Tres encuestas de igual número de casas especializadas en estudio de opinión, revelan que entre siete y ocho de cada 10 mexicanos respaldan la estrategia del gobierno de la cuarta transformación frente al robo de energéticos, auténtico saqueo nacional, mismo que el presidente Andrés Manuel estima en 70 mil millones de pesos anuales.

Los porcentajes no sólo indican un altísimo sentido cívico de los consumidores de gasolinas a costa de su tiempo y de las evidentes incomodidades que padecen automovilistas y trabajadores del transporte, sino el notable éxito presidencial en la primera batalla de muchas y más complejas por venir frente a la enraizada corrupción pública y privada.

También plantean los resultados demoscópicos un tremendo desfase entre la conducta generalizada, con sus dignas excepciones, del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, los que privilegian e incluso magnifican los evidentes problemas del surtido oportuno de Petróleos Mexicanos a las gasolineras, pero con la información sesgada e incluso amarillista los conductores estrellas de los noticiarios y los analistas estimulan compras de pánico entre consumidores, lo que incrementa la demanda y agrava la escasez.

Como sucedió con los resultados del 1 de julio de 2018, la primera y segunda semanas del presente año ponen en relieve que los líderes de opinión no lo son tanto, pues si en verdad desempeñaran papeles de liderazgo informativo y de opinión entre la sociedad, el titular del Ejecutivo federal sería José Antonio Meade, en primera instancia, y en segundo término Ricardo Anaya, con su estratega Jorge Castañeda que se regodea al opinar sobre el acontecer nacional y global, pero es incapaz de articular una frase sobre la derrota del voraz panista queretano, salvo responsabilizar a Enrique Peña Nieto.

Hace más de un semestre fue evidente que la comentocracia cerró filas con el candidato presidencial del Partido Revolucionario, así como también con el de Acción Nacional y que tardía e ineficazmente impulsaron un solo candidato para el PRIAN. Fracasaron, como sucede ahora con el perverso afán de estimular el primer gran tropiezo gubernamental de López Obrador, así sea a costa de afectar a los consumidores de combustibles y de prácticamente todo, pues sin los primeros el aparato productivo, comercial y de servicios no funciona.

Enhorabuena que fracasan, no tanto por AMLO, su gobierno y coalición política, sino porque si la batalla contra el huachicol no termina con buenas cuentas para México, la todavía endémica corrupción pública y privada –la primera no puede existir sin la segunda–, incluida la de los medios, no tendrá remedio en los próximos 5.9 años.

Tan es así que el Fondo Monetario Internacional lo comprende muy bien. “Claramente, ir en contra de un negocio ilegal como es el robo de combustible, es el objetivo adecuado y una señal clara para fortalecer el Estado de derecho”, sostuvo Alejandro Werner. Pero los acólitos del FMI son más papistas que el Papa.

El desfase entre las audiencias y los medios es un severo problema que no es pertinente que lo ignoren los accionistas del oligopolio mediático, salvo que el presente y futuro de sus empresas en términos de rentabilidad y de utilidades no sea una prioridad para los empresarios. Lo anterior, por supuesto, sería contra natura.

Pero sobre todo porque la sociedad requiere información oportuna, veraz, plural, contextualizada, que incluya a todos los agentes económicos y sociales, a los actores políticos involucrados en cada suceso.

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