Si algo sintetiza los propósitos de la cuarta transformación es la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción como la vía para disponer de más recursos para afrontar con éxito los 100 compromisos que el presidente Andrés Manuel presentó en el Zócalo capitalino la tarde del día primero, y que recogió en el libro 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México.

Acaso por ello, aparte del estilo personal de gobernar de López Obrador –al que es pertinente acostumbrarse para no dar de topes con la pared–, la reacción de los legisladores de Morena y de AMLO no repara en las formas tan criticadas por analistas y conductores. Ahora resulta que están de acuerdo con la austeridad, pero no con las formas con que pretende aplicarse, que fue legislar en el Congreso para aplicar la Constitución.

La austeridad tiene tanto apoyo ciudadano que nadie se atreve a defender el derroche del erario característico de los antecesores de AMLO, en particular el impopular Enrique Peña Nieto que dejó endeudado a México para multiplicar a la burocracia dorada.

Es un error comprar el discurso de los voceros de los órganos autónomos que aún no demuestran que realmente lo son, como Luis Raúl González Pérez quien debutó como híper crítico en Palacio Nacional, sólo que esperó a que concluyera el gobierno de Peña para presentar las conclusiones de fondo de la CNDH sobre Ayotzinapa.

El supuesto ombudsman (¡defensor del pueblo!) criticó a “la autoridad que pretenda vulnerar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vulnera principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”. Y tiró línea: “La cuarta transformación se debe sustentar en el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos (…) sus pautas o características no pueden ser las de las tres previas, la Independencia, la Reforma y la Revolución: división interna, violencia y confrontación fratricida” (10-XII-18).

Puntual fue la respuesta presidencial, se cumplirán las recomendaciones de la CNDH y refrendó el compromiso, por convicción, de que el Ejecutivo no va a proteger a quienes violen las garantías individuales. Los cambios ya comenzaron a ponerse en práctica. “Desde luego, hay diferencias, hay discrepancias, pero vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”. González Pérez quedó exhibido, mientras administra un presupuesto superior al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cubre todo el continente.

Dicen que duele más una patada al bolsillo que a los testículos. Esto lo reconfirma la actitud de Luis González, también la movilización de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, envuelta en la división de poderes y los pesos (de 20.20 por dólar) y contrapesos al Ejecutivo. Y se atrevieron a desmentir que el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, no gana 600 mil pesos mensuales; cierto, sólo 578 mil con todo y prestaciones.

Tiene razón la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, es “un poco complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a ministros y jueces. No es fácil que se les bajen los salarios, pero hay que dialogar con ellos”.

La concepción de AMLO de que “es fantástico, extraordinario, el diferendo de poderes”, y que el Ejecutivo no será más “el poder de poderes”, podría ser una base del diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial sin que nadie se rasgue las vestiduras por lo que constituye un signo de los nuevos tiempos que vive México con la cuarta transformación.

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