En medio del trámite legislativo de varios proyectos de reformas, de los cuales, como era de esperarse, solo dos al final de la legislatura ocuparon el centro de la atención del Congreso y del Gobierno, el de la reforma Tributaria y el de la Superintendencia de Salud. Por el camino quedaron los proyectos de la consulta anticorrupción que no merecieron ni la atención ni el compromiso tanto del gobierno como del Congreso para su trámite.

La reforma tributaria camina en la senda neoliberal de profundizar la rebaja de impuestos a los ricos que, según estudios recientes, ascendería a unos 13 billones de pesos, unos 3.500 millones de dólares mientras que los nuevos ingresos apenas representarían cerca de 2.500 millones de dólares. Todo ello con el argumento de brindar mejores condiciones para que los empresarios inviertan y generen empleo, supuesto que no se ha cumplido en ninguna parte del planeta. Duque les cumple de esta manera a los empresarios.

La reforma a la Superintendencia de Salud camina en la dirección adecuada de dotar a este organismo de atribuciones legales para que comience a cumplir sus funciones de ente regulador en materia de salud pública en el privatizado sistema de salud colombiano. La situación como hemos señalado en esta materia es crítica. De las 44 Empresas promotoras de salud habilitadas para operar en Colombia y según información de la propia Superintendencia de Salud 22 de las 30 que operan en el régimen subsidiado están quebradas y de las 14 que operan en el régimen contributiva 4 también están quebradas.

Lo que vendrá es la liquidación de un buen número de EPS, pero esa liquidación no resolverá la crisis del sistema de salud. Esa crisis es estructural y requiere en nuestra opinión de una reforma estructural que este gobierno difícilmente propiciará.

La única excepción al manejo neoliberal del gasto público lo protagonizó el acuerdo del Gobierno de Duque con el movimiento de los estudiantes universitarios. Después de un paro de 10 semanas y unas 12 marchas masivas que contó con el respaldo activo de amplios sectores de la población, Duque se vio, finalmente, obligado a la firma de un acuerdo que garantiza unos 4.8 billones de pesos para financiar el déficit de la educación pública superior. Triunfo de los estudiantes y de la movilización masiva y pacífica que protagonizaron durante estas recientes semanas.

Los acuerdos de paz por otra parte se encuentran en la sala de cuidados intensivos. Heridos de muerte. Durante esta última semana el gobierno de Duque presentó su política de legalidad y paz. El centro lo coloca en el impulso de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial que beneficiaría a 170 municipios del país en los que se desarrolló con mayor intensidad la confrontación armada con las FARC, a lo largo de los últimos 50 años. No obstante que este es un punto fundamental de los Acuerdos de La Habana del Gobierno con las Farc y avanza en la dirección acertada de incorporar a estos territorios periféricos a la economía del país, el principal problema es que el Gobierno no destina los recursos económicos necesarios para su cabal implementación.

Tampoco ha despejado el tema del financiamiento del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que es la actividad económica que predomina en esos territorios, de modo que ello no pasa de ser un anuncio de buenos propósitos sin unos recursos ciertos que permitan su implementación.

Todos los mecanismos de seguimiento a los Acuerdos de La Habana han señalado que su tasa de cumplimiento se encuentra en cerca de un 28% que es baja sin ser crítica. El problema radica en la errónea orientación del Gobierno de Duque que lo único acertado de sus políticas de paz, es el anuncio de avanzar, como hemos dicho en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. El resto ha sido fundamentalmente erróneo sin norte y más bien generando incertidumbres a la dirigencia de la otrora guerrilla de las FARC.

El mensaje peligroso y erróneo del Gobierno es que le cumplirá a la base guerrillera pero lo que anuncia para la dirigencia guerrillera es persecución como los innecesarios y reiterados pronunciamientos de Duque de que extraditará a Jesús Santrich, jefe guerrillero preso por orden de un juez norteamericano que ha contado con el respaldo del cuestionado fiscal general de Colombia enemigo de la paz, Néstor Humberto Martínez.

A esos señalamientos y a los intentos de contrareformar los acuerdos, que por fortuna no han fructificado, se suman el cambio de la cúpula militar y policial que ahora cuenta con mandos afectos al uribismo y el manejo dado al proceso con el ELN, la otra guerrilla histórica del país. A esta guerrilla prácticamente lo que el Gobierno de Duque le propone es que se rinda, que se entregue. Y el mismo Gobierno hace aprobar una reforma en el Congreso que pondrá más obstáculos a una salida negociada. El secuestro y el narcotráfico no serían en adelante conexos al delito político. Así será imposible una negociación con esta guerrilla.

Lo que muestra la crisis es un fortalecimiento de las disidencias de las FARC y del ELN. A eso lleva la irracional oposición del uribismo y de su Gobierno, el Gobierno de Duque, al proceso de paz. Tiempos nublados en Colombia para la paz y la reconciliación.

Bogotá, diciembre 20 de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur