El nuevo gobierno federal ya dio a conocer los Criterios Generales de la Política Económica 2019 y, como suele suceder en los terrenos del debate público, los primeros rasgos que salieron a relucir y a saturar la discusión al respecto fueron los montos que se asignaron a los diferentes Ramos (Autónomos, Administrativos y Generales), Entidades (de Control Directo y de Control Indirecto), Empresas Productivas del Estado y los Programas y Proyectos de Inversión  dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En estricto, que el tema fundamental de discordia entre los amplios sectores que componen la comentocracia mexicana por los Criterios Generales terminará siendo las cifras asignadas no es algo que sorprenda dada la naturaleza del propio documento. Más bien, lo que trasciende —sin tener mayor cobertura por parte de aquellos que hoy se asumen como la oposición crítica, autocrítica y responsable de cualquier decisión que provenga de la administración de Andrés Manuel López Obrador y su plataforma política y de gobierno— es que el problema de fondo sigue siendo la discusión de la cifras por las puras cifras, como si la forma en la que se administran, para qué se destinan, por qué se erogan y cómo se gastan esos recursos fuesen aspectos que ni siquiera valen la pena ser sometidos a consideración.

Que en el debate actual sobre el Presupuesto importe infinitamente más cuánto se pretende gastar en un rubro o por una institución que el saber administrar esos recursos (en qué gastarlos, cómo gastarlos, por qué razones y para conseguir qué fines) es un sentido común popular que los voceros de la economía convencional han venido popularizando entre las masas desde siglos atrás: primero, por intermediación de la ideología liberal; y después, mediante del programa neoliberal. Y es que, en efecto, y por contradictorio que pudiese resultar de cara al decálogo del neoliberalismo más purista, en el fondo, la lógica que rige a esta manera cuantitativa de comprender los egresos de cualquier Estado está determinada por una premisa fundamental: la magnitud de la cifra indica la importancia del rubro y condiciona la consecución de cualquier éxito deseado.

Ejemplo claro de esta manera de proceder en el momento actual tiene que ver con la discusión que los sectores más conservadores del sistema político mexicano, en general; y sus representantes institucionales en, por ejemplo, órganos del Estado como el Congreso federal, en particular; han buscado colocar en el centro de la atención pública, respecto de la disminución de recursos a ramos como los de educación y cultura, mientras que al de defensa nacional (Ejército y Fuerza Aérea) se le incrementa de manera sustancial.

En este orden de ideas, los argumentos que la oposición al actual gobierno federal colocan sobre la mesa tienen que ver con ese reclamo histórico que diversos sectores de izquierda hicieron a los gobiernos de Vicente Fox, en 2000-2006; Felipe Calderón, en 2006-2012; y Enrique Peña Nieto, 2012-2018: dar prioridad a los rubros de cultura y educación por encima de los gastos que, en última instancia, terminarán ahondando la degradada situación de derechos humanos en la que viven los mexicanos y las mexicanas; la militarización del país y las lógicas belicistas de combate a la criminalidad y la delincuencia.

El problema de salir al debate público con ese argumento, tanto hoy como en los sexenios pasados, redunda sobre el hecho de que no se termina de comprender que no es el monto de los recursos, por sí mismo, lo que define los objetivos y/o el éxito de una política pública determinada. Y es que, por supuesto, mayor presupuesto para un Ramo o una institución no hace diferencia alguna —en términos del despliegue, el alcance, la eficacia y la eficiencia de capacidades operativas— si el grueso de ese monto no se administra de una manera en que la población sea el objetivo final de su ejercicio y no, por lo contrario, apenas el remanente de una serie de gastos que se dispendian en lujos y una infinidad de gastos onerosos a los que apenas accede un reducido número de privilegiados.

