La factibilidad de la democracia directa es obstruida, principalmente, por la tradición y el principio de representación, entendida ésta como la máxima norma del hecho democrático al cual se pudiera aspirar y concretar. Éste -como se puede verificar a través de la historia- da paso a una «tecnocratización de la política», donde sólo un conglomerado de políticos profesionales puede asumir la administración del Estado en nombre de la mayoría; siendo ésta relegada a la condición general de gobernados.

Contrariamente a lo que ocurre de manera habitual bajo un régimen representativo, en una democracia directa todo ciudadano tendría que participar, aunque sea de un modo indirecto e inconstante (según sea su capacidad y su disposición para ocuparse de ello), en un ámbito comunitario compartido organizado, sólo por el hecho de residir en la misma área que sus vecinos, lo cual le obliga -así se niegue en aceptarlo de forma consciente- a asumir cierto grado de responsabilidad respecto al devenir, la convivencia y las necesidades colectivas.

Por consiguiente, la participación política amplia, general y continua de los ciudadanos -en oposición a los rasgos representativos, burocráticos, elitescos, paternalistas y coercitivos que, desde siempre, han caracterizado al Estado, sea cual la denominación con que se conozca- tiene que ser un elemento clave a la hora de definir un proyecto de transformación político, social, cultural y económico totalmente distinto a lo existente.

Para que tal cosa llegue a ocurrir, haciéndose entre todos una práctica permanente, es vital impulsar la autovalorización de los sectores populares. Con ella se hará factible el surgimiento de múltiples espacios autogestionarios, los cuales, no está demás repetirlo, deben ser altamente diferenciados de lo que es y ha sido la configuración representativa del Estado. Espacios que sean capaces de asegurar en el tiempo, desde su embrión comunitario, la autonomía social que se requiere para alcanzar una completa emancipación de pueblos e individuos por igual. La democracia directa, en este caso, tiende al logro de una reciprocidad entre iguales, (donde resalte el apoyo mutuo de todos sus participantes) y a un proyecto común que no pueda ser expropiado por la influencia e intereses particulares de una minoría gobernante y/o dominante.

Citando a Boaventura de Sousa Santos («Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria») hay que asimilar la idea de que «no existe un principio único de transformación social; incluso aquellos que continúan creyendo en un futuro socialista lo conciben como un futuro posible que compite con otro tipo de alternativas futuras». Lo mismo cabe decir en referencia a la determinación de los factores de dominación y de opresión contra los cuales se enfrenta una multiplicidad de grupos, sectores y movimientos de resistencia en diferentes regiones del planeta que, pese a sus demandas, sus visiones y sus métodos específicos de lucha, son coincidentes en cuanto al cuestionamiento al modelo de sociedad imperante. Ello permitiría el principio de una nueva cultura política emancipatoria, cimentada en un tipo de democracia más avanzada, (o «democracia de alta intensidad», como la llama Sousa Santos), es decir, directa. En favor de la libertad y los demás derechos democráticos de todos, así como de la vida en general, en este mundo.