El impacto de la frontera colombo-venezolana en la crisis económica de Venezuela
- Análisis
En el presente documento se exponen de manera concisa, a través de un cuestionario, algunas consideraciones en torno al impacto de la frontera colombo-venezolana en la crisis económica que experimenta Venezuela en la actualidad. Esta reflexión se plantea como un aporte para el debate, para la polémica y el disenso ante las narrativas dominantes respecto al tópico central las cuales en opinión del autor, tergiversan en esencia la realidad concreta.
¿Cuál es la importancia económica de la frontera colombo-venezolana?
La frontera colombo-venezolana posee una importancia estratégica en el continente por su función como espacio de circulación de intensos e ingentes flujos de mercancías, fuerza de trabajo, bienes tecnológicos e información; así como por los notables procesos de acumulación y reproducción ampliada de capital que se derivan de ese intercambio económico.
Cabe señalar que durante el periodo de crecimiento del Producto Interno en Venezuela (2003-2009), se instauró una lógica orientada hacia el fortalecimiento de las relaciones binacionales a través de las aduanas localizadas en la frontera compartida, que redundó en un intercambio comercial formal de gran intensidad (cuya balanza favoreció notablemente a Colombia), el cual se expandió hasta aproximadamente ocho mil millones de dólares americanos en el año 2008.
De manera simultánea, en ese periodo se acentuó la intensidad de algunos mecanismos de intercambio comercial informal que han caracterizado históricamente a las regiones fronterizas, y además se configuraron nuevas formas de intercambio ilegal que crearon una racionalidad de acumulación delictiva de capital, por una parte, a través de dispositivos para la captación de la renta venezolana (se instauró todo un aparato comercial y financiero para la transferencia de petrodólares), y por otra parte mediante enormes flujos ilícitos controlados por grupos irregulares.
¿Por qué la frontera se convirtió en un problema para la economía venezolana?
Precisamente esa función de circuito económico-financiero de gran escala, ha redundado en que los nodos fronterizos1, se hayan convertido en enclaves de especulación financiera (como un medio para la acumulación de capital), elemento que actúa como un acicate para la devaluación del tipo de cambio en Venezuela. La importancia de los flujos económicos en la frontera es tan significativa, que históricamente la relación peso colombiano-bolívar venezolano se derivaba del precio del dólar americano respecto a ambas monedas, pero en la actualidad se ha invertido la ecuación, pues la cotización del dólar americano en Venezuela se calcula sobre la base de la relación peso colombiano-bolívar venezolano, es decir, el valor de la moneda venezolana está determinado por agentes económicos de la frontera colombo-venezolana.
¿En qué consiste la acumulación delictiva de capital en la frontera?
Los procesos de acumulación delictiva de capital están determinados por dos factores esenciales. En primer lugar, la especulación financiera mencionada, y en segundo lugar la instauración de mecanismos de transferencia ilegal de renta que han significado en la práctica una fuga de capitales de gran escala para Venezuela.
¿Cómo funciona la especulación financiera?
En la ciudad de Cúcuta por ejemplo, se ha instaurado un mercado de valores que determina la cotización del peso colombiano respecto al bolívar venezolano, este proceso es autónomo del Banco de La República de Colombia y el Banco Central (entidades rectoras de las políticas cambiaria y monetaria de ambos países), y está enmarcado en un contexto de desregularización financiera dado a partir de la célebre Resolución Externa del Banco de la República de Colombia Nº8 del año 2000, la cual en su Artículo 75 Parágrafo 1, modificado en Abril del año 2005 indica que: “El registro de profesionales de compra y venta de divisas que establezca la DIAN conforme a lo dispuesto en el presente artículo podrá contemplar requisitos y condiciones especiales para las zonas de frontera".
Dicha desregularización financiera deriva en que múltiples y muy diversos operadores cambiarios2 ejecuten transacciones económicas de gran escala, las cuales no son objeto de un registro que permita su contabilidad y su auditoría. Sin embargo, agentes privados (entre los que destaca por su visibilidad la agencia Dólar Today), usurpan las funciones del Banco de la República y el Banco Central de Venezuela, y establecen la cotización del Bolívar venezolano respecto al peso colombiano (y como se afirmó anteriormente de esa cotización se deriva el valor del dólar americano).
Existen elementos que permiten inferir que el mercado de valores instaurado en Cúcuta, tiende a estimular e inducir la devaluación de la moneda venezolana. En primer lugar, porque a pesar de que los indicadores macroeconómicos de Venezuela sientan las bases para un proceso creciente y sostenido de devaluación de su moneda, la escala de ese proceso de depreciación en la frontera no es proporcional con dichos indicadores, en particular con el denominado dólar implícito, que resulta de una ecuación en la que se dividen la liquidez monetaria nacional y el valor de las reservas internacionales (para septiembre de 2018, la tasa de cambio paralela impuesta desde la frontera, quintuplicaba la tasa implícita).
En segundo lugar, porque el tipo de cambio impuesto en la frontera no se corresponde con los flujos económico-financieros binacionales. De acuerdo con un informe de la CEPAL (2016), "la depreciación continua y acelerada del tipo de cambio (…) no muestra una relación con la evolución del comercio entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”3. Incluso, en un escenario como el actual, marcado por debilidades severas en el mercado venezolano, el enorme flujo económico ilegal de combustible y su proceso de comercialización en el oriente colombiano sería suficiente para reducir drásticamente los desequilibrios y contener la desvalorización de la moneda venezolana.
En tercer lugar, porque las transacciones financieras dadas en la frontera son susceptibles de manipulación en la medida en que las mismas resultan idóneas para la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y el contrabando de combustibles (actividades con una presencia notable en la región fronteriza), gracias a la permisividad de la legislación colombiana y también, hay que decirlo a la ausencia de una política venezolana para enfrentar esta situación.
¿Cómo funciona la transferencia ilegal de renta?
El carácter permeable de una frontera tan extensa y con un sistema de relaciones tan complejo, ha facilitado el despliegue de diversos dispositivos para la fuga de capitales en grandes escalas, los cuales han presentado variaciones en su comportamiento en la medida en que se han adaptado a condiciones económicas y políticas determinadas.
En lo concreto la transferencia ilegal de renta se ha producido mediante dos mecanismos:
En primer lugar, hay que referir el conjunto de dispositivos de signo financiero que se crearon en la frontera para captar de manera directa los petrodólares venezolanos en el periodo de bonanza, entre los que sobresalen las operaciones de comercio exterior fraudulento, dado a través de importaciones ficticias, sobrefacturación y otras modalidades de despojo de divisas que se diseñaron en las aduanas fronterizas; y en menor escala, el uso de mecanismos dolosos para obtener los denominados dólares preferenciales a personas naturales venezolanas.
En segundo lugar, esa transferencia ilegal de renta se sostiene en gran medida en la extracción irregular de bienes que representan una descapitalización para Venezuela. En ese orden de ideas es necesario destacar los volúmenes astronómicos de combustible –cuyos diferenciales de precio son abismales-, que han sido objeto de contrabando históricamente. Según reportes oficiales antes de la crisis de 2015, el contrabando desde Venezuela aportaba al menos siete millones de galones de combustible mensuales al mercado del departamento del Norte de Santander (cerca del 60% de su consumo), y en los departamentos fronterizos de La Guajira, César, Arauca y Amazonas el 100% de su abastecimiento se producía a través de combustibles venezolanos, circunstancia que se había normalizado en la institucionalidad colombiana, a tal punto que se creó en ese país una legislación que estimula y ampara la extracción ilegal de combustibles venezolanos. Cabe señalar que en la actualidad la empresa ECOPETROL no publica las cifras de abastecimiento y suministro energético en las regiones fronterizas de Colombia, con lo cual se infiere que los volúmenes de contrabando siguen siendo de gran escala.
Al contrabando de combustibles hay que sumarle un flujo ilegal de instrumentos, materias primas e insumos para la producción agroindustrial; así como de mercancías de los sectores alimentos y medicinas, con el agravante de que el conjunto de rubros mencionados fueron objeto de importaciones a través de divisas provenientes de la actividad petrolera, por lo cual una operación de contrabando tradicional adquiere un signo lesivo para la economía venezolana en la medida en que constituye una operación de transferencia-despojo de renta.
¿Es la frontera la causa de la crisis venezolana?
La frontera es un factor sustantivo de la crisis. Pero la crisis venezolana es multifactorial. Ciertamente, las operaciones sistemáticas de especulación financiera y fuga de capitales que se producen en la frontera tienen repercusiones muy graves sobre la economía nacional, pero las mismas no determinan y mucho menos explican la depresión sostenida de la productividad desde el año 2014 y tampoco la crisis de hiperinflación instaurada desde noviembre de 2017.
Las distorsiones que se han desarrollado en la frontera no son aisladas de las distorsiones estructurales de la formación económico-social venezolana. Por ejemplo, la fuga de capitales no es un hecho exclusivo de los nodos de la frontera con Colombia. Por el contrario, ese fenómeno tan lesivo para la economía nacional ha penetrado a la racionalidad de los agentes económicos del país. Las cifras de exportación de capitales venezolanos hacia la banca internacional durante las últimas décadas son escandalosas4 y las mismas no se producen a través de una aduana fronteriza (subalterna en rango y en escala de intercambio) o de operaciones comerciales-financieras que resultan marginales si se valoran en el contexto de los flujos de capitales que se producen desde Venezuela.
La especulación financiera tampoco es un hecho exclusivo de la frontera. Aunque se puede decir que el mercado de valores de Cúcuta marca la pauta de las tendencias en la cotización de las divisas internacionales en el mercado venezolano, los procesos de especulación y de reproducción ampliada de capital ficticio se despliegan especialmente en los grandes centros urbanos del país, en los cuales se llevan a cabo las transacciones económicas y financieras más significativas por sus escalas.
¿Cuál es el impacto del contrabando en la crisis venezolana?
En torno al contrabando se han instaurado un conjunto de mitos que tergiversan la realidad. Como se mencionó anteriormente, la extracción ilegal de bienes y mercancías en general lesiona la economía nacional en la medida en que significa una descapitalización (en el caso de los combustibles además influye en el deterioro de la industria petrolera venezolana), pero no es cierto que todos los problemas de desabastecimiento e inflación sean provocados por el contrabando.
En primer lugar porque el contrabando siempre ha existido en esta frontera (de hecho es inherente a toda frontera), y en otros momentos históricos no había afectado tan severamente al mercado nacional, por el contrario en algunos casos estimulaba el crecimiento de la producción al ampliar el espectro de sus mercados.
En segundo lugar, porque los flujos de contrabando no son unidireccionales, es decir, el contrabando no es exclusivo de mercancías venezolanas hacia Colombia, sino que también hay enormes flujos (con un crecimiento vertiginoso en los últimos dos años) de mercancías colombianas colocadas de manera ilegal en el mercado venezolano. De hecho, se estima que en la actualidad el abastecimiento de gran parte de los alimentos y los bienes de aseo personal de la canasta básica de una proporción muy importante de la población del occidente del país, depende de ese flujo de mercancías colombianas. Una situación similar ocurre con mercados como el de las medicinas; el de insumos y matrerías primas agrícolas e industriales; autopartes y repuestos para vehículos, entre otros sectores fundamentales para la economía.
Hay otros elementos que se deben reseñar, el primero está relacionado con el hecho de que la crisis económica venezolana (ha derivado en la precarización de los salarios hasta niveles que hacen insostenible la reproducción social) ese comercio informal se ha convertido en una opción económica en la que se dilapida gran parte de la población económicamente activa de Venezuela. Hace unos años, el contrabando –el denominado bachaqueo5 de productos venezolanos hacia Colombia- era una actividad complementaria para mejorar los niveles de consumo de la población, pero hoy se ha convertido en una actividad de subsistencia de carácter esencial para miles de familias, no solo de la región fronteriza (como había sido tradición), sino que se ha producido una migración importante desde todas las ciudades del país en actividades de comercio informal.
El segundo, tiene que ver con la estigmatización y criminalización de la ciudadanía de las regiones fronterizas, condicionada en gran medida por las narrativas reduccionistas que se han formulado desde voceros con gran influencia en la opinión pública, los cuales han caracterizado a la frontera colombo-venezolana como el origen de todos los problemas nacionales (se llegó a afirmar sin datos concretos y sin fundamento alguno que el 40% de los productos importados a Venezuela son objeto de extracción ilegal hacia Colombia).
Esa tesis resulta conflictiva en la medida en que concentra en la frontera colombo-venezolana el origen de una crisis multifactorial, con lo cual desconoce factores estructurales de dicha crisis y omite que el contrabando no es un fenómeno exclusivo de esta frontera; y en la medida de que resulta imposible que se produzca un flujo de mercancías tan astronómico sin la connivencia de las más altas autoridades civiles y militares con competencia en la materia, desde los puertos marítimos del país, hasta todo el sistema de vías de comunicación terrestre, lo que implica viajes no menores a 700 kilómetros para llegar a los nodos fronterizos, es decir, en el supuesto negado de que esta tesis sea verdadera, no se trataría de un problema exclusivo de la frontera.
¿Quiénes son los responsables del contrabando?
Hay evidencias de redes de comercialización ilegal en grandes escalas (es la única manera de explicar la existencia en localidades fronterizas colombianas de anaqueles con mercancías venezolanas extintas desde hace tiempo en el mercado nacional. Ese fenómeno no se puede concebir sin la participación de las grandes empresas matrices de esas mercancías. En ese entramado de corrupción y economía ilegal, están involucrados carteles de capital privado tales como industrias Polar, pero también están vinculados altos ejecutivos de empresas públicas administradas por el Estado venezolano, tales como PDVSA, Agropatria, Lácteos Los Andes, entre otros, pero además están vinculados funcionarios civiles y militares responsables del registro, control y fiscalización de los flujos económicos en ambos lados de la frontera.
Hay una narrativa que pretende adjudicar a “los colombianos” la responsabilidad absoluta de las prácticas economía ilegal que se producen en la frontera, pero la verdad es que es imposible que se produzca un fenómeno de esa naturaleza sin la existencia de estructuras mafiosas muy complejas –multiagenciales- en ambos países. Las distorsiones de la economía en la frontera colombo-venezolana no son entonces la causa, sino la consecuencia de la interacción entre las distorsiones sistémicas de las economías de Venezuela y de Colombia, en su concreción sobre el espacio fronterizo.
De hecho la crisis fronteriza de 2015 (el cierre del tránsito por el puente internacional y de las operaciones comerciales binacionales), generó problemas severos en las regiones fronterizas colombianas. Por ejemplo, en Norte de Santander –cuyo comportamiento económico ha estado condicionado por los flujos y reflujos de la economía venezolana-, se han profundizado problemas estructurales como el desempleo y la informalidad. De igual manera se han producido notables reducciones en el mercado y en la productividad, así como una depresión notable del comercio exterior a través de una caída tendencial de las exportaciones de los actores económicos de ese departamento. La crisis económica que se ha desencadenado en Venezuela en los últimos años ha derivado en una contracción económica en la región fronteriza. Precisamente ese fenómeno de interdependencia en un escenario de conmoción económica, estimula el crecimiento de actividades informales e ilegales (las cuales reproducen la marginación y la precarización de amplios sectores de la población) en ambos lados de la frontera.
¿Cuál es el papel de los grupos irregulares en esas economías ilegales?
Los grupos irregulares localizados en la frontera son expresión del conflicto social, político y armado que azota a Colombia desde hace más de medio siglo. La actuación de los mismos ha sido variable en el tiempo. Por ejemplo, los grupos insurgentes desarrollaron desde las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, una presencia orientada hacia la consolidación de una retaguardia política y militar, combinada con una economía de guerra (esta última vinculada a actividades ilícitas como el contrabando y a crímenes como el secuestro).
Pero la presencia de estos grupos se tornó más intensiva y más cruenta ante la llegada de los grupos paramilitares a finales de los años noventa. El Bloque Frontera de las AUC, impuso un régimen que trascendió de lejos la tradicional presencia relativamente clandestina de las guerrillas, e instauró una presencia dominante que usurpó funciones sustantivas de los Estados. Por ejemplo, estableció un férreo y represivo dominio social y territorial sobre las localidades fronterizas, con lo cual garantizó el control y fiscalización de los flujos económicos, el orden público e incluso influyó sobre la cultura fronteriza.
La denominada desmovilización de las AUC, no significó ningún cambio esencial para el territorio fronterizo colombo-venezolano, en la medida en que sobre su espectro se mantuvieron intactas las estructuras para-estatales que se habían instaurado. Ese fenómeno es caracterizado en Colombia como neo paramilitarismo, en la medida en que estos grupos mantienen las características sustantivas de sus antecesores confederados en las AUC.
En los últimos años se ha producido una agudización del conflicto entre estos grupos y las guerrillas colombianas por el control territorial en la frontera (concebido como un medio para la captación de finanzas). Tal situación ha desatado una escalada de violencia que ha convertido en teatro de operaciones de guerra a las localidades fronterizas, y ha subordinado la dinámica de los flujos económicos ilegales a las correlaciones de fuerza que se imponen a partir de dicho conflicto.
¿Qué hacer para que la frontera deje de ser un problema y se convierta en una oportunidad para superar la crisis económica venezolana?
No hay fórmulas mágicas, ni mucho menos recetas. Pero es preciso formular algunas propuestas generales y sistémicas. En primer lugar, se debe reconocer es que la crisis afecta a los dos países. A pesar de que la economía delictiva descrita someramente, marque una tendencia a generar procesos de acumulación de capital que favorecen a Colombia (sobre la base de una carga histórica de intercambio desigual que se ha instaurado en las relaciones binacionales), lo cierto es que las distorsiones económicas-financieras de la frontera, afectan los sectores formales de la economía en los dos países, en la medida en que limitan las potencialidades de desarrollo en la región (en lo concreto, las localidades adyacentes a los nodos de intercambio fronterizo actúan como una región económica, más allá de los límites político-administrativos).
El reconocimiento de esta realidad, debe ser el punto de partida para que los gobiernos de las dos naciones, a pesar de sus aparentes divergencias ideológicas (en ese orden de ideas vale destacar como ejemplo y referente el Plan de Desarrollo Binacional creado entre los gobiernos de Colombia y Ecuador bajo la dirección de dos actores antagónicos: Álvaro Uribe y Rafael Correa), se comprometan con una agenda política, por qué no aspirar a un Plan de Desarrollo Binacional sobre la base de la participación de los agentes sociales, económicos y políticos de los nodos fronterizos, que permita la sinergia para garantizar los derechos de la población y para promover un crecimiento económico sobre la base de la articulación de políticas públicas y la cooperación económica para la reducción de asimetrías.
En segundo lugar, en relación directa con esa lógica de cooperación entre los gobiernos, se precisa de la construcción e implementación de acuerdos binacionales en las materias sustantivas del quehacer fronterizo. Por ejemplo, en áreas clave desde el punto de vista económico como la energética, en la cual es factible que se produzca un modelo de comercialización de combustibles venezolanos en el oriente colombiano (con lo que se contiene la fuga de capitales inherente al flujo ilegal de esta mercancía y la balanza comercial se orientaría a una tendencia hacia el equilibrio); y el sistema de intercambio comercial y financiero, en el que resulta de gran importancia abolir los instrumentos que estimulan la especulación financiera y la economía delictiva.
Asimismo, en sectores fundamentales para la garantía de los derechos de la población, tales como las políticas migratorias, de trabajo, de transporte, de salud, de educación, de seguridad ciudadana, entre otras. Ese puede ser el principio de nuevas condiciones estructurales para la apertura del tránsito fronterizo y para la reactivación del comercio binacional.
En tercer lugar, se requiere de una política a nivel estratégico por parte del gobierno nacional, que actúe como el eje articulador de un conjunto de políticas públicas orgánicas, algunas en clave de emergencia, para atender las graves distorsiones económicas que dominan la frontera, así como la multiplicidad y complejidad de problemas que se localizan en esas regiones. En ese orden de ideas, también es pertinente una revisión de la Ley Orgánica de Fronteras, la cual además de haberse sancionado sin la participación del pueblo de las regiones fronterizas, no ha sido ejecutada, precisamente porque no trasciende algunas formulaciones técnicas y jurídicas aisladas en tiempo y espacio de la realidad concreta.
En cuarto lugar, es necesario que se produzca un gran debate nacional acompañado y potenciado en el corto plazo por estudios interdisciplinares y multiagenciales (en el que se integren factores públicos y particulares), a través de los cuales se registren y se divulguen las distorsiones económicas. Por supuesto, instituciones como la Fiscalía General de la República y la Contraloría General deben participar de ese proceso y además deben actuar en los casos en que la ley lo disponga para imponer la verdad y la justicia.
En quinto lugar, promover la integración de organizaciones sociales, comunitarias y académicas, así como de experiencias de producción e intercambio de ambos países en un gran movimiento de solidaridad, para estimular mecanismos de reciprocidad en lo económico y lo cultural desde una perspectiva fraternal, que permitan el desarrollo de prácticas de complementariedad entre los pueblos.
Jorge Forero
Investigador del Centro Internacional Miranda
Notas
1 Articulados en tres ejes de intercambio comercial formal: 1. El Eje Paraguachón-Maicao; 2. El Eje San Antonio del Táchira y Ureña-Área metropolitana de Cúcuta (el más importante por las escalas de los flujos); 3. El eje Guasdualito-Arauca.
2 Miles de operadores de cambio (legales e ilegales) que actúan en las localidades colombianas de la región fronteriza.
3 Informe CEPAL: “El comercio transfronterizo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela: Diferenciales de precios, tipos de cambio y lineamientos para el diálogo”.
4 De acuerdo con unos datos presentados por el economista Manuel Sutherland, provenientes de varias agencias, entre las que se incluye el Banco Mundial, entre los años 2000 y 2010 se produjo una fuga de capitales venezolanos que alcanzó la cifra de 153.000. millones de dólares americanos, el equivalente al 43% del PIB de ese periodo.
5 Término peyorativo que se usaba para caracterizar una modalidad de contrabando al menudeo.
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