La iniciativa por medio de la cual el gobierno federal en funciones busca instaurar a una Guardia Nacional como el eje articulador de su política de seguridad, de combate a la delincuencia y de pacificación para el resto del sexenio continúa avanzando en su recorrido legislativo, a pesar de que los posicionamientos en contra, desde diferentes sectores de la sociedad, han incrementado en términos casi proporcionales a la defensa que de ésta han realizado el presidente, la mayoría de los legisladores y un importante contingente de adherentes ideológicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

En la exposición de motivos ofrecida en el texto de la iniciativa, la propuesta en su conjunto se fundamenta en un diagnóstico de la violencia en el país que, de acuerdo con la lógica de sus impulsores, tiene sus causales en tres factores fundamentales: «las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace doce años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia».

En términos discursivos e ideológicos, que la administración federal vigente comience por identificar al neoliberalismo como el principal factor que determina a la violencia que se vive en México no es un cambio menor respecto de los diagnósticos que sobre el tema realizaron las tres presidencias anteriores. Y es que, en el fondo, lo que aquí se señala —pese a no ser nombrado en su amplitud, con tal de mantener al desarrollo de la discusión dentro de los márgenes de la corrección política dominante—, es exactamente lo opuesto a lo que en los tres gobiernos precedentes se buscó incesantemente recetar como panacea para toda forma de violencia en el país (y del cúmulo de fenómenos sociales con ellas concatenados o de ellas derivados): mayor (neo)liberalización de la economía. Esto, por supuesto, no significa, por ningún motivo, que dicho cambio discursivo e ideológico encuentre en la práctica de la política económica federal su correspondiente; o por lo menos no más allá de la política social.

El segundo pilar considerado por esta presidencia como una determinante fundamental de los altos índices de violencia en el país se mantiene en línea con el postulado anterior, pues lo que el presidente con tanta insistencia ha identificado como corrupción en los hechos no es más que la lógica operativa propia de las estructuras de producción y consumo capitalistas: la incesante concentración y acumulación de capital por parte grupos privilegiados, élites políticas y empresariales, que se valen del control del Estado-nación, y de su correspondiente andamiaje gubernamental, para mantener sus posiciones dominantes y las políticas de pauperización del resto de las clases.

En este sentido, una lectura en conjunto de ambos puntos arroja, por primera vez en la historia de la guerra en contra del crimen organizado en México, una no tan explícita (pero no por ello menos directa) responsabilización del funcionamiento de la política y la economía nacionales en la ampliación y profundización de la criminalidad y de la violencia en el país. Esto, con Felipe Calderón, por ejemplo, nunca se puso a discusión, pues la narrativa gubernamental de ese momento —aún más adepta al mantra neoliberal que con los priístas— se concentró, todo el sexenio, en reproducir en el imaginario colectivo nacional la aceptación y la legitimación simultanea de, por un lado, el funcionamiento generalizado, robustecido, ampliado y profundizado de los aparatos represivos del Estado; y por el otro, de una economía enfocada en intensificar la absoluta mercantilización de la vida en sociedad. Mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el endurecimiento de la política represiva en contra de la disidencia fue tan honda que ni siquiera fue necesario fortalecer la narrativa gubernamental.

Ahora bien, el énfasis que pone el gobierno federal en funciones en identificar al neoliberalismo como el principal enemigo a vencer para reducir los niveles de violencia en el país no es fortuito. En realidad, si bien es cierto que un espectro importante de la violencia armada en el país tiene que ver con el funcionamiento de la política económica nacional, la verdad es que ese espectro, tal y como lo identifican desde el gobierno de López Obrador, es una porción mínima.

Es cierto que el funcionamiento del capitalismo es lo que determina la razón de ser de actividades como el trasiego de armas, de enervantes o de personas. Sin embargo, traducir y reducir eso —como lo hace la plataforma política de López Obrador y adeptos— a un fenómeno de pura redistribución del ingreso, de democratización del consumo (en argot neoliberal), o de un mayor garantismo en términos de acceso a servicios públicos y prerrogativas de seguridad y previsión social es un error mayúsculo que repite la falacia de que los empobrecidos de la tierra son, por antonomasia (por su propia pobreza, per se) violentos o propensos a reproducir la violencia criminal observada en las estructuras criminales del tipo de los cárteles del narcotráfico.

