Múltiples problemas afronta el régimen político y la sociedad colombiana.  Un primer problema está relacionado con la confrontación armada que la sociedad colombiana padece desde hace por lo menos 60 años.  El levantamiento armado tuvo dos causas principales, en primer término, el reclamo de miles de hombres y mujeres que se levantaron en armas reclamando una reforma agraria dado los niveles de concentración y despojo violento de la tierra.  El período conocido entre nosotros como la violencia, que en realidad fue una guerra civil no declarada, condujo al asesinato de por lo menos 200 mil colombianos entre los años 1948 y 1966, el desplazamiento masivo de 2’003.600 desplazados y 393.648 parcelas despojadas o abandonadas.[1]  El segundo motivo esgrimido para el levantamiento armado fue la exigencia de una reforma política que democratizara el régimen, dado que para salir de la violencia desatada tras el asesinato del líder político popular, Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), se creó un pacto bipartidista que excluyó de las estructuras del Estado a todas las expresiones políticas que no fueran liberales o conservadoras.  Ese pacto bipartidista, denominado Frente Nacional, si bien condujo a la terminación de la conflagración armada entre liberales y conservadores, excluyó a todas las opciones políticas distintas a estos dos partidos políticos, lo que condujo a la organización de las guerrillas campesinas y de izquierda que aún persiste.

Entre el año de 1958, en que se estableció el Frente Nacional, y los momentos actuales, la confrontación violenta no ha cesado, pese a los pactos parciales y a las negociones políticas para poner fin al enfrentamiento armado.  Desde esa fecha, la conflagración armada interna ha dejado 230 mil asesinatos directamente relacionados con el conflicto armado interno, ha dejado 8’500.000 víctimas, ha conducido al despojo o abandono de cerca de 8 millones de hectáreas, siendo las familias de pequeños y medianos campesinos las principales víctimas de ese despojo que comprometió a cerca de 7,4 millones de desplazados, es decir, cerca de 1’400.000 familias, más de 100 mil víctimas de desaparición forzada.[2]

Los pactos parciales de paz se desarrollaron a finales de los años ochenta del siglo XX y más recientemente el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, lo que condujo a la desmovilización de cerca de 13 mil combatientes de dicha guerrilla a cambio de un Acuerdo Final que contemplaba un fondo de tierras para la paz, que tendría como meta redistribuir 3 millones de hectáreas entre familias sin tierra, en 12 años, unas reformas políticas como el estatuto de la oposición aprobado en el año 2017 y que entró en vigencia parcialmente en el año 2018, unas reformas políticas que permitieran la reincorporación política de las FARC y su reinserción económica y social, el desmonte de las estructuras paramilitares, la seguridad para los excombatientes, un programa de sustitución concertada de los cultivos ilícitos, programa al cual se han acogido unas 106.000 familias, y la reparación a los más de 8.5 millones de víctimas con la conformación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y reparación, para lo cual se ha puesto en marcha una Comisión de la verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y una Jurisdicción Especial para la Paz.  Todas estas medidas marchan a paso lento y, con la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia de la República, corren serio riesgo de incumplimiento, dado que una de las características del nuevo gobierno es la negación del conflicto armado interno.  Para el nuevo bloque en el poder no existió este conflicto armado interno, sino lo que existe es una amenaza terrorista.

Las causas de la conflagración armada no han sido superadas.  Recientes informes señalan que la concentración de la tierra ha llegado al 0,93% de acuerdo con el reciente censo nacional agropecuario medido mediante el coeficiente de Gini, en que 1 sería que existiera un solo propietario de toda la tierra.  Las reformas políticas, en su mayor parte, no han sido aprobadas; desde la firma de los acuerdos con las FARC, 87 de sus excombatientes han sido asesinados.  Desde el primero de enero de 2016 y hasta el 10 de enero de 2019, han sido asesinados 566 líderes y lideresas sociales.  El 56% de los asesinatos se han perpetrado en los 172 municipios que fueron el escenario principal de la conflagración armada entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.  Para esos territorios, se proyectó la ejecución de 16 Planes de Desarrollo Territorial, PDT, que a pesar de haber sido formulados, no cuentan con el financiamiento adecuado.  El tema de la paz sigue estando en el centro de los debates y de las necesidades expresadas, por lo menos por la mitad de los electores en el país.

La corrupción

Un segundo gran problema está relacionado con la corrupción.  La Contraloría General de la República señaló, en el año 2017, que cerca de 50 billones de pesos, es decir, unos 16 mil millones de dólares, se pierden anualmente en actos de corrupción.  Un ejemplo es el caso de la firma brasileña Odebrecht que, de acuerdo con las denuncias de la oposición, habría invertido en actos de corrupción en los diversos proyectos para la construcción de infraestructura cerca de 50 millones de dólares, que sirvieron para “ganar” las licitaciones en las que esta firma participó y ganó.  Hasta el momento, y dada la presión de los movimientos sociales, se mantiene abierta la investigación, pero ella solo compromete a mandos medios, sin llegar a los niveles más altos del Estado.  Se sabe y existen pruebas de que Odebrecht financió la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010 y las campañas de Juan Manuel Santos y del Candidato Uribista, Oscar Iván Zuluaga en el año 2014.  Pero nada se ha investigado el respecto.  Duque nominó a un fiscal ad hoc para la investigación de Odebrecht que proviene de su partido, el Centro Democrático, y que no es prenda de garantía para la realización de una investigación independiente.  En el mes de agosto, se celebró una consulta anticorrupción a la que acudieron 11,6 millones de sufragantes, se requerían 12, 3 millones.  No obstante dada la magnitud de la votación se celebró una cumbre política y el Gobierno del presidente Duque se comprometió a tramitar un paquete de nueve proyectos en el Congreso.  La mayor parte de esos proyectos han naufragado en el Congreso, no fueron aprobados.  La irritación ciudadana ha crecido y exige la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; éste se ha atornillado en el puesto con el respaldo de Duque y del conjunto del régimen político y mediático.

En estas circunstancias, la pregunta obligada es: teniendo esta agenda de problemas, ¿por qué el régimen se empeña en elevar a primer plano la situación de Venezuela y el gobierno asume como su principal bandera la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela?  Y la explicación se encuentra precisamente relacionada con la difícil coyuntura interna por la que atraviesa el Gobierno de Duque y su socio, Álvaro Uribe Vélez, quien en realidad manda desde la trastienda del poder.

Con una oposición crecida en las urnas, pues, el candidato de la izquierda Gustavo Petro se alzó con el 42% del total de la votación en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018.  Una bancada de oposición que reúne al 20% del Congreso y una movilización social presente en las calles a poco más de dos meses de posesionado Duque en la presidencia de la República.  La agenda interna que busca la profundización del modelo neoliberal con, por ejemplo, la extensión del IVA a la canasta familiar, propuesta del Gobierno, fracasó en el Congreso.  Duque no logra conformar una coalición mayoritaria en el Congreso y los reclamos populares crecen, así como la exigencia de parar e investigar el asesinato de cientos de líderes sociales.  Una salida ha consistido en elevar a primer plano la situación de Venezuela y aliarse con Trump y la extrema derecha latinoamericana, amenazando con la intervención armada en Venezuela.  El Gobierno colombiano se suma a los esfuerzos por desestabilizar aún más el gobierno de Nicolás Maduro, que se debate en una crisis profunda, no solo por el bloqueo económico y la beligerancia política de la oposición, sino por el fracaso de un modelo rentista cuya base única de sustento es la explotación de los recursos naturales y en primer plano la explotación petrolera, pero también preso de una enorme corrupción, en tanto se cierran espacios democráticos para una oposición que no atina, pues de manera irreal plantea una salida sin el chavismo, que por lo visto tiene a por lo menos la mitad de la población del país.  La salida en Venezuela debe respetar la soberanía popular para que los venezolanos encuentren alternativas pacíficas que les permitan superar la enorme polarización política, acudiendo a la negociación política para encontrar y construir salidas a la crisis.

- Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur.