El tristemente célebre ex fiscal general Douglas Meléndez no podía despedirse de otra manera, lo hizo consecuente con el modus operandi que caracterizó su gestión en la instancia responsable de “garantizar los intereses del Estado y la sociedad”. Su última acción, el pasado 4 de enero, fue enjuiciar a quienes difundieron el Informe de Operaciones Sospechosas (ROS) que permitió enjuiciar al ex presidente Francisco Flores por corrupción.

Meléndez emitió orden de captura contra el ex presidente Mauricio Funes, el ex fiscal auxiliar Diego Escobar y un periodista extranjero, por difundir el informe del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que registró millonarias transacciones financieras a favor del ex gobernante arenero.

Los fondos resultaron ser donaciones del gobierno de Taiwán para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001; pero éstos nunca llegaron a sus destinatarios originales, sino que terminaron en arcas del oligárquico partido ARENA tras una operación de lavado de dinero, a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” y el Banco Cuscatlán.

Así, en vez de financiar la reconstrucción o construcción de nuevas casas, restablecer servicios básicos y apoyar económicamente a las miles de personas afectadas, esos fondos sirvieron para pagar la campaña electoral de ARENA en 2004.

Esto fue conocido gracias a la publicación del ROS: la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial, la Fiscalía judicializó el caso y el Juzgado Séptimo de Instrucción mandó al ex presidente Flores a sentencia por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Incluso, la dirigencia arenera -presionada por las diligencias judiciales y la opinión pública- admitió que 10 millones donados por Taiwán terminaron en sus cuentas bancarias.

Y hoy resulta que, según el ex fiscal Meléndez, publicar el ROS fue un crimen. ¡Eso es absurdo! Sin la publicación de ese documento Flores no habría sido enjuiciado y la sociedad salvadoreña nunca se habría enterado que un ex presidente robó para su partido dinero que era para las desdichadas familias que perdieron viviendas, bienes materiales y hasta seres queridos por los terremotos.

La obsesión de perseguir penalmente a Funes y la cercanía con la embajada de Estados Unidos son, probablemente, los motivos del ex fiscal; pero la publicación de información relevante no puede ser criminalizada, especialmente la referida a casos de corrupción que afectó los intereses de la gente.

Por eso, frente a esta ridícula acusación fiscal, hay que reivindicar el derecho ciudadano de acceso a la información y la necesidad de combatir la corrupción. Los tribunales de justicia deben desestimar esa absurda querella contra el ex presidente Funes y demás involucrados en la publicación del ROS.

Si no lo hacen, jueces y fiscales, estarían exclamando: “¡Muerte al derecho de información y viva la corrupción!”