En un hecho legislativo al parecer sin precedente en el México de la longeva transición a la democracia, la Cámara de Senadores aprobó en forma unánime reformas constitucionales de gran calado para abrir paso a la conformación de la Guardia Nacional, un caro proyecto presidencial contemplado desde enero de 2017 en el libro La salida. Decadencia y renacimiento de México. Con ello concluirán décadas de uso anticonstitucional de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico en particular y al crimen organizado en general, por lo menos desde la Operación Cóndor del gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-76).

Aparte está, por supuesto, el sistémico uso del Ejército como fuerza represiva de las movilizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles a lo largo del siglo pasado bajo el priato de la Presidencia de la República absolutista, y sin contar con ningún sustento constitucional.

Sorprende que en el conjunto de los analistas y académicos (los “tanques pensantes”) ni uno solo contempló como escenario que el Senado aprobara con cambios –el jueves 21 con 127 votos a favor y ninguno en contra o abstención, el voto ausente es de una senadora de Morena con problemas de salud–, la minuta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional con carácter civil y fija un plazo de cinco años para el retiro paulatino del Ejército y la Marina a los cuarteles, en una sesión calificada de histórica.

La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados con las modificaciones concertadas entre Morena y el bloque opositor, que otorgan al presidente Andrés Manuel la facultad de emplear a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado hasta 2023, “bajo parámetros de convencionalidad establecidos por organismos internacionales de derechos humanos”. AMLO podrá disponer de las fuerzas armadas “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, establece el artículo quinto transitorio.

Cierto es que todos los signos formales –y que son a los que por lo general se les da seguimiento, en demérito de las tendencias en el movimiento social y en la base de la pirámide política–, mostraban días de crispación y jaloneo legislativo –como a Miguel Osorio Chong pontificando sobre Constitución y fuerzas armadas cuando heredó a México un desastre de inseguridad, muertos y desaparecidos, y altísima corrupción–, que obscurecían una desembocadura ejemplar como la consumada, gracias a una mayoría y una oposición legislativas dispuestas a dialogar y aptas para los acuerdos para dotar al país del marco constitucional adecuado.

Marco al que aún le falta la ley secundaria, que en la tradición legislativa mexicana se usa para limitar derechos de las mayorías, en un país en el que la Constitución y las leyes no rigen con frecuencia la vida nacional.

La manera en que el Senado construyó un importantísimo acuerdo pone en relieve que existen las condiciones para avanzar hacia la sensatez institucional y una dinámica de acuerdos entre las fuerzas partidistas. Por lo visto fue mayor la resonancia en las redes sociales y en los medios de comunicación la polarización generada por la iniciativa que el encono real.

Ahora los actores trabajan para convencer al respetable que “¡Sí se pudo!”, dice la oposición (PAN, MC, PRI y PRD). “¡Lo logramos!”, sostiene la mayoría (Morena, PT, PES y PVEM), pero lo trascendente es que cuando legislan para México y no para sus partidos y los administradores de éstos, el país sale beneficiado e incluso el presidente se declara “muy satisfecho”.

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