En el caso del recorte a diversas universidades públicas, por ejemplo, un tema que a menudo se obvia tiene que ver, en el mejor de los casos, con el hecho de que se desconoce la magnitud de los recursos que se destinan para el mantenimiento de una clase de académicos, administrativos y demás trabajadores universitarios que no únicamente gozan de sueldos cercanos y/o por encima de los cien mil pesos mensuales; sino que, además, son beneficiarios directos de diversas prestaciones que les permiten, entre otras cosas, viajar constantemente a eventos académicos en sedes extranjeras con todos los gastos pagados, en clase ejecutiva (algo muy parecido a la añeja práctica del turismo legislativo con cargo al erario); con independencia de la calidad de su producción docente y de investigación. Pero no sólo es eso, pues, asimismo, se encuentra un tema que no es menor: los casos en los que programas universitarios de investigación (o las propias universidades) sirven como mecanismos de desvío de recursos públicos.

En este sentido, parte de la racionalidad detrás de la propuesta de Presupuesto de Egresos del gobierno de López Obrador tiene que leerse, por un lado, como la puesta en marcha de un ejercicio que sí es de amedrentamiento a ese tipo de prácticas de corrupción que constantemente acusa en la burocracia gubernamental, pero que también tienen lugar en las burocracias de las instituciones de educación básica y superior públicas; y por el otro, como una réplica de su estrategia política en torno del cuestionamiento de las remuneraciones de los servidores públicos a nivel federal, en general; y de los miembros del poder judicial, en particular; que no es sino una estrategia, hasta ahora bastante efectiva, que tiene como objetivo el crear una conciencia colectiva en torno de los mecanismos de control de poderes del viejo régimen que impiden el pleno despliegue y funcionamiento del nuevo.

Así pues, el empuje de López Obrador sobre la austeridad republicana de su gobierno no debe pasarse por alto pretendiendo ver en ella sólo una estrategia discursiva, mediática y/o demagógica que buscaría implantar en el imaginario colectivo nacional una representación falsa del presidente y su plataforma. Antes bien, ésta cumple, en lo fundamental, dos objetivos que en la práctica parecen excluyentes (por provenir, cada uno, de extracciones ideológicas divergentes): por un lado, mantener cierta fidelidad al cumplimiento de una parte del decálogo del neoliberalismo; y por el otro, el lograr, a través de esa austeridad y reducción de la burocracia gubernamental, una mayor transferencia de recursos hacia programas sociales, clientelares y asistenciales.

Es por estas razones que si bien es cierto que la cantidad de recursos destinados refleja, en cierto grado, la prioridad que un rubro tiene para una administración federal, ésta no explica, por sí misma, el espectro completo de todo lo que se juega en esa erogación. Sin duda, el juego político de los recursos siempre está sobre la mesa, pero ello no excluye que este gobierno realmente busque el poder llevar a cabo la mayor parte de su política social valiéndose de algunos de los postulados del neoliberalismo. El detalle aquí, más bien, se encuentra en no perder de vista que el equilibrio de poder que se está construyendo es en extremo frágil, lo que lo hace susceptible de decantarse con mucha facilidad por cualquiera de los extremos en pugna del espectro ideológico.

Para muestra, basta con observar que, más allá, por un lado, de la inversión de signo ideológico de las banderas políticas del panismo, el perredismo, el priísmo y sus respectivas rémoras —que ahora los lleva a buscar venderse a la opinión pública y la ciudadanía como los partidos políticos de izquierda que le hacen oposición a un gobierno de derecha—; y por el otro, del ocultamiento premeditado de que esos mismos sectores, durante los gobiernos de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, promovieron, implementaron y celebraron los recortes y la austeridad en cualquier ramo que no tuviese que ver con el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado y con la profundización de la matriz de producción y consumo neoliberal; un rasgo que no debe pasarse por alto en el debate actual tiene que ver con el hecho de que los principales ideólogos nacionales del liberalismo y el neoliberalismo no sólo no han condenado a la totalidad de los Criterios Generales porque en sus líneas generales es una aceptación, por parte del gobierno federal, de los postulados básicos del consenso de Washington en materia presupuestaria y fiscal; sino que, antes bien, al mismo tiempo que condenan los recortes que resultan sensibles en los sectores populares (en una lógica que claramente busca irritar a las colectividades), aplauden la disciplina fiscal, el superávit primario, la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera

Ricardo Orozco

Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional, @r_zco