, estos acuerdos potenciales puedan ayudarles a desarrollar sus economías e industrias digitales nacionales. La verdad es exactamente lo contrario. Estos países se quedarán permanentemente en el punto más bajo de las cadenas de valor digital mundiales. Mediante el uso de sus datos y de la inteligencia digital derivada de ellos, todos sus sectores serán controlados digitalmente desde el Norte, principalmente desde EEUU. Su propio pueblo y sus empresas se verán relegados a realizar los trabajos de gama baja de fabricación terciarizada, de logística, servicios locales baratos, mano de obra digital a destajo como el etiquetado de imágenes, codificación de software, etc., y la mayor parte del valor económico se extraerá hacia el Norte global. Equivale a una reedición de la colonización industrial, quizás incluso peor.

Es importante destacar que la dependencia de quien posee y controla la inteligencia digital referida a un pueblo –sus actividades económicas, políticas y sociales– es tan completa y ruin que, una vez atrapada en ella, será casi imposible que una comunidad o nación pueda salirse. La analogía más cercana tal vez sea la de la dependencia del cuerpo del cerebro. Si el cerebro está controlado por intereses externos, queda poco que se podrá hacer al respecto.

Explorando caminos alternativos

Afortunadamente, en los países en desarrollo están surgiendo algunas iniciativas positivas. La India dio recientemente el primer paso hacia una estrategia de industrialización digital al instituir el concepto de "datos comunitarios" en su proyecto de política de comercio electrónico¹. Se lo ha puesto a disposición del público para su consulta. La política sostiene que las comunidades son dueñas de sus datos y que los datos nacionales son un activo soberano que debe emplearse para el propio desarrollo de un país. Argumenta a favor de proporcionarlos selectivamente a las industrias nacionales y en contra de permitir el acceso irrestricto a los mismos por parte de compañías extranjeras en el exterior. Se espera que esto ayude a desarrollar una industria y una economía digital nacional sólidas. La política prevé la creación de marcos jurídicos y técnicos adecuados para estos fines.

Podemos esperar que otros países en desarrollo comiencen pronto a adoptar medidas similares, y algunos de ellos ya han iniciado conversaciones internas al respecto. Sin embargo, instituir la propiedad comunitaria de los datos y desarrollar los marcos legales necesarios es apenas un primer paso acertado. Los países en desarrollo tendrán que crear una serie de nuevas instituciones reguladoras y habilitadoras relacionadas con los datos, por una parte, y muchos tipos de infraestructura de datos y sistemas y proyectos de datos comunitarios, por otra.

El hecho de que un país sea dueño de sus datos nacionales no significa en absoluto que el Estado obtenga un acceso libre a esos datos para controlar a sus ciudadanos. Ello presenta una imagen aterradora de un estado autoritario de datos, una tendencia que muchos gobiernos han estado mostrando en gran medida. Sin embargo, tampoco se puede permitir que este peligro y este argumento se empleen para negar a las personas, las comunidades y las naciones su independencia económica digital, su agencia y su desarrollo socioeconómico. Esta es una trampa en la que muchos caen, incluso en el Sur. Entrar en un modo de ‘negación de la economía digital' sería muy peligroso para los intereses de los pueblos de los países en desarrollo. Aquí, las lecciones históricas de la industrialización son, una vez más, instructivas.

Lo que se necesita es algún tipo de nuevo contrato social en torno a los datos, expresado en el constitucionalismo de los datos, que consista en derechos fundamentales relacionados con los datos, así como en disposiciones legales habilitantes. Se necesitan urgentemente muchas nuevas instituciones relacionadas con los datos, que este artículo no alcanza para ahondar. Mientras tanto, el desarrollo de las políticas de propiedad e infraestructura comunitaria de los datos, por un lado, y la creación de marcos de protección de datos y privacidad, por otro, son dos pasos iniciales importantes. Éstos deben considerarse complementarios y no antagónicos entre sí. El proyecto de ley de protección de datos de la India² y los elementos relacionados con los datos de la comunidad en el proyecto de política de comercio electrónico³ destacan y expresan dicha complementariedad. (Traducción ALAI)

Parminder Jeet Singh es integrante de IT for Change, India, y de la Coalición Just Net.