Otorgar becas a las juventudes del país para que continúen sus estudios o para que se inserten en el mercado laboral de manera formal, ampliar y generalizar la línea de bienestar de las familias, incrementar el salario mínimo o expandir y mejorar los servicios públicos del Estado, no cabe duda, son paliativos importantes, indispensables y necesarios para atajar algunas de las causas estructurales que llevan a miles o millones de personas a integrarse en las filas de los cárteles del crimen organizado. El problema es, no obstante, que ese tipo de medidas siguen siendo paliativos, con efectos, en el mejor de los casos, de prevención —no de reversión. Y es que, en efecto, aunque el diagnóstico del gobierno es correcto en sus líneas más profundas y generales, la realidad de los hechos es que el remedio que se propone apenas y alcanza a aminorar los daños cometidos por el funcionamiento de la economía-mundo capitalista, dejando intactas las estructuras elementales del crimen organizado.

Violencia criminal y violencia social

En esta línea de ideas, la narrativa de López Obrador y de su equipo ha sido bastante efectiva para vender a la ciudadanía la idea de que la reducción de la violencia pasa por la reducción de su propio empobrecimiento. La cuestión es que la efectividad de esa narrativa está fundada sobre premisas que se corresponden más con las carencias materiales de las personas —y por lo tanto, con las maneras de hacerles frente— que con el imperativo de reconocer que si los grandes cárteles del crimen organizado funcionan como lo hacen en la actualidad se debe, en lo esencial, a dos factores: primero, a su organización y movilización por parte de hombres poseedores de grandes capitales acumulados y concentrados en un par de industrias criminales o diversificados en un vasto número de sectores formales de la economía (vía el lavado de activos); y segundo, a que la cadena de valor de la economía criminal sirve a la totalidad del capitalismo, en general; y de las economías nacionales no criminales, en particular; para corregir, (re)producir, ampliar, profundizar, etc., algunas de sus dinámicas básicas.

Esto, por supuesto, no es seguro si la plataforma política de López Obrador lo tiene claro —aunque hasta ahora, a juzgar por la insistencia con la que se ignora la dimensión geopolítica del funcionamiento del crimen organizado a la hora de planificar las políticas públicas de su combate, en realidad parece que, en efecto, no se alcanza a visualizar. Pero incluso si lo hiciera, y si fuese consciente de ese factor, también es claro que un solo gobierno periférico (como el de México o cualquiera del Sur de América) poco puede hacer ante la lógica que gobierna a la totalidad global. Además, al concentrar la solución en el argumento de que un mejor nivel de bienestar para las juventudes se traducirá en una reducción de personal al servicio del crimen organizado (y por consecuencia, en que la criminalidad cuente con menores recursos humanos asesinando a personas en las calles del país) pasa por alto que la violencia derivada de la criminalidad no es sino un resabio suyo; y uno de menor importancia si se lo compara con los efectos devastadores que tiene en cualquier colectividad la profundización y ampliación de la violencia social: esa que no pasa por los canales de operación de la criminalidad, sino por determinadas relaciones de socialidad que son ellas, inherentemente, violentas.

Es este último aspecto el que la administración federal en funciones no alcanza a asir, y la muestra más clara de ello es que, ante la violencia social (que el gobierno insiste en confundir e identificar como violencia criminal), la única solución que ha propuesto y a la cual se aferra tiene que ver con incrementar el grado de militarización de la vida en sociedad, no sólo por la vía de un desmesurado fortalecimiento del ejército, la fuerza aérea y la marina, sino, también, por la proliferación de cuerpos de seguridad que operan bajo la lógica de la racionalidad castrense, como es el caso de la Guardia Nacional.

Al respecto, una de las principales estrategias empleadas por el presidente de México ha consistido en reforzar, en la memoria histórica y en la conciencia emocional de los mexicanos y las mexicanas, la idea de que los efectivos adscritos a cualquiera de los institutos castrenses federales son sólo «pueblo uniformado», hijos de obreros, de campesinos, de artesanos; en fin, hijos de ese México profundo del que escribió Bonfil Batalla, que no forman parte de las clases privilegiadas a las que con tanto empeño identifica como las traidoras y las saqueadoras de la patria. Así, al recurrir a esa construcción específica del rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad del Estado, la presidencia de la república no únicamente minimiza los numerosos casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de matanzas a sueldo, de robos y saqueos, además de la profunda responsabilidad del ejército, la fuerza aérea y la armada en la agudización de la espiral de violencia en el país; sino que, además, los desrresponsabiliza por completo, haciendo gravitar las consecuencias de su rol en el combate armado en contra del crimen organizado al redero del aspecto concerniente al mando civil.

No es azarosa, en este sentido, la reivindicación que el presidente hace del mando civil cuando se trata de discutir los efectos que tendría un incremento tanto de los cuerpos de seguridad militarizados cuanto de los efectivos adscritos a cada uno de esos cuerpos. No muy en el fondo de esta narrativa, de lo que se trata es de contrastar su calidad ética y moral en el ejercicio de la política vis á vis la de sus opositores y antecesores. Después de todo, en ello se juega el reivindicar la legitimidad de su gestión por el reconocimiento de los valores morales y los contenidos éticos que desde su persona sería capaz de imprimir en la totalidad del proyecto político que impulsa. Por eso, un cambio de mando civil es, en la lógica de su discurso, un cambio por completo de la racionalidad y la práctica castrense en las labores de seguridad y de defensa públicas.

Está demás el explicar la profunda ignorancia que con esta creencia profesa el presidente de México, respecto de la cultura política y los intereses propios de las estructuras militares, independientes de la carga moral y ética de su comandante supremo.

Otra estrategia socorrida en más de una ocasión por parte del equipo de gobierno de López Obrador es la de invertir la ecuación a la que han recurrido los críticos de la Guardia Nacional: en lugar de tener que combatir la idea de que la seguridad pública del país y la vida de las mexicanas y los mexicanos se están militarizando, el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Alfonso Romo, optó por venderle a la población la idea de que lo que se pretende es, en realidad, ciudadanizar («policializar», fue el término exacto empleado por el funcionario) a las estructuras castrenses.

Realizar tal afirmación, en este momento, después del mandato de Felipe Calderón, cuando la totalidad de las corporaciones de policía estatales fue colocada bajo el mando de directivos de extracción militar, y después de que Enrique Peña Nieto mantuvo la práctica —inaugurada por su predecesor— de someter a los efectivos de esas policías a entrenamientos de carácter militar, partiendo de manuales internos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estando a cargo de instructores adscritos al ejército, es una traición explícita al baño de sangre y los miles de restos humanos que han sufrido los mexicanos y las mexicanas. Si el gobierno en turno realmente quisiera invertir la lógica de la militarización en México, entonces tendría que comenzar por revertir lo que ya se hizo con las corporaciones ciudadanas de seguridad pública, pero esta opción no está sobre la mesa.

Guardia nacional, guardia política

La Guardia Nacional, en este contexto, es propuesta como la mejor de las soluciones posibles para atender los dos vacíos fundamentales que aquejan a la estrategia de seguridad implementada desde Felípe Calderón, y continuada por Enrique Peña Nieto: por un lado, los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; y por el otro, la carencia de entidades de seguridad pública con capacidades especializadas en el combate a la criminalidad organizada. En teoría, la Guardia Nacional resarce ambos, desarrollando en un único cuerpo armado lo mejor de los dos mundos: la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios del ejército, en el espectro militar; y la moralización, el mando y la profecionalización, por el de las instituciones civiles.

Regresando a la exposición de motivos de la iniciativa legal, la propuesta toma como ejemplos históricos clásicos de éxito en el funcionamiento del modelo de Guardias Nacionales a los casos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana. No sobra mencionar que los tres son casos de cuerpos encargados de la seguridad pública, pero con un marcado enfoque militarista: por su entrenamiento, por el modo en el que operan y por la racionalidad que conduce su razón de ser. Para el caso mexicano, el modelo no se aleja de ese mismo paradigma: basta con observar que la parte fundamental de los elementos que la compondrían provendrían «de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal», mientras que a los civiles que se convoquen para incrementar a sus efectivos «recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana».

Es decir, el gobierno insiste en que la lógica que regirá el actuar de la Guardia Nacional no será la propia de la racionalidad castrense. Sin embargo, el contenido programático de su propuesta responde justo a esa lógica, y lo hace, además, en un momento en el que el ejecutivo federal insiste en fortalecer la posición de las Fuerzas Armadas en un espectro mayor de actividades, como en la securitización de la cadena de valor de los hidrocarburos, argumentando razones de seguridad nacional y la necesidad de hacer frente al crimen organizado que se nutre del robo de combustibles (incluidos los funcionarios al interior del gobierno y de Petróleos Mexicanos, como indican los últimos reportes dados a conocer por López Obrador).

En este marco de ideas, la urgencia del elemento militar, en la justificación del gobierno morenista, radica en el reconocimiento de que cualquier otra institución de seguridad (con independencia del adjetivo: ciudadana, pública, nacional, interior, etc.), no cuenta con las capacidades operativas (de fuego y logísticas) necesarias para hacerle frente a las propias capacidades operativas de, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. De aquí surge la profunda contradicción entre el decir y el quehacer de la propuesta de Guardia Nacional, pues la razón más profunda para justificar su contenido militar viene —aunque en el discurso se oculte, para no repetir la narrativa de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto— de la necesidad de mantener un poder de fuego equiparable al de los cárteles en las calles. La lógica de la confrontación armada y de la guerra sin cuartel entre buenos y malos sigue vigente, y se mantiene intacta, en los mismos términos, desde 2006. Puestas así las cosas, la Guardia Nacional es una excelente salida para conseguir la militarización de la vida pública nacional sin la necesidad de haber incurrido en el error calderonista de ocupar a las Fuerzas Armadas en actividades para las cuales no estaban legalmente facultadas, y sin haber tenido que mantener en vigor ese resabio de la administración federal anterior que es la controvertida Ley de Seguridad Interior.

Pero aquí lo que el presidente y su equipo no parecen comprender es que, por más que en la constitución i) se reconozca la competencia de los tribunales civiles en delitos en donde estén involucrados elementos castrenses [Art. 13], ii) se prohíba expresamente el traslado y resguardo de cualquier detenido a instalaciones militares [Art. 16] o iii) se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional [Art. 21]; la fortaleza y la solidez con la que se está dotando a las Fuerzas Armadas en el país es tanta que rememora a los casos del Sur de América, en los que la izquierda fortaleció a los aparatos represivos del Estado —ya para ganárselos para su propia causa o para blindarse contra sus oponentes ideológicos—, que al final estos terminaron vendiéndose a los mejores postores de la derecha y el conservadurismo, sin que la izquierda pudiese hacer nada para contener su fortaleza.

Como lo muestran los últimos discursos de López Obrador sobre la materia, lo que éste intenta conseguir es la lealtad de las Fuerzas Armadas acrecentando sus recursos, su poder, su presencia y su incidencia en los procesos de la vida pública nacional. Sus intervenciones en diferentes espacios afirmando que las Fuerzas Armadas de México se caracterizan por no gestar golpes de Estado así lo hacen creer. Y quizá no sea un movimiento torpe si el presidente y su plataforma política tienen en planes el profundizar las correcciones de carácter social al funcionamiento del neoliberalismo, previendo que los intereses empresariales y oligárquicos, nacionales y extranjeros, afectados por ese proceder se podrían llegar a polarizar tanto como para intentar replicar la historia que América del Sur ya conoce. El problema aquí es, no obstante, si esa fortaleza que le está concediendo a la milicia será controlable en lo sucesivo, solo confiando en la lealtad que estas afirman guardar para la nación.

- Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional, @r_zco