Con el atentado terrorista cometido el pasado jueves 17 de enero el Ejército de Liberación Nacional, ELN, no solo rompió de facto las estancadas negociaciones de esta guerrilla con el Gobierno sino que hizo trizas el proyecto de lograr una paz completa. Las negociaciones de ésta guerrilla con el gobierno venían estancadas desde que asumió el poder Iván Duque Márquez el pasado 7 de agosto. Duque condicionó la continuidad de las negociaciones a la liberación de los secuestrados en poder de ésta guerrilla así como a que el ELN suspendiera todas sus acciones violentas.

La guerrilla del ELN equivocadamente invocó la vigencia de los acuerdos previos logrados en la Mesa de Negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos que podrían resumirse en una agenda pactada así como en una serie de acuerdos sobre las características del proceso de negociación así como los protocolos para el funcionamiento de la Mesa de Negociaciones y unos tímidos y limitados pasos de consulta a la sociedad civil que los Elenos ponen en el centro del proceso de negociación. Duque no le confirió a esos acuerdos previos el carácter de acuerdos de Estado sino que los asimiló a unos acuerdos del Gobierno de Santos que bien podrían ser modificados. Al imponer unilateralmente unos condicionamientos al ELN las posibilidades de continuidad de las negociaciones quedaron de hecho estancadas. Por ello no nombró representantes a la Mesa de negociaciones que en el último año fueron trasladadas a La Habana por solicitud del Gobierno Colombiano de Juan Manuel Santos al renunciar el gobierno del Ecuador a seguir acogiendo la mesa de diálogos por el asesinato de tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia.

Así pues al momento de cometer el atentado terrorista el jueves 17 de enero contra las instalaciones de una academia de formación de la Policía Nacional, la escuela Francisco de Paula Santander, ubicada en el sur de la ciudad de Bogotá, las negociaciones estaban estancadas. Como se sabe el cruento y horrendo atentado dejó como saldo trágico 21 estudiantes muertos y más de 60 personas heridas y el consiguiente repudio y condena a este demencial ataque por parte de una guerrilla completamente desfasada de la realidad nacional.

El atentado criminal se produjo precisamente el día en que los estudiantes universitarios tenían programada una manifestación pública en todo el país para exigir la reforma del destacamento policial Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que es la unidad especial utilizada por la Policía Nacional para controlar las movilizaciones callejeras y las protestas ciudadanas que se ha caracterizado por acudir al uso de la fuerza desmedida en contra de las protestas ciudadanas. Ese mismo día en las horas de la noche estaba programado un segundo plantón nacional para exigir la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por sus nexos con conductas aún no esclarecidas en la trama de corrupción propiciada por la multinacional brasilera Odebrecht.

Las dos manifestaciones ciudadanas tuvieron que ser canceladas dado el efecto social del atentado terrorista. Esta es apenas una de las consecuencias del atentado terrorista y una muestra de la desconexión y miopía política del ELN. La otra es que como consecuencia del atentado terrorista la agenda pública nacional obviamente se ha desplazado. Hasta el bombazo del 17 de enero los temas principales del recién entrado año 2019, estaba constituida en primer lugar en la agenda de lucha contra la corrupción que cada vez compromete a los más altos funcionarios del Estado a quienes justamente el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se ha negado a investigar. En Colombia contrario a otros países de la región en que las investigaciones han llevado a la cárcel a altos funcionarios del Gobierno y a importantes grupos empresariales, en nuestro país apenas se ha detenido a funcionarios medios y hasta ahora a ningún grupo empresarial importante. Los hechos que se han hecho públicos como, por ejemplo, que desde el año 2015 el fiscal general era conocedor de los hechos de corrupción de la firma brasilera Odebrecht y que en estos hechos de corrupción también participo el grupo Aval, segundo grupo financiero del país, de propiedad de uno de los hombres más ricos de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Todo esto estaba en el centro de la agenda pública nacional así como el tema de la financiación de la educación pública universitaria. Un paro estudiantil de más de dos meses había culminado con una negociación en que los estudiantes lograron recursos por 4.5 billones de pesos para el financiamiento de la educación pública superior. Así mismo también formaba parte de la agenda pública la recién aprobada reforma tributaria y la derrota del gobierno que pretendía grabar con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, a la mayor parte de los productos de la canasta familiar. Todo esto al menos por ahora ha pasado a un segundo plano.

Además el atentado del ELN no solo cambió momentáneamente la agenda sino que le dio discurso y agenda a un gobierno errático y sin norte preciso. En efecto, Duque desde el momento del atentado esgrimió como estrategia política convertir el tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo como los ejes de su gobierno y el ELN le sirvió en bandeja de plata esa posibilidad. Sin embargo está lejos de lograrlo. El llamado a la Unidad Nacional en contra del terrorismo tuvo como una de sus expresiones la convocatoria a la movilización de rechazo al atentado que se convocó y realizó el domingo 20 de enero en todo el país. La derecha uribista en el gobierno quería repetir las masivas movilizaciones en contra del secuestro y en contra de las FARC que se realizaron en Colombia en el año 2008 y que fueron convocadas por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. En esta ocasión las movilizaciones fueron muy reducidas. La mayor movilización se realizó en Bogotá y no logró reunir ni 10 mil personas.

Un segundo paso que dio el gobierno fue la solicitud dirigida al Gobierno de Cuba para que entregue a los 10 negociadores del ELN que se mantienen en La Habana. Esta solicitud descabellada que no tiene fundamento jurídico alguno pues trata de desconocer un protocolo suscrito por la Guerrilla del ELN y el Gobierno Colombiano según el cual si la mesa de negociaciones se rompe los negociadores de la guerrilla serán dejados en Colombia y tendrán 48 horas para escapar de la persecución estatal. Estos protocolos fueron suscritos por las partes y avalados por los países garantes del proceso: Noruega, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile y Ecuador. Los argumentos deleznables del gobierno de Duque es que esos acuerdos no fueron de Estado sino de Gobierno y no comprometerían al actual gobierno puesto que no fueron firmados por él y un segundo argumento es que el ELN es una organización terrorista y por tanto el Estado Cubano debería entregar a los negociadores al Estado Colombiano para que respondan ante la justicia entre otras acciones por el atentado terrorista del 17 de enero.

El Gobierno de Cuba ha manifestado a través de su cancillería que respetará el Protocolo y en igual sentido se pronunció el gobierno de Noruega. Los otros garantes no se han pronunciado de manera directa frente a la vigencia del protocolo como tampoco lo ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo pronto esta solicitud del gobierno colombiano pone en una circunstancia muy desafortunada al gobierno de Cuba que de manera generosa y desinteresada ha puesto su territorio y la logística para las negociaciones con las FARC durante cinco años y en este último año con la guerrilla del ELN. El gobierno de Duque tergiversa la realidad al pretender enlodar al gobierno de Cuba mostrándolo como débil y con bajo compromiso en la lucha contra el terrorismo. Cuba no está encubriendo a ningún terrorista. Cuba prestó su territorio y sus buenos oficios para que se adelantaran unas negociaciones de Paz entre la insurgencia y el Gobierno de Colombia además por expresa solicitud del Gobierno Colombiano. No se puede decir que Cuba este protegiendo el terrorismo por su negativa a entregar a los negociadores del ELN.

Por lo demás quien queda mal ante la comunidad internacional es el Gobierno Colombiano que firma unos acuerdos y luego pretende desconocerlos. Con ello sienta además un precedente terrible hacia el futuro no solo por la poca credibilidad del Estado que niega sus propios compromisos sino que sienta un precedente nefasto para cualquier futura negociación con las guerrillas que aunque debilitadas y cometiendo actos terroristas, sin embargo son parte de la realidad colombiana. ¿Quién aceptaría formar parte de una mesa de negociaciones en nombre de la insurgencia si en cualquier momento puede ser detenido? Y qué país acogería unas negociaciones si sabe que el Estado Colombiano no cumple con sus compromisos. Estas son las consecuencias más graves desprendidas de esta descabellada solicitud del Gobierno Colombiano.

Bogotá, 24 de enero de 2019.